En veremos, aval del Capitolio al Plan Mérida

El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Harry Reid, afirmó que la Cámara Alta de su país reiniciará el año próximo la discusión sobre la propuesta del presidente George W. Bush del Plan Mérida, por medio del cual se apoyará a México con mil 400 millones de dólares, y el debate podría ser antes de julio de 2008.

Respecto de ese plan que presentó Bush al Senado, Reid subrayó: "Nosotros no aceptamos dar carta blanca a lo que dice el presidente. Tenemos una estructura de comité en nuestro Senado. Los comités van a llevar esto, lo van a analizar, van a llevar a cabo audiencias sobre el programa, y nos cercioraremos, una vez que arranque, de que cualquier cosa que no funcione bien, vamos a taponear esos huecos".

Luego precisó que su visita a México, en donde se entrevistó con el presidente Felipe Calderón, y con los coordinadores parlamentarios del Senado de la República, entre otros, atestigua que "nosotros estamos convencidos de que el Plan Mérida debe ser apoyado por el gobierno mexicano y la legislatura".

En conferencia de prensa conjunta con el presidente del Senado, el panista Santiago Creel, Reid aseveró: "Esto debe ser más que un apretón de manos, debe ser algo que nosotros hagamos y que ambos estemos muy de cerca; lo vamos a hacer, a analizar, para garantizar que el dinero llegue a los lugares indicados. Vamos a cerciorarnos de que los programas en los que nos involucremos como gobierno mejoren los derechos humanos, y que no se convierta en algo adverso o negativo en ese tema".

El legislador estadunidense reconoció que en su país "tenemos un apetito voraz por las sustancias ilegales; esto es lo que ha creado el problema. Estamos conscientes de que no es un conflicto de Colombia, tampoco es sólo de México; el problema es nuestro también".

Cuestionado de por qué destinarán a México mil 400 millones de dólares, y a Centroamérica sólo 50 millones, el senador Reid destacó: "Estados Unidos no ha sido el vecino que debe ser para México, Centroamérica y Sudamérica. Estados Unidos tiene que hacer más, y quiere desarrollar una mejor sociedad de alianza con este gran país que es México, y lo vamos a hacer".

Luego insistió: "No hemos hecho lo suficiente con México, América Central y América Latina; tenemos que hacer más. Y el hecho de que hayamos decidido trabajar con México no niega que lo tengamos que hacer con el resto de América Latina".

Mientras, el coordinador de los senadores del PAN, y presidente del Senado mexicano, Santiago Creel, dijo que con el Plan Mérida se parte de reconocer por las dos naciones una responsabilidad compartida, particularmente en el tema del crimen organizado en su modalidad de narcotráfico".

Por un lado, dijo, está el tráfico, "ahí nos corresponde particularmente a nosotros asumir esa responsabilidad, combatirlo de manera eficaz, y para eso se trabaja en una reforma en materia de seguridad pública y justicia que va a dotar a los policías y ministerios públicos de nuevas herramientas para combatir ese problema.

"En ese concepto de sociedad compartida reconocemos que hay una demanda que es la que incentiva en una medida, no digo que en todo, pero sí en una medida muy importante ese tráfico, y paralelamente existen otros problemas que van conjuntamente con la demanda, que es la venta de armas a lo largo de la frontera, la venta de precursores químicos, el lavado de dinero, la compra ilegal de divisas".

Creel aseveró que "estamos en espera de que en términos de las reglas del Congreso americano se procese esto y una vez que se haya procesado, tocaría al Senado mexicano, que es la cámara correspondiente, ver qué tipo de acuerdo o de instrumento tendrá que diseñarse para dar cabida a esa cooperación, con esos dos pilares. Por un lado, responsabilidad compartida; por el otro, el respeto a la soberanía de ambas naciones".

En la sesión de preguntas, el senador Reid reconoció que existe preocupación de los senadores por la violación a los derechos humanos en México al implementarse el programa, por lo que consideró que la iniciativa debe ser monitoreada por el gobierno mexicano y la Legislatura estadunidense.