Excélsior
Muchos funcionarios desconocen cómo ayudar a las mujeres maltratadas
La prepotencia, la corrupción y la ignorancia del marco legal nacional e internacional en materia de violencia contra las mujeres impera en el país. Si bien los gobiernos estatales cuentan con instancias para atender este problema, el personal carece de capacitación para usarlas.

Las leyes administrativas no logran atender integralmente el problema. Esto revela la falta de mecanismos efectivos para solucionarlo, debido a que se desconocen los tratados internacionales para contrarrestar la desigualdad, la discriminación y la violencia.

Así lo señala el estudio "Violencia de Género. Visibilizando lo invisible", realizado por la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) en colaboración con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

Los resultados de esta investigación aseguran que en México no se legisla con perspectiva de género y que la violencia se agrava.

De acuerdo con Laura Martínez Rodríguez, directora de ADIVAC, los legisladores parten de criterios conservadores para proponer o votar leyes y esto ocasiona que los órganos de procuración de justicia resulten ineficaces y corruptos.

Después de un trabajo de ocho meses durante 2006, esta organización civil encontró que Nuevo León es el estado que lleva la delantera en atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Se determinó que, respecto del conocimiento de funcionarios y académicos de las disposiciones legales para prevenir esta violencia, en Tamaulipas 91.3% de los encuestados las conocía; le siguen Nuevo León y Zacatecas, con 87.5 y 81.3%. Los estados que se mantienen en la media (entre 60 y 73.6%) son Oaxaca, Estado de México y Distrito Federal.

En otro aspecto, de los servidores públicos de Tamaulipas, 78.3% ubica las instancias contra la violencia familiar y 68% sabe cómo canalizar a las víctimas a los centros de atención.

Sin embargo, sólo 39.3% sabe cuáles son las líneas telefónicas para orientación y, en el caso de albergues para mujeres maltratadas, sólo 34.7% los identifica.

Nuevo León, de nuevo, destaca en número de centros de acogida e instancias de defensa de los derechos de las mujeres. En ese estado, 75.1% de los interrogados sabe los teléfonos de auxilio. No obstante, una cuarta parte de los funcionarios públicos y judiciales no ha sido capacitado al respecto.

En Zacatecas, 87.5% de los burócratas ubica a las agencias del Ministerio Público especializadas en delitos sexuales, aunque las especializadas en violencia familiar sólo las conoce 43.7%.

El centro del país es contrastante. En el Distrito Federal, 96.6% de los servidores públicos ubica las agencias de ayuda, pero en el Estado de México sólo 21.2%.

Oaxaca registró que sólo 20% de los encuestados se sabe la línea telefónica de orientación. Lo mismo ocurre con los albergues para mujeres maltratadas: 16% los localiza.

Con base en estos datos, Laura Martínez y Miriam Valdez, autoras del estudio, coinciden en que es urgente crear órganos diferentes a los ya existentes para renovar instituciones y crear políticas públicas acordes con el marco legal.

Sólo así, puntualiza Valdez Valerio, se puede ofrecer una atención integral, gratuita y de calidad a las víctimas y a las demás personas que resulten afectadas por la violencia.