Fueron Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún gestores de la empresa naviera

Al final del foxismo, Pemex signó siete contratos con Oceanografía
Los convenios tendrán que ser pagados por la actual administración, pues obligan a la paraestatal a rentar a esa empresa lanchas rápidas y dos barcos procesadores entre 2008 y 2009, explicó el presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, José Manuel del Río.

El legislador de Convergencia informó que esos contratos forman parte de una estrategia del foxismo para desmantelar la marina mercante, al utilizar empresas con socios en el extranjero para eludir la Constitución y la Ley de Obra Pública.

"Un estudio de la comisión reveló que muchas empresas mexicanas actúan como intermediarias de las extranjeras, como Naviera del Pacífico, Arrendadora Ocean Mexicana y Naviera Mexicana del Sureste, vinculadas con Oceanografía, que a su vez tiene como socia a Otto Candies LLC", señaló.

En la documentación que el diputado de Convergencia recibió de Pemex Exploración y Producción (PEP) -que realizó las negociaciones con Oceanografía- resalta el hecho de que tres días antes de que Fox dejara la Presidencia de la República, la Gerencia de Administración y Finanzas de esa subsidiaria de Pemex otorgó cuatro contratos a la firma representada por los Bribiesca, por 4 millones 91 mil 962.56 dólares cada uno.

Son los contratos 428216931, 428216933, 428216935 y el 428216937, del 28 de noviembre de 2006, cuyo objeto es el "fletamento por tiempo de lanchas rápidas (ocho), para el transporte de personal, materiales y equipo ligero en el Golfo de México".

La renta de las lanchas está contratada para concretarse a partir de 2008, por lo que Pemex tendrá que pagar, en conjunto, 16 millones 372 mil 762.56 millones de dólares a Oceanografía.

Del Río Virgen afirmó que por la mediación de los Bribiesca Sahagún, gracias a la influencia que alcanzó Marta Sahagún Jiménez en toda la administración pública federal, la Gerencia de Administración y Finanzas de la paraestatal cedió otros dos contratos, de 26 millones 193 mil 523.20 dólares cada uno a la naviera por el "servicio de transporte, acondicionamiento y recuperación de fluidos durante la perforación, terminación y reparación con apoyo de un barco procesador, paquete III".

Los documentos de PEP revelan que suscribió los contratos 428216902 y 428216904, del 30 de octubre de 2006; el mismo día, la subsidiaria firmó otro, con número 428216907, con el mismo objeto, pero con un costo de 17 millones 496 mil 631.20 dólares.

En entrevista, Del Río afirmó que el gobierno de Fox "desmanteló la marina mercante, que en 2000 contaba con una flota de 109 barcos que manejaban un millón 100 mil toneladas de registro bruto, pero al final del sexenio sólo operaban 89 embarcaciones que transportaban 783 mil 305 toneladas. Fueron sustituidas por navieras fantasma".

El mecanismo, explicó, es el siguiente: las empresas mexicanas recurren a barcos arrendados con banderas de países como Liberia, Panamá, Bahamas y Vanuatu, república ubicada en el Pacífico sur, y así evaden el pago de 1.8 por ciento del valor del activo que obliga el utilizar una bandera mexicana.

"Los armadores estiman que es 300 veces más caro utilizar una bandera nacional que una arrendada, cuyo costo es de 60 mil dólares al año. Con este tipo de prácticas no se generan divisas ni fuentes de empleo, porque las navieras montan una oficina con una sola persona para atender teléfonos y sus movimientos financieros los manejan en bancos de Suiza o islas Caimán", afirmó.

Además, refirió que estos membretes ya son investigados por Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como por Petróleos Mexicanos. Se simula -dijo- que son empresas mexicanas, pero en realidad se trata de intermediarias de las extranjeras, lo cual eleva considerablemente los costos del servicio y propicia la corrupción entre los funcionarios que autorizan los contratos.

Refirió que si bien el desmantelamiento de la marina mercante se acentuó en el gobierno de Carlos Salinas, en el sexenio foxista se otorgaron 577 permisos especiales de navegación a 55 empresas y 262 embarcaciones. "El 82 por ciento de esos contratos se concentra en cuatro banderas: Estados Unidos, Panamá, Liberia y Vanuatu. El tráfico de cabotaje, reservado constitucionalmente a los mexicanos, se realiza significativamente por extranjeros, y es una de las conclusiones del estudio de la Comisión de Marina", expuso.