LA JORNADA
México, D.F. .- La Fiscalía Especial para Delitos cometidos contra Periodistas (Feadp) será la encargada de conocer e integrar totalmente el expediente en torno a las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, cometidas por funcionarios del gobierno de Puebla, incluyendo al mandatario estatal, Mario Marín Torres, revelaron funcionarios federales.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, ordenó la acumulación de las indagatorias en curso; sin embargo, la entrega formal de la información que obtuvo la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim), encabezada por Alicia Pérez Duarte, se realizará en los próximos días, indicaron los funcionarios consultados.

Cabe recordar que desde marzo de 2006 -tres meses después de que Cacho Ribeiro fuera detenida en Cancún, Quintana Roo, trasladada y encarcelada en una prisión en Puebla- la Fevim inició una averiguación previa y, según declaraciones de Alicia Elena Pérez Duarte, en septiembre de ese mismo año la fiscalía a su cargo ya tenía casi terminada la primera fase de la investigación.

Sin embargo, de acuerdo con los funcionarios consultados, la transferencia de la averiguación previa iniciada por la Fevim a la fiscalía para periodistas, a cargo de Octavio Alberto Orellana Wiarco, ocurrirá con base en una declaratoria de incompetencia.

Hasta el momento la documentación no ha sido entregada a la Feadp, pero se espera que la orden del procurador, titular del Ministerio Público Federal, sea cumplida en los próximos días y, entonces, la fiscalía para periodistas se encargará de analizar lo actuado por la Fevim.

En ese contexto se debe mencionar que las denuncias presentadas por Lydia Cacho ante la Fevim y la Feadp se dan por los mismos hechos, su detención, a cargo de agentes judiciales del estado de Puebla, en Cancún, en diciembre de 2005, y su posterior traslado a una prisión en Puebla, donde también se habrían violentado las garantías individuales de la periodista.

Hay que recordar que las violaciones a los derechos de la autora de Los demonios del Edén se dieron como represalia por la publicación de ese libro, en el que se denuncia una red de pederastia, que encabeza el empresario de origen libanés Jean Surcar Kuri, y que involucra al industrial textilero José Kamel Nacif.

En las investigaciones realizadas han comparecido ante el Ministerio Público federal, en calidad de indiciados, el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres; la procuradora de esa entidad, Blanca Laura Villeda; la titular del juzgado quinto de defensa social del estado de Puebla, Rosa Celia Pérez González; asimismo, los agentes de la Policía Judicial, José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes se encargaron del traslado de la periodista, del estado de Quintana Roo a la ciudad de Puebla.