A un año de la puesta en marcha de la Guardia Nacional con malos resultados y poca transparencia
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Los malos resultados y la poca transparencia han marcado los primeros 12 meses de la corporación creada por el presidente López Obrador que en la ley es civil, pero en la práctica militar
La reunión de ocho elementos con presuntos huachicoleros en el municipio de Venustiano Carranza, le costó el cargo al Director General de Vigilancia y Supervisión de la Unidad de Asuntos Internos de la corporación y luego el hecho se olvidó.
Así, a un año de su puesta en marcha la simulación, la opacidad y sobretodo los pocos resultados, son el saldo de esta nueva corporación en 12 meses de despliegue por el país, coinciden especialistas en la materia.
Lejos de pacificar al país Como candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador prometió que, en caso de ganar, regresaría al Ejército a los cuárteles, pero luego de su triunfo, informó que para enfrentar la inseguridad y violencia su gobierno impulsaría la creación la Guardia Nacional, como parte de su Plan Nacional de Paz y Seguridad.
Su propuesta ocasionó polémica y rechazo de organizaciones civiles, defensores de derechos humanos, académicos, especialistas y políticos al considerar que daría continuidad en una estrategia de militarización que no había dado buenos resultados.
En un evento en Campo Marte el 30 de junio de 2019, el presidente a la Guardia López Obrador dio oficialmente el banderazo de salida a la nueva corporación civil que arrancó con más 70,000 elementos, en su mayoría policías navales, militares y federales. En pocos meses, la Guardia logró desplegar a elementos en las 32 entidades del país.
Pero este despliegue, no ha disminuido la violencia en el país. Un año previo a su creación y operación, se registraban en promedio al mes de 2,956 homicidios y esto no ha cambiado. El 2019 cerró como el año más violento desde que se miden los asesinatos con 34,582.
Ni con el confinamiento social a causa de la pandemia del COVID-19, se logró disminuir el número de homicidios. En marzo y abril, se reportaron 6,098 asesinatos, es decir, en promedio 99.9 por día.
El experto en seguridad pública, Jaime López Aranda, considera que es un error creer que para pacificar el país bastaría una corporación con la dimensión de la Guardia Nacional pues, dijo, por sí sola ninguna institución de seguridad puede dar esos resultados, lo cual ni siquiera se ha logrado teniendo poco menos de 500,000 elementos policiales municipales y estatales.
Tampoco en los estados donde más elementos de la Guardia Nacional se desplegaron ha habido una disminución en el número de homicidios. El Estado de México pasó de 232 asesinatos en junio de 2019 a 250 en mayo de este año y Guanajuato de 248 a 369 en los mismos meses.
Sin embargo, para el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, la violencia está cediendo en el país y así lo demuestra un “baja sostenida” en la incidencia delictiva. En su último informe el pasado 19 de junio, destacó que en homicidios hay “una línea de contención que está muy por debajo de la tendencia histórica”.
La incapacidad de la Guardia Nacional y el Ejército para atajar la violencia también quedó de manifiesto en el operativo que se implementó el 17 de octubre de 2019 para cumplimentar una orden de aprehensión y de extradición en contra de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín el “Chapo” Guzmán.
“Dile a tu gente que pare todo. Ovidio, dile a tu gente”, pidieron elementos de la Guardia Nacional a Guzmán López, luego de que, en Culiacán, Sinaloa se registraran balaceras, bloqueos y quema de vehículos cuando se realizaba la detención del hijo del narcotraficante mexicano, al que finalmente “se le dejó ir” para salvaguardar a la población que estaba siendo amenazada por integrantes del Cártel de Sinaloa.
Para Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano, el no reportar avances en materia de seguridad no es completamente culpa de la Guardia Nacional, sino la falta de estrategia de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La Guardia no tiene la culpa de que no le dieron los recursos necesarios, no tiene la culpa de que la sacaron a la calle cuando aún no estaban capacitados".
La Guardia Nacional nació sin presupuesto propio, pero obtuvo para su primer año de operación 70,000 millones de pesos, los cuales procedieron de una reasignación de recursos realizada por la Secretaría de Hacienda y de lo aprobado para ese año a la Policía Federal, la Marina y la Semar. Sin embargo, para 2020 el presupuesto de la Guardia tuvo una caída del 95%. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se le asignaron 3,842.2 millones de pesos.
El artículo 21 de la Constitución establece que la federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, pero en los hechos, este cuerpo de seguridad tiene mandos 100% militares y casi el 80% de sus elementos proceden de las fuerzas armadas.
Su comandante Luis Rodríguez Bucio, es un general de Brigada en retiro y él fue el encargado de nombrar a los 32 coordinadores estatales, quienes también proceden del Ejército.
De acuerdo con datos oficiales, en el país hay desplegados 90,091 elementos, la mayoría son militares. Un reporte de abril, refería que de los 76,773 integrantes, 52,553 eran policías militares y navales, 18,240 expolicías federales y 5,980 más correspondían “al préstamo” que hace la Secretaría de la Defensa Nacional para apoyo a las tareas de seguridad.
Para el general en retiro, Francisco Gallardo, la Guardia Nacional se inició con militares y así se ha mantenido, por lo que considera que decir que se trata de un cuerpo civil, es una mentira.
“Esto ha sido una simulación. El 30 de junio en Campo Marte, yo conté 20 batallones que iniciaron oficialmente de entre 500 y 800 personas, y se suponía que esa era la Guardia Nacional. Eso es imposible porque la Guardia, nunca reclutó a nadie, en realidad vistieron a militares de Guardia Nacional y la instituyeron”, asevera.
La opacidad ha sido una constante en este nuevo cuerpo de seguridad, en todo el 2019 no figuró en la Plataforma Nacional de Transparencia como sujeto obligado, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) era la institución facultada para responder cualquier petición de acceso a la información.
De acuerdo con el estudio “Información oficial sobre seguridad: no hay, no quieren, o no entienden”, realizado por la organización Causa en Común, el 87% de las solicitudes de información que se realizaron a la SSPC, a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Marina sobre la Guardia Nacional tuvieron como respuesta inexistencia, incompetencia, o sencillamente no sustentaron con evidencias los dichos por los encargados de seguridad respecto a la integración y operación de la corporación.
Como parte de ese estudio, por ejemplo, se pidió, vía solicitud de transparencia, saber cuál era el salario de los elementos que la integran, a lo que la SSPC declaró incompetencia.
En medio de la pandemia, un decreto presidencial marcó lo que para muchos fue el reconocimiento del gobierno que su plan no salió como se pensaba: López Obrador ordenó a las Fuerzas Armadas llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria para respaldar las tareas de la GN.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo negó que con ello se militarice al país, como ocurrió en administraciones anteriores, pero reconoció que los resultados en seguridad están por debajo de la metas.
En realidad todos los sabíamos que la Guardia Nacional era entrenado por el Ejército, reclutado por el Ejército, pagado por el Ejército, equipado por el Ejército, pero con una etiqueta que decía Guardia Nacional”, aseguró el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y especialista en seguridad pública, Alejandro Madrazo Lajous.
Para el especialista, si esta administración quisiera de verdad corregir la estrategia de los últimos tres lustros, debería estar fortaleciendo a las policías municipales y estatales y enviando a sus cuarteles al Ejército.
La constitucionalidad de esta medida deberá ser determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual ya han llegado controversias constitucionales contraviniendo el decreto presidencial.
Pero el presidente ha insistido en que las fuerzas armadas deben ayudar en tareas de seguridad, “estoy convencido de que es necesario".
