2022: la revictimización consumada
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El año está por concluir, sin embargo, las violaciones a la Constitución y a los derechos humanos no terminan. Hasta hoy ni el respeto a la Constitución ni a los derechos humanos ha sido una prioridad de este gobierno. ¿Hay elementos para pensar que el año próximo se concreten algunas de las promesas que se hicieron en campaña para demostrar algún cambio con los gobiernos previos y sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos?
La Constitución mexicana conservó intacto el artículo 19 al que no se le movió ni una coma. Si una persona presuntamente comete un delito en 2023, independientemente de su peligrosidad o razones que indiquen que no participó en el proceso penal, será encarcelada en lo que el Poder Judicial resuelve si es inocente o no. A pesar de que este año el caso de Daniel García fue discutido en el máximo tribunal interamericano –y de que es inminente una sentencia que responsabiliza a México– los poderes ejecutivo y legislativo decidieron no modificar las causales de prisión preventiva oficiosa. La Suprema Corte también tuvo en sus manos el tema y abandonó el rigor judicial para posicionarse y enviar un mensaje a los otros poderes. ¿Qué hará el gobierno mexicano cuando reciba la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2023?
Otro ejemplo es que han pasado cuatro años desde que Andrés Manuel López Obrador se reunió con las madres y padres de Ayotzinapa en el Museo Memoria y Tolerancia en la que el entonces presidente electo afirmó: “Nosotros vamos a cumplir. Puedo decir con seguridad que voy a cumplir todos los compromisos que hice en campaña, y un compromiso fue aclarar el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”. ¿Cómo cierra Ayotzinapa este 2022? Con un informe de la Comisión de la Verdad que no forma parte de una investigación oficial de la FGR y una nueva verdad histórica que el propio Encinas ha aceptado que es falible.
El caso emblemático de que la violencia en México toca a los inocentes y la impunidad continúa cubriendo a los culpables es el asesinato de los jesuitas Javier Campos, Joaquín Mora, del guía de turistas Pedro Palma y del joven Paul Osvaldo Berelleza.
El único saldo a favor en derechos humanos puede ser que las trabajadoras del hogar cierran el 2022 con la certeza de que por ley deben ser inscritas en el seguro social.
La esperanza es lo único que muere y los procesos electorales dan vuelco a las prioridades partidarias. En una de esas si en el cálculo de priorizar los derechos humanos encuentran algún beneficio proselitista, puede que en el 2023 rompan con esta tendencia revictimizante que más que diferenciarlos de otras administraciones, consuma la indulgencia.
