Atrapados en campaña electoral

Como si el país fuera una isla y no estuviéramos en uno de los momentos más críticos de la pandemia. Como si existiera una amplia convocatoria social orientada a generar consensos y formular soluciones a los apremiantes problemas de acceso a la salud, educación y empleo digno. Como si sobrara el dinero, el Presidente de la República insiste en distorsionar mecanismos de democracia directa para seguir en campaña electoral desde el poder. Recién concluyó la consulta ciudadana del 1 de agosto —sin que se cumpliera el porcentaje de participación ciudadana requerido para hacerla vinculante— y otra vez surge un nuevo llamado a las urnas.

La revocación de mandato es un mecanismo de democracia directa contemplado en distintas constituciones de la región latinoamericana. Surge frente a los problemas en la calidad de la representación política y se usa para enfrentar la pérdida de legitimidad o la traición a la confianza ciudadana por parte de los gobernantes electos. Es un mecanismo formal, no exento de polémica, que permite refrendar o terminar de manera anticipada el mandato de un representante cuando existe abuso de poder, incumplimiento de responsabilidades o amplio rechazo social. La experiencia de países como Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y Argentina muestran que más que una medida de fortalecimiento ciudadano, la revocación de mandato no surge “desde abajo”. Ha servido poco para fortalecer la participación ciudadana y enriquecer el debate público y, por el contrario, ha sido usado por los partidos políticos para movilizar clientelas.

En México, aunque ya estaba contemplado en algunas entidades de la República, la figura se introdujo en la Constitución federal en diciembre de 2019. La ley reglamentaria debió de aprobarse en junio de este año. Frente al fracaso de votar un dictamen al vapor en un periodo extraordinario que no fue concedido, la ley seguramente se discutirá durante la próxima legislatura. Sin embargo, los tiempos establecidos por la Constitución obligan a que el Instituto Nacional Electoral emita los lineamientos sobre una pregunta que sea efectivamente una revocación de mandato por pérdida de confianza como dice la Constitución y no una ratificación de lo que los ciudadanos ya dijeron una y otra vez tanto en las urnas como en las altas tasas de aprobación de la gestión del Presidente.

En los meses siguientes, los interesados en el ejercicio que provienen de la esfera cercana del Presidente, tendrán la enorme tarea de: fustigar a sus enemigos reales o imaginarios para que la revocación adquiera sentido, recabar 2 millones 805 mil 854 firmas procedentes de al menos 17 entidades de la República sin pasar por las estructuras partidistas formales y sin destinar recursos públicos para ello. Habrán de lograr que el Congreso incluya un presupuesto adicional para el INE y si se logran las firmas que respalden la revocación, se necesitará una participación de al menos 37.4 millones de ciudadanos para que sea vinculante.

Mal harían los partidos políticos si caen en la provocación. Mal haríamos los ciudadanos si aceptamos estar en medio de un dibujo de Escher con escaleras que no llevan a ninguna parte.

@louloumorales