Carambola de tres bandas

Los recientes embates en contra del INE y sus consejeros parecen no tener fin. Para muchos, el instituto de marras es el único organismo público autónomo que no ha sucumbido ante el canto de las sirenas cuatritransformadas. Algo debe reconocerse, el árbitro electoral mexicano ha sabido mantenerse firme ante la acometida recetada desde la principal oficina del Palacio Nacional.

Con lo antedicho no se devela la existencia del hilo negro o se descubre el agua tibia; la lucha a dos de tres caídas protagonizada por las huestes del actual régimen en una esquina y los consejeros electorales en la otra, es del dominio popular; sin embargo, el combate definitivo se sospecha lejano y de pronóstico reservado.

Ya desde su campaña y al asumir la primera magistratura del país, el hijo predilecto de Macuspana anunció que a la mitad del sexenio se sometería a una consulta pública para que el pueblo bueno y sabio evaluara su administración. Por supuesto, los aplausos del respetable no se hicieron esperar; por vez primera, un mandatario nacional se sujetaría a la ratificación en el cargo.

En 2019 y a propuesta del partido mayoritario, se adicionó el artículo 35 de la Constitución mexicana relativo a los derechos de la ciudadanía; así, la fracción IX, inciso 1º del referido dispositivo determina que la revocación de mandato será convocada por el INE a petición de los ciudadanos. Por otro lado, en la exposición de motivos de la Ley Federal expedida con motivo de la citada reforma, se hace recurrente alusión a la figura de la democracia participativa, a través de la cual se busca –reza el mencionado texto- devolver a las y los ciudadanos la facultad de ratificar o dar por concluido el mandato del titular del Ejecutivo. Igualmente, el artículo 7 de la mencionada ley establece que el proceso de revocación solo procederá a petición de los ciudadanos.

Evidentemente, en mi México “dioro” la realidad va más allá del texto constitucional y de la legislación aplicable; no es a la ciudadanía a quien le interesa impulsar la consulta sino al propio Presidente, pues el ejercicio le sirve de plataforma propagandística justo a la mitad de su gestión y frente a los comicios que se avecinan en las entidades federativas.

Ahora bien, es al INE al que le corresponde convocar y organizar el proceso revocatorio que fue promovido desde el partido en el poder; pero, paradójicamente, es el partido en el poder el que propuso y consiguió la considerable reducción de recursos al instituto electoral, lo que dificulta la realización de consulta. Ante las circunstancias, el organismo autónomo adelantó que solicitaría una partida presupuestal extraordinaria, pero antes de que pudiera oficializar la petición, la SHCP le hizo llegar un plan de austeridad mediante el cual supuestamente se podrían obtener los dineros suficientes para llevar a cabo las actividades relativas a la revocación del mandato. El proyecto de ahorros presentado es una flagrante violación a la autonomía del INE, sin contar las inconsistencias que contiene en sus cálculos, mismas que ya fueron evidenciadas. El mensaje que subyace es claro: el árbitro tiene que efectuar las acciones que le corresponden y para hacerlo, tendrá que rascarse con sus propias uñas.

Entre que son peras o manzanas, aunque el resultado de la consulta es sabido de antemano, el mentado ejercicio le costará a las y los mexicanos la friolera de 3 mil 800 millones de pesos; ¿cuántas vacunas contra el COVID-19 podrían adquirirse con semejante cantidad?, la respuesta nunca la sabremos con exactitud.

Aquí en confianza, aunque no fue en realidad una iniciativa ciudadana, el partido mayoritario ya reunió las firmas necesarias para que la consulta pública se lleve a la práctica. Lo que se antoja perverso, por decir lo menos, es que el personaje que impulsa el ejercicio por todos los medios es el mismo que obstaculiza su realización; sin embargo, todo parece calculado: la actividad consultiva se hará; el resultado está predicho; el contexto es el justificante perfecto para iniciar una verdadera campaña; funcionará además como distractor frente a los grandes problemas del país que ni por asomo se encuentran en la agenda prioritaria; y, por si fuera poco, el INE resultará debilitado en el proceso; de ahí, a la vuelta de la esquina, se encontrará expectante una anunciada reforma política y, con ella, el desmantelamiento gradual del órgano electoral mexicano. Carambola de tres bandas y el juego aún no termina. Ahí se los dejo para la reflexión.