Caravana migrante: ¿y el Gobierno de la República?

Se ha dicho en múltiples tonos, pero no debe dejar de insistirse en el punto: las consecuencias de la migración no están siendo atendidas con seriedad y por ello sólo es cuestión de tiempo para que el fenómeno haga crisis nuevamente, tal como ocurrió en septiembre del año pasado con el éxodo de migrantes haitianos, o en abril de este año con el colapso en los puentes internacionales con Texas derivado de las revisiones al transporte de carga.

Y cuando decimos que no se atienden las consecuencias del fenómeno en ello debe incluirse el tratamiento de quienes, provenientes de Centroamérica sobre todo, utilizan el territorio de nuestro País para intentar llegar a los Estados Unidos y buscar ahí mejores oportunidades de vida.

En otras palabras, atender el fenómeno de forma seria implica definir una política clara que contenga a las caravanas que, integradas por miles de personas, ingresan por la frontera sur, recorren el País y llegan a la frontera norte para aquí, finalmente, enfrentar la negativa de acceso a Estados Unidos y ser devueltos a sus lugares de origen.

Hoy mismo, un contingente que se calcula entre 10 y 15 mil personas, avanza desde Chiapas hacia el norte y pareciera que lo único a lo que están condenadas las autoridades de los estados fronterizos, entre ellos Coahuila, es a “prepararse” para encarar el problema, porque nadie hará nada para detener el avance de dicha caravana.

Tiene razón por ello el gobernador Miguel Ángel Riquelme
al reprochar la actitud del Gobierno de la República frente a este fenómeno.

“Nos avisan que ahí viene una caravana de migrantes, como diciendo ‘ahí te va, we’. Pérame. ¿No tienen la capacidad de orientar el tema migratorio? ¿Las consecuencias de quién son responsabilidad?, ¿de nosotros por enfrentar el reto? No está ni siquiera en nuestra jurisdicción”, señaló el mandatario en un evento realizado ayer en la fronteriza Ciudad Acuña.

Se trata de un reclamo no solamente justo, sino oportuno, pues existe una alta probabilidad de que las personas que integran dicha caravana lleguen a Coahuila, porque se sabe bien que
las condiciones de seguridad son aquí mejores que en los estados vecinos.

¿Qué pueden hacer las autoridades estatales y municipales coahuilenses más allá de prestar ayuda humanitaria a estas personas y tratar de hacer menos penosa su situación? Absolutamente nada, porque no está en sus atribuciones legales ordenar la migración y el tránsito de personas de otras nacionalidades por el territorio nacional.

Lo peor de todo es que, al final, después de alimentarles la expectativa de ingreso a los Estados Unidos, a los migrantes termina deportándoseles o regresándoles a la frontera sur, por las propias autoridades que antes les permitieron circular libremente por el País.

Cabría esperar por ello que el Gobierno de la República deje de voltear hacia otro lado, asuma la responsabilidad que le corresponde en este caso y deje de “aventarle la pelotita” a los gobiernos estatales fronterizos.