Coahuila: un lugar
poco seguro para migrantes
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De acuerdo con el “Informe Especial de la CNDH sobre el estado que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020”, el estado de Coahuila ha sido uno de los más inseguros para quienes transitan por aquí de paso hacia otros destinos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado en este documento que, durante el período señalado, más de 70 mil personas han sido víctimas de tráfico y secuestro en nuestro país. Y en lo que respecta al delito de secuestro, Coahuila es la segunda entidad que más casos acumula, con 52 investigaciones iniciadas por este motivo, sólo por detrás de Tamaulipas.
Son múltiples los reportes que dan cuenta de los abusos y maltratos que los migrantes padecen en nuestro país, una situación que no se ha modificado sustancialmente en los tres años que van del actual gobierno federal. La pregunta obligada es por qué no se ha implementado ninguna política eficaz para revertir esta realidad.
En particular resulta preocupante que los migrantes –nacionales y extranjeros– sean víctimas de delitos en forma sistemática, pues ello apunta hacia la existencia de una actividad delincuencial que tiene como sus víctimas específicas a estas personas.
El secuestro de migrantes, por otra parte, ha sido asociado en los últimos años a la actividad de las bandas del crimen organizado y el hecho de que Tamaulipas y Coahuila sean las entidades que más casos acumulan también es un indicador que obligaría a las autoridades federales y estatales a ofrecer respuestas puntuales al respecto.
En este sentido es importante señalar que la responsabilidad de los organismos protectores de los derechos humanos, aunque no está relacionada a la prevención de los delitos informados, sí tiene un papel importante en el proceso de visibilizar el fenómeno y empujar hacia la construcción de soluciones.
Porque en esta materia, como en cualquier otra en la cual se involucran los derechos de las personas, no basta con reseñar los hechos e informar sobre los hallazgos realizados. Además de ello es necesario plantear con toda claridad dónde se ubican las fuentes de violación de los derechos.
En otras palabras, la tarea de proteger los derechos humanos no se limita a elaborar estadísticas y presentar informes, sino que debe abarcar el decir con claridad en qué está fallando el Estado mexicano al momento de cumplir con sus deberes constitucionales y legales.
¿Qué conductas actuales deben modificarse para transformar la realidad? ¿Qué prácticas deben incorporarse de manera urgente a la actuación de las autoridades federales, estatales y municipales?
Responder a estas preguntas es el primer paso imprescindible para revertir la situación que viven quienes, por voluntad propia o empujados por diversos factores, se ven obligados a buscar mejores oportunidades en otra parte.
