Cuarto Informe de MARS: ahora viene la evaluación
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Tras la comparecencia, ayer, del gobernador Miguel Ángel Riquelme ante el pleno del Poder Legislativo de Coahuila, lo que sigue ahora es que quienes integran su gabinete acudan al Congreso para el análisis de los apartados específicos del documento de su Cuarto Informe de Gobierno.
Este proceso, en el que las y los titulares de las distintas secretarias del Ejecutivo acuden a la sede legislativa para la glosa del Informe, es parte del proceso de rendición de cuentas establecido en nuestras normas. Se trata de un ejercicio que tiene como propósito ahondar en los detalles y, con ello, proporcionarnos mayores elementos para juzgar lo informado.
El contexto general ya lo tenemos y nos lo proveyó la exposición realizada por el titular del Ejecutivo desde la tribuna parlamentaria. En esta, se nos plantearon los datos relevantes de las tareas que, desde Palacio Rosa, se consideran clave destacar.
De acuerdo con lo expuesto, Coahuila ha mantenido finanzas públicas sanas, ha recuperado los empleos perdidos a causa de la crisis económica, garantizado la seguridad pública incluso contra los intentos de grupos criminales de “apoderarse” de porciones de nuestro territorio y reaccionado adecuadamente frente a los múltiples retos que nos ha planteado la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.
Las cifras señaladas en cada uno de estos rubros retratan una entidad que, frente al cúmulo de adversidades, ha sostenido las variables claves de la economía pese al “castigo” que en materia de transferencia de recursos fiscales ha sufrido por parte del Gobierno Federal.
Al respecto es necesario decir que los datos ofrecidos por el Gobernador del Estado no sorprenden, pues los diferentes indicadores –desarrollados por entes públicos e instancias de la sociedad civil– han apuntado en forma consistente en esa dirección.
El análisis que sigue, sin embargo, es importante porque implica la revisión de los detalles finos y la discusión respecto de la forma en la cual las estrategias seguidas hasta ahora pueden –y deben– ser mejoradas para maximizar el avance registrado.
Pero, como se ha dicho en anteriores ocasiones, que esto ocurra depende de que en la sede legislativa se desarrolle un auténtico proceso de diálogo cuyo propósito sea contribuir a que nuestra entidad pueda seguir avanzando en la ruta de proporcionar mejores condiciones de crecimiento y desarrollo para todos sus habitantes.
Lo que hemos escuchado hasta aquí implica solamente el análisis de las cifras gruesas, pero en la revisión de los datos desagregados siempre es posible identificar múltiples retos puntuales cuya atención constituye la diferencia para que múltiples individuos y familias mejoren sus condiciones particulares.
Cabría esperar por ello, que la tarea de glosar el informe se acometa con la intención de convertirla en instrumento que abone a los propósitos del desarrollo colectivo.