Cuentas públicas 2020: un concierto de irregularidades

La Auditoría Superior del Estado (ASE) presento ayer su Informe Anual de Resultados 2020, que incluye el análisis de las cuentas públicas de los sujetos obligados y, de acuerdo con las observaciones del órgano de fiscalización, los gobiernos municipales de Coahuila no justificaron el ejercicio de poco más de 747 millones de pesos.

Para nadie es novedad que los órganos de fiscalización en México –no sólo en Coahuila– presenten informes de este tipo. Tampoco lo es que las irregularidades detectadas en las auditorías practicadas al ejercicio del gasto público sumen cientos –o miles– de millones de pesos.

No por ello, sin embargo, pueden dejar de citarse las particularidades de estos informes, porque se trata de los recursos que son de todos y que las autoridades gubernamentales tienen el deber de administrar conforme a las reglas que rigen la actuación del servicio público.

En este sentido, llama la atención que en el Informe de la ASE las presuntas irregularidades en las cuales incurrieron los gobiernos municipales –que todavía están en funciones– se concentren de manera particular en unos pocos municipios: Sabinas, Piedras Negras, Torreón, Monclova y Acuña.

El monto de las observaciones que la ASE ha informado respecto de estos cinco municipios engloban el 60 por ciento de todas las presuntas irregularidades en las cuales habrían incurrido los 38 ayuntamientos de la entidad. Y eso no es poca cosa.

Pero como no es poca cosa, lo esperable sería que las observaciones realizadas no queden, al final, en simples datos estadísticos, sino que se conviertan en procesos de responsabilidad para quienes, debiendo sujetarse a las reglas que regulan el ejercicio del gasto público, habrían gastado el presupuesto a partir de la discrecionalidad y el capricho.

Destaca de forma particular el caso del municipio de Sabinas donde, de acuerdo con las observaciones de la ASE, casi el 95 por ciento de todo su presupuesto devengado estaría en le territorio de la irregularidad, lo cual coloca a dicho Gobierno municipal como un caso extraordinario de ejercicio caprichoso de los recursos públicos.

Los datos que la Auditoría Superior del Estado ha revelado distan mucho de ser simples hechos anecdóticos y tendrían que constituirse en elementos para alertar respecto de lo poco que se está haciendo –al menos en algunos casos– para garantizar que se cumplan las reglas en materia de ejercicio del gasto público en nuestra entidad.

Cabría esperar por ello que además de las acciones puntuales que en estos casos se sigan para investigar y, eventualmente, castigar los desvíos que se hubieran cometido, se instrumenten las acciones preventivas de carácter urgente que, es evidente, se requieren.

Porque lo importante, de cara al futuro, no es seguir reseñando el concierto de las irregularidades en materia de gasto público, sino evitar que estas ocurran.