Empresarios ilusos
COMPARTIR
TEMAS
El engaño es uno de los recursos de siempre en la política. Frente a la visión idealizada del político se sobrepone la del pragmático que utiliza los recursos de poder para lograr sus objetivos. Los políticos que no tienen autocontención ni escrúpulos pueden ser muy eficaces, más en los tiempos de descontento social. Se cultiva el agravio, el rencor social y el prejuicio, así, se trata de asumirse progresistas y actuar de manera reaccionaria; decir ser liberal y comportarse conservador; invocar la democracia y convalidar el autoritarismo; presentarse como justo e imparcial, hacer lo opuesto; postular la honestidad y dejar pasar la corrupción de manera selectiva en la ajena y absoluta en la propia; ser tolerante y bajo mano auspiciar la represión y el rechazo a quien disiente; decir que se es respetuoso del opositor y utilizar la calumnia y la injuria para descalificar a quien no se le somete; excluir el rencor de palabra y hacerlo realidad en la acción.
Buena parte de los grandes empresarios mexicanos han cedido ante el presidente; uno engaña y ellos se dejan engañar con la ilusión de mantener privilegios. El mandatario integró tempranamente un consejo asesor en el que convocó a parte de la oligarquía nacional. Nunca funcionó, pero se pensó que su influencia de la mano de Alfonso Romo habría de llevar al gobierno a la moderación en la economía. Tampoco los representantes empresariales quienes optaron por el colaboracionismo pudieron incidir en el presidente. López Obrador ha hecho lo que le viene en gana sin mayor resistencia de los empresarios, ni en las formas ha habido comedimiento.
Tres acciones positivas han servido para contener el rechazo empresarial. La primera fue el respaldo al Acuerdo Comercial con EU y Canadá; la segunda, una política de gasto sumamente conservadora, para algunos propia de una visión neoliberal. La tercera, su respeto a la autonomía del Banco de México. Una cuarta acción ha sido de carácter intimidatorio o represivo y ha ido a cuenta de la UIF, de la Procuraduría Fiscal y, eventualmente, de la FGR. Se recordará que el 14 de marzo de 2019 el presidente a través de Santiago Nieto presenta y bloquea cuentas de las empresas y a los integrantes del organismo empresarial cúpula, el CCE, que supuestamente habían financiado la producción y divulgación del documental del populismo propalado en el marco de la campaña de 2018.
Ahora, con la radicalización del presidente los empresarios, todos, acreditan su calidad de ilusos respecto a la expectativa que tenían. La militarización para ellos no es un tema mayor y la postura gubernamental respecto al INE o el INAI no es de su agrado, pero no es fundamental. Sí es la certeza de derechos y el desdén presidencial a la legalidad, así como su embestida contra la Suprema Corte de Justicia y las reformas estatistas que amplían la discrecionalidad del gobierno. En esto mismo va implícita la pasividad presidencial frente al avance del crimen organizado.
La suspensión de la concesión de Grupo México es un punto de quiebre, precisamente porque muchos grandes negocios dependen del favor oficial, especialmente para quienes son concesionarios o permisionarios. Quizá el presidente actuó a manera de castigar al empresario Germán Larrea por no ceder a las pretensiones del presidente. La autoritaria decisión tiene implicaciones y consecuencias no previstas. El tema no concluye y viene una etapa de litigio nacional e internacional que va más allá de los tiempos del mandato de López Obrador y será un asunto crítico de tantos que deberá atender quien le suceda en el poder. Aún con la tormenta no faltan empresarios que subestimen el precedente y piensen que la embestida es aislada y sólo contra un empresario.
La complicidad, por no decir la cobardía, de los grandes empresarios mexicanos y sus representantes gremiales cobra hoy factura. La circunstancia actual y la amenaza de un régimen autocrático si Morena y los suyos (posiblemente con el PRI de Moreira y Moreno) ganan la mayoría calificada, los obliga a defender lo que ahora ven en peligro. Como muchos mexicanos advierten que el principio de legalidad, esto es, la certeza de derechos es la exigencia básica y la aduana obligada a un mejor porvenir.
Encuesta Vanguardia
https://vanguardia.com.mx/binrepository/1235x649/27c0/1152d648/down-right/11604/GVSW/fichas-de-autores-2022-1_1-2138027_20220810230208.png