Inflación: ¿vamos hacia un ‘récord’ del indicador?
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, ha “ajustado” al alza su expectativa de inflación para el presente año, de 3.4 a 5.5 por ciento, lo cual supone un crecimiento de casi 40 por ciento en dicho indicador, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica 2023, entregados el viernes anterior al Congreso de la Unión.
Al mismo tiempo, la oficina responsable de la política hacendaria del país ha reducido la expectativa de crecimiento de la economía a 3.4 por ciento este año, bajando siete décimas de punto porcentual a su proyección anterior, que era de 4.1 por ciento.
Como se ha reseñado con amplitud en las últimas semanas, los datos que proveen las propias autoridades reflejan que nuestra economía se está deteriorando y que las medidas adoptadas por el Gobierno de la República no solamente no están funcionando, sino que están logrando el efecto contrario.
Lo peor de todo es que los especialistas en el tema opinan que la expectativa de la SHCP, en ambos casos, es “muy optimista”, porque los signos que actualmente pueden percibirse en el ambiente plantean que los dos indicadores se deteriorarán aún más.
La lectura de los expertos en este sentido es que, incluso si el pronóstico del Gobierno federal se cumpliera, es decir, que la inflación cerrara 2022 en 5.5 por ciento, en los primeros cinco años de esta administración se estaría acumulando un deterioro del poder adquisitivo de 25 por ciento, una cifra que no veíamos desde hace casi dos décadas.
Se ha dicho, respecto del crecimiento de la inflación a nivel doméstico, que el indicador se mueve, sobre todo, debido a las presiones internacionales sobre los alimentos y las materias primas. Y probablemente el argumento sirva para explicar el fenómeno, pero no para justificarlo.
Porque frente a las presiones del exterior y los fenómenos internos, lo que los gobiernos deben hacer es reaccionar de forma adecuada para evitar que el poder adquisitivo del dinero disminuya más allá de lo tolerable.
Evitar que eso ocurra, como lo hemos aprendido a lo largo de la historia, implica tomar decisiones que no son necesariamente populares. Pero frente a la realidad es necesario escoger entre popularidad y responsabilidad.
Contener el deterioro del poder adquisitivo es una responsabilidad permanente del sector público, pero resulta particularmente importante en un circunstancia como la actual en la que todavía no logramos recuperarnos del “bache” económico en que caímos debido a la pandemia.
En particular, es preocupante que la inflación siga al alza y ello se refleje, de manera evidente, en el costo de los insumos básicos para la alimentación que, de acuerdo con los datos que hemos publicado, acumulan ya 30 por ciento de crecimiento promedio, al menos en nuestra región.
Las expectativas para el futuro inmediato no son buenas. Pero lo serán todavía menos si no se toman las medidas adecuadas de inmediato.
