La disponibilidad de agua merece una discusión seria

El agua, se ha dicho en todos los tonos posibles, es el recurso esencial para garantizar la supervivencia de todas las formas de vida. Incluida, por supuesto, la humana, pero sin restar importancia a las demás formas animales y vegetales cuya subsistencia garantiza la nuestra.

Por ello justamente las discusiones respecto a su uso deben estar basadas en datos técnicos, susceptibles de ser validados por los especialistas del tema y sólo a partir de estos deben tomarse decisiones respecto del futuro. En particular, cuando se habla de la posibilidad de crear una nueva ciudad como es el caso del proyecto Derramadero.

No es un asunto trivial y por ello también debe existir espacio para todas las voces que tienen algo que decir al respecto. Dejar de escucharlas implica el riesgo de pasar por alto advertencias que luego pueden pasarnos facturas muy caras, tal como ha ocurrido en el pasado.

Es verdad, y es necesario reconocerlo, que Saltillo no es una ciudad que hoy tenga problemas de abasto de agua. La gestión de este recurso, realizada en las últimas dos décadas, demostró el verano de este año que es posible afrontar condiciones de sequía –incluso severas– y mantener el servicio en condiciones regulares.

Pero una cosa es que hoy no exista una crisis y otra muy distinta que no pueda registrarse en el futuro. Y que ello no ocurra está vinculado, sin duda alguna, al crecimiento poblacional que, en nuestra región, es detonado por el desarrollo industrial que también implica una mayor demanda de líquido.

¿Existen o no reservas suficientes de agua y capacidad de recarga de acuíferos para garantizar la sustentabilidad de un “nuevo Saltillo”?

La respuesta a esa pregunta no puede ser un monosílabo –sí o no–, sino que debe venir acompañada de una sólida explicación sustentada en evidencia científica que nos brinde la confianza de que se han realizado los estudios necesarios para tener las certezas requeridas.

Y no se trata solamente de probar que existe la posibilidad de extraer del subsuelo el agua que requeriría el nuevo desarrollo para consumo humano y uso industrial. Además debe probarse que el caudal extraído no afectará de forma indeseable el ecosistema ni privaría de agua a los procesos agropecuarios.

En este sentido, las autoridades tampoco pueden pedirle a la comunidad que haga “un acto de fe” y simplemente crea, sin que se presente la evidencia necesaria, que el tema ha sido estudiado a conciencia y que tales estudios se han realizado con rigor científico y de forma independiente.

La inversión pública y privada que crea empleos y produce riqueza es necesaria, sin duda. Pero la generación de ganancias monetarias no puede perseguirse a cualquier precio ni colocarse por encima de los criterios que implican poner en riesgo a la comunidad y el medio ambiente.

Cabría esperar por ello que se abra un espacio para el análisis serio y sosegado del tema para que, a partir de datos verificables, se construyan las convicciones colectivas necesarias para garantizar el futuro colectivo.