La inflación afecta más a los que tienen menos

No hace falta ser experto en economía ni esforzarse mucho en el análisis para concluir que, cuando el dinero pierde poder adquisitivo, quienes resultan más perjudicados son quienes perciben menos ingresos. Por lo demás, el efecto de la inflación es comprendido a nivel empírico por este segmento de la población sin necesidad de conocimientos técnicos.

Justamente por ello, el control de la inflación importa tanto en sociedades desiguales –como la nuestra– en las que una inmensa mayoría se encuentra en una situación económica frágil –en el mejor de los casos– o en condición de precariedad.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la advertencia que ha realizado el presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria Coahuila Sureste (CAPI), José Antonio Rodríguez, sobre la forma en que la inflación está impactando en el costo de las viviendas.

“Nos está rebasando la inflación, ya vamos a mayo y se habla arriba del 7 por ciento (de inflación). Eso es imparable y todavía nos faltan los coletazos de final de año, cuando se reajustan muchos de los precios, si están subiendo los granos, la canasta básica se dispara y todo se dispara, el acero no lleva frijoles pero los que hacen el acero sí comen frijoles, por ello van de la mano todos los incrementos”, ha dicho Rodríguez.

El comentario sirve al empresario constructor para advertir, una vez más, sobre un hecho que se ha señalado en repetidas ocasiones: la vivienda denominada “popular” –la de menor costo– se está encareciendo al grado que, en un futuro cercano, quedará fuera del alcance de los asalariados con menores ingresos.

Y es que los precios de algunos insumos para vivienda se han incrementado hasta en 22 por ciento, pero el promedio general se ubica entre el 12 y el 15 por ciento. Esto implicará, advierte, que el monto de los créditos otorgados por el Infonavit rebasarán las posibilidades de los obreros.

El efecto de este fenómeno se traducirá en un hecho que debería ocupar a los empleadores y a quienes, desde el sector público, deben diseñar acciones para garantizar el derecho de acceso a la vivienda para todas las personas: las casas de tipo “popular” podrían dejar de existir.

Porque si el mercado para este tipo de casas habitación se contrae, los empresarios no tendrán incentivos para construirlas y necesariamente se dedicarán a edificar aquellas que sí puedan vender.

Esto no pasará de inmediato, pero sí en el corto plazo y por ello se requiere adoptar medidas en este momento, cuando los efectos previsibles de la espiral inflacionaria pueden ser, al menos, matizados.

Lograr tal meta, desde luego, implica que en los hechos se desplieguen políticas que pongan en el centro de las preocupaciones gubernamentales, de verdad, a los que menos tienen.