Coahuila: ¿qué estamos haciendo en las prisiones?
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Para cualquiera que pregunta el significa del acrónimo Cereso resulta imposible no pensar que se trata de un contrasentido que las prisiones mexicanas pretendan ser “centros de reinserción social” –“readaptación”, en otras acepciones–, es decir, lugares donde los delincuentes no sólo pagan sus deudas con la sociedad sino que se transforman para bien.
Sea cierta o no –o sea injusta por su generalización–, la percepción mayoritaria entre la sociedad mexicana es que las prisiones mexicanas son más bien lugares en los cuales las personas “perfeccionan” sus habilidades para incurrir en conductas delictivas.
Vale la pena un matiz en este señalamiento: que esto último ocurra no es, necesariamente, responsabilidad exclusiva de quienes han cometido un delito y por esta razón deben pasar un tiempo en prisión. Es, sobre todo, responsabilidad del Estado mexicano, que no ha sido capaz de diseñar e implementar un modelo carcelario que realmente sirva para la rehabilitación.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a uno de los indicadores del Índice de Paz México 2019 que elabora el Institute for Economics & Peace, un think tank independiente con sede en Australia: la tasa de reincidencia en personas que ya han purgado una condena en prisión en México.
De acuerdo con el reporte 2019 del Índice, una de cada cinco personas que ingresó a prisión en el año 2017 ya había purgado anteriormente una condena, y de estas, más del 52 por ciento tenían menos de dos años de haber recuperado la libertad.
Para preocupación de los coahuilenses, la entidad con el peor comportamiento en este rubro es Coahuila, pues aquí la cifra de reincidencia delictiva fue prácticamente el doble de la media nacional, ubicándose por encima del 40 por ciento del total.
En general, en México estamos haciéndolo muy mal en materia de “readaptación” de la población carcelaria, pero sin duda que en Coahuila lo estamos haciendo peor que nadie, pues casi la mitad de las personas que ingresaron a prisión en 2017 ya habían purgado una condena con anterioridad.
¿Qué factores influyen en esta realidad? ¿Cuáles son las razones que llevan a una persona a cometer nuevamente un ilícito luego de haber pasado por la experiencia –sin duda desagradable e incluso traumática– de purgar una condena en prisión?
Más allá de estas preguntas, vale la pena cuestionar si alguna autoridad coahuilense considera que estamos ante un indicador relevante de la vida pública y si, en consecuencia, debería reaccionarse ante la cifra que revela el estudio señalado.
Resulta difícil, por no decir imposible, no pensar que este indicador lo que demuestra es el absoluto fracaso de la política carcelaria de nuestra entidad, si es que acaso existe alguna. Pero resulta aún más difícil pensar que frente a las cifras lo que debería seguir es la indiferencia.