La masacre de San Fernando: la banalidad del mal

La violencia es constante, inmutable y habitual en la vida de los hombres. En los últimos tres mil años solamente se rescatan 119 en que no hubo guerra; en algún año tuvo lugar hasta en 10 sociedades y regiones al mismo tiempo. Las formas de terror extremas pretenden aniquilar al que consideran enemigo y promueven odios y rencores que duran siglos. Actos feroces son justificados por quienes los ejercen, sobre todo por los vencedores y quedan guardados en la memoria de los vencidos. ¿Es la agresividad propia de los aparatos represivos del Estado? No, y los ejemplos abundan. En un juego de futbol entre un equipo de Inglaterra y otro de Italia, fanáticos ingleses asesinaron a 39 espectadores que apoyaban a los italianos, así, sin más.

La fatalidad de la guerra o la cultura de la sangre son formas de expresión de la violencia que están instaladas en la mente y la cultura. No es casual que mucho de lo que se nombra historia esté dominado por héroes que lucharon con las armas o de batallas. La guerra se impone como tema; los guerreros como figuras a imitar.

¿Matar por placer?, ¿hacer daño por gusto?, ¿acaso esos actos no son síntomas de enfermedad mental? De ninguna manera, hay gente que asesina por la pasión de la sangre, por ver sufrir a otro.

Los años 2008 y 2009 constituyen la fase inicial de la violencia criminal contra migrantes. En el contexto de la guerra del presidente Calderón contra la delincuencia organizada ésta reaccionó con extremada crueldad pues sus cárteles cubrieron el territorio mexicano victimizando a la población migrante y a la civil a través del secuestro y la extorsión. En agosto de 2010 se llegó al culmen. Un convoy del crimen organizado partió de la frontera con Guatemala secuestrando migrantes. Atravesó México hasta llegar a Tamaulipas, pasando retenes sin ser detenido por autoridad alguna. Setenta y dos migrantes de Brasil, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador fueron reunidos en una bodega del rancho El Huizachal, municipio de San Fernando, Tamaulipas, y asesinados por negarse a cooperar con ellos como “burreros” (cargadores de droga). Eran 73, pero sobrevivió Freddy Lala, ecuatoriano a quien dieron por muerto. Caminó herido 20 kilómetros hasta encontrarse con un retén de la Marina. El sacerdote Francisco Gallardo lo curó, escondió y llevó a lugar seguro.

Nadie pareció escandalizarse, lo consideraron normal. En Tamaulipas no hubo acción que mostrara tribulación. El Gobierno Federal envió los cadáveres a los países en cajas selladas pidiendo a los gobiernos que no se abrieran. Algunas familias desobedecieron encontrando en la caja pedacería de su deudo, huesos de otras personas, zapatos y aun restos de animales. Nadie, repito, tuvo una reacción de asombro, exceptuando la Casa del Migrante en Saltillo. El padre Pedro Pantoja emprendió la ingrata tarea de dar un primer tratamiento al problema, trasladándose a Centro América para acompañar a las familias en esa tristísima recepción. Realizaba la parte humanitaria o cristiana; faltaba la de la justicia. Ni gobiernos estatales del norte mexicano, ni el federal parecían querer investigar el vergonzoso hecho, de ahí que la Diócesis de Saltillo se haya dado a la tarea de reunir un expediente enorme que llevó Pantoja a Washington presentándolo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no ha hecho nada. Luego don Raúl Vera, Pantoja y Blanca Martínez (Centro de derechos humanos fray Juan Larios) elaboraron un enorme documento con datos de Coahuila que entregaron en La Haya, Holanda, acusando de delitos de lesa humanidad a autoridades implicadas. Tampoco hay noticias de La Haya.

La banalidad del mal que denunciara Hannah Arendt está presente. Yo ya no creo en casi nadie, pero haré un acto de fe en la honestidad intelectual del subsecretario Alejandro Encinas que cuando estuvo en Saltillo hizo una velada referencia a esos hechos “olvidados” diciendo que los sacaría a la luz (yo lo escuché). Ya empezó con Ayotzinapa; debe seguir con San Fernando y Coahuila. Encinas declaró en televisión que de 70 mil denuncias por desaparición forzosa casi no hay avances porque las autoridades de los estados no las han judicializado. Vendrá pronto a Saltillo. Veremos qué nuevas trae.