Reducir gasto en nómina: ¿cuál es la utilidad real?

Una de las críticas que con frecuencia se endereza en contra del servicio público en México es la de gastar demasiado en salarios y prestaciones. El señalamiento se debe, sobre todo, a la evidencia de que la mayor parte de ese gasto corresponde a una “burocracia dorada” que goza de altos salarios y abultadas prestaciones.

Justamente por ello, los entes responsables de la fiscalización del gasto público han venido dedicando esfuerzos a evaluar la evolución que este rubro del gasto tiene en el contexto del presupuesto general de egresos de las instituciones públicas.

Hacer esto tiene dos razones fundamentales: la primera de ellas es mantener los niveles de gasto en niveles adecuados y el que dicho gasto se encuentre sujeto a los criterios de austeridad, eficiencia y racionalidad. La segunda es que pueda destinarse un mayor volumen de recursos a la inversión pública y el financiamiento adecuado de los programas gubernamentales prioritarios.

En otras palabras, que se gaste menos en salarios y prestaciones no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo para liberar recursos que permitan fondear mejor las acciones que tienen como objetivo garantizar los derechos de la ciudadanía.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al señalamiento que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha realizado en su reporte sobre el segundo avance de gestión financiera de la cuenta pública del Gobierno de Coahuila.

De acuerdo con dicho reporte, durante el primer semestre de 2023 los tres poderes del Estado redujeron el porcentaje de gasto destinado al capítulo 1000 del presupuesto, es decir, salarios y prestaciones de los servidores públicos. La reducción fue de sólo dos puntos porcentuales respecto del mismo periodo de 2022, pero en términos de pesos y centavos implica un monto relevante.

Que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial hayan destinado una menor proporción de sus ingresos al pago de quienes pueblan su nómina es, por sí misma, una buena noticia. Falta, sin embargo, conocer el destino de los recursos que se liberaron debido a esta reducción.

Valdría la pena en ese sentido, que la ASE y los poderes estatales fueran más allá al momento de rendir y analizar los informes relativos al ejercicio del gasto público y nos dijeran cuáles fueron los proyectos específicos a los cuales se destinó el remanente señalado.

Profundizar en la información señalada es importante porque aquí estamos hablando de una de las obligaciones más relevantes de quienes tienen a su cargo el presupuesto colectivo: informar a la ciudadanía sobre la forma en la cual se utilizan los recursos de todos.

Conviene recordar también que no solamente se trata de una obligación de las autoridades, sino de un derecho de los gobernados: el derecho a conocer, con el mayor nivel de detalle posible, cómo se administra el dinero público. Y en el caso que nos ocupa, entender la utilidad ulterior de haber gastado menos en sueldos y prestaciones de la burocracia.