Regularizar lo chueco: el cuento de nunca acabar
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Múltiples hechos retratan la ineptitud crónica del servicio público en México. Uno de ellos es la recurrente expedición de decretos para premiar a quienes incurrieron en un acto ilegal, como lo es introducir a territorio nacional un automóvil sin cumplir con los requisitos establecidos.
Nadie puede saber con exactitud cuántos de estos denominados “autos chocolate” circulan en México en este momento, pero los cálculos más pesimistas, realizados por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, colocan la cifra en el orden de los 18 millones de unidades.
El análisis de la evolución del fenómeno demuestra claramente cómo, lejos de haberse resuelto el problema -como se afirma en cada ocasión en la cual se expide un decreto regularizador- éste no hace sino agravarse, pues, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en 1992, es decir, hace 30 años, circulaban en el país unas 600 mil unidades irregulares, pero hoy esa cifra se ha multiplicado por 30.
Más aún: según reflejan las cifras expuestas en un reportaje elaborado por los periodistas Francisco Sandoval Alarcón y Marco Tulio Castro, con el auspicio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, de los 18 millones de autos introducidos ilegalmente al país desde 1992, más de 10 millones, es decir, casi el 60 por ciento del total, habrían ingresado a territorio nacional durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
En otras palabras, si las fronteras mexicanas habían sido históricamente “porosas” (para decirlo con un término elegante) en el pasado, durante la actual administración se han convertido en una auténtica coladera.
O, para decirlo con una frase clásica utilizada en la frontera para describir la posibilidad de introducir mercancías ilegales al país, durante los últimos tres años ha sido una verdad absoluta aquello de “por el puente pasa cualquier cosa... siempre y cuando quepa por el puente”.
Y cómo no va a ser así. La introducción de autos “chuecos” se ha convertido en una auténtica “industria” en nuestro país, según retrata el reportaje citado -publicado en septiembre pasado-, en el cual se retratan las redes de corrupción creadas para, con toda suerte de argucias legales, traer millones de vehículos a los cuales, ahora, se les otorgará carta de naturalización.
La historia es la misma desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se realizó la primera regularización masiva de autos introducidos ilegalmente, y nadie parece tener la menor intención de modificarla. De hecho, una de las consecuencias esperables del anuncio realizado en la semana es el ingreso masivo de autos, en las próximas semanas, para beneficiarse del decreto regularizador.
El argumento “convincente” para justificar la regularización es el de contribuir a mejorar la seguridad pública, pues los autos irregulares se utilizan con frecuencia para la comisión de delitos. La pregunta surge sola: ¿y si se implementara una estrategia estricta para decomisarlos y con ello desincentivar su introducción al país?
Entonces surge el otro argumento manido: se trata de una alternativa para la gente pobre, incapaz de adquirir un vehículo en territorio nacional debido a su costo y la imposibilidad de acceder al crédito para ello.
La verdad es otra y existen múltiples evidencias de ello: la industria de los “autos chocolate” sostiene una gigantesca red de intereses merced a la cual algunos individuos ganan cientos de millones de pesos y la transformación de cuarta no tiene la menor intención de combatirla, como no lo ha hecho con ninguna otra.
Porque en este sexenio de “abrazos y no balazos”, quienes han decidido hacer de la delincuencia un estilo de vida tienen carta abierta para realizar sus actividades, siempre y cuando no se manifiesten como “enemigos del régimen”.
¡Feliz fin de semana!
@sibaja3
carredondo@vanguardia.com.mx
