Revocación, ¿o, más bien, confrontación partidista?

El ejercicio de revocación de mandato que tendrá lugar el domingo ha dado pie a una auténtica confrontación partidista, al menos en Coahuila, donde los dirigentes y principales figuras de los partidos políticos han “calentado” el ambiente al inundarlo de acusaciones mutuas.

Muestra de ello es la queja que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional presentó ayer ante el Instituto Nacional Electoral, en contra de funcionarios del Gobierno de la República a quienes acusó de violar la legislación vigente al utilizar recursos públicos para promover que las personas acudan a las casillas a votar a favor del Presidente.

“Deberíamos enfocarnos en las cuestiones económicas, en la seguridad, en muchos otros aspectos que nos están doliendo a todos los mexicanos, la ley debe tener un orden y debe ser aplicable para todos, la revocación de mandato es algo que debe surgir de la ciudadanía, no del Gobierno ni nada por el estilo, debemos salvaguardar esta parte”, ha dicho al respecto la dirigente estatal del PAN, Elisa Maldonado.

Por otro lado, la diputada Mayra Valdés, integrante de la bancada albiazul en el Congreso del Estado, señaló ante la Legislatura estatal al alcalde de San Juan de Sabinas y a la alcaldesa de Múzquiz por presuntamente haber incurrido en irregularidades al participar en un evento público de promoción del ejercicio de revocación.

¿Por qué se está cargando de tensión el ambiente en las horas previas a la instalación de las casillas? ¿Por qué las dirigencias partidistas locales parecen tan interesadas en hacerse visibles es estos momentos?

La respuesta solamente la saben quienes participan de la efervescencia de los días precedentes a la consulta, pero no parece –como suele ocurrir en estos casos– que la confrontación tenga como propósito abonar a que la ciudadanía pueda definir libremente su participación en el ejercicio.

Conviene recordar en este sentido que los partidos políticos –sus dirigentes y figuras prominentes– tienen expresamente prohibido intervenir, en un sentido o en otro, en el proceso previo a la consulta. Igualmente, los servidores públicos de todos los órdenes de Gobierno deben abstenerse de intervenir y, aún más, de utilizar recursos públicos para promover cualquiera de las posturas del ejercicio.

A estas alturas, sin embargo, lo que sobran son evidencias respecto de la forma en la cual los unos y los otros han violado la ley y pasado por encima de las normas que protestaron respetar y hacer respetar.

Así pues, más que un ejercicio ciudadano, al que los partidos y servidores públicos están convocados sólo en calidad de observadores, el de la revocación de mandato se ha convertido en una auténtica guerra partidista en la que los “contendientes” echan mano de todo su arsenal, exactamente igual que en cualquier elección.

Difícil será que, en estas circunstancias, el resultado final de la consulta pueda considerarse benéfico para la democracia.