Transporte público, ¿a quién le importan los usuarios?

De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno de Coahuila, existen en la entidad 15 empresas con autorización para ofrecer el servicio de transporte público a través de plataformas tecnológicas. Pese a ello, el servicio que los usuarios reciben en la capital del Estado es extraordinariamente malo.

Como lo hemos reportado en diversas ocasiones, las personas que en la zona metropolitana de Saltillo requieren trasladarse mediante un taxi, o servicio similar, difícilmente logran encontrar un auto disponible, cualquiera que sea la modalidad que se busque.

La escasa oferta del servicio, así como la mala calidad de mismo contrasta con la enorme disponibilidad de servicios que, de acuerdo con las autoridades estatales, existe en la entidad.

Empresas con nombres como Beat, Bolt, Pink-Nave, Click To Go, Yo Voy, Taxi App Caller han cumplido con los requisitos que impone la legislación estatal para operar como “Empresa de Redes de Transporte” en la entidad, aunque difícilmente alguien haya escuchado hablar de ellas.

Por otra parte, la realidad dibujada por los datos oficiales rema en dirección contraria a la lógica que debiera imponer el mercado: a mayor competencia, mejor calidad del servicio, menor costo de este y mayor satisfacción de los usuarios.

Lejos de tal posibilidad, al menos en la capital de Coahuila resulta muy difícil encontrar un servicio de transporte particular que sea digno de reconocimiento por parte de quienes lo utilizan y ello, en buena medida, deriva de la escasa vigilancia que las autoridades ejercen sobre quienes lo prestan.

Y es que, como se ha reseñado sobradamente, mientras la Subsecretaría del Transporte, a cargo de Rodolfo Navarro Herrada, así como las autoridades municipales del ramo, ordenan operativos en contra de quienes prestan el servicio a través de plataformas tecnológicas –que son los que mejores autos tienen y, en general, mejor servicio ofrecen–, permiten que los taxis concesionados operen en condiciones deplorables.

No está mal, desde luego, que se establezcan medidas estrictas para regular la prestación del servicio de transporte –en todas sus modalidades– pero tales acciones deberían tener como propósito el garantizar a los usuarios el mejor servicio posible, al menor costo.

Pero no es esa la finalidad que se percibe en la actuación de las autoridades reguladoras de la actividad. Por el contrario, pareciera que su propósito es contribuir a que los usuarios sufran aún más las carencias de un servicio de transporte público que hace mucho tiempo dejó de ser de calidad, si es que alguna vez lo fue.

Cabría esperar que al momento de intervenir en el proceso de aprobación y supervisión de cualquier servicio de este tipo, las autoridades no pongan el énfasis en garantizar los derechos de quienes históricamente han detentado las concesiones del servicio, sino que se coloquen, por encima de cualquier otra consideración, los derechos de los usuarios.