Violencia sexual: ¿es imposible contenerla?

Son ya demasiadas las ocasiones en las cuales hemos reseñado cómo las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que las denuncias presentadas en Coahuila por presuntos delitos sexuales mantienen una tendencia a la alza. Insistir en ello, sin embargo, es indispensable.

Y lo es porque los delitos de carácter sexual constituyen una de las peores manifestaciones de la conducta humana y su incremento en nuestras comunidades hablan de un proceso de descomposición social frente al cual no podemos –no debemos– permanecer indiferentes.

La revisión histórica del número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público retrata una realidad en extremo preocupante: en los últimos diez años no han dejado de crecer y, de hecho, se han multiplicado por más de cuatro, al pasar de 504 en el año 2012, a 2 mil 110 el año pasado.

Como se ha comentado en múltiples ocasiones anteriores, el hecho de llevar registros detallados de los fenómenos sociales –en este caso, de los presuntos delitos cometidos– no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo para reaccionar ante la realidad.

Nadie puede negar, ante la evidencia que arrojan las estadísticas, que algo grave está pasando en nuestras comunidades cuando los índices de delitos sexuales se han comportado de la forma señalada, un comportamiento que, por cierto, no puede explicarse por el simple crecimiento poblacional.

La revisión de los datos desagregados, por otra parte, no dejan lugar a dudas sobre la gravedad de la situación: casi la mitad de las denuncias corresponden al delito de abuso sexual, seguido por los de acoso y violación equiparada.

Aún más preocupante es la afirmación de la titular del área de investigaciones especiales de la Fiscalía de Coahuila, Martha Rivera, en el sentido de que la mayoría de estas denuncias son presentadas por mujeres y niños.

De su lado, la organización Semáforo Delictivo ha alertado respecto de la existencia de cifras particularmente altas, en lo que hace al delito de violación, en los municipios de Múzquiz, Piedras Negras, San Pedro, Saltillo y Torreón.

Claramente, como se ha dicho también en forma repetida, o no se está haciendo nada para contener este tipo de conductas o lo que se está haciendo es claramente ineficaz. Por ello resulta claro que es urgente un cambio en la estrategia –si acaso hay alguna– de las autoridades involucradas en la atención de este fenómeno.

El resto de la sociedad también tiene responsabilidad en la confección de esta oleada delictiva, desde luego, pero la contribución más importante que podemos hacer los individuos está necesariamente relacionada con apoyar las estrategias que se definan desde el sector público.

Cabría esperar que no tengamos que esperar a un siguiente reporte que demuestre, por enésima ocasión, la descomposición que estamos sufriendo como sociedad para que se definan políticas tendientes a evitar que sigan sumándose víctimas a esta estadística funesta.