La funcionaria internacional señaló que esta situación "tiene que resolverse en cada uno de los estados" que han aprobado estas leyes o modificaciones en sus Constituciones en los últimos meses, sin apenas debatir las propuestas con la sociedad civil.
México, D.F..- El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) expresó hoy su preocupación por la introducción de leyes restrictivas o que penalizan el aborto en 17 estado de México, algo que consideró contrario a los tratados internacionales de derechos suscritos por el Gobierno federal.

"Para el sistema de Naciones Unidas lo que está sucediendo en varios estados es un motivo de preocupación", dijo en rueda de prensa Teresa Rodríguez, la directora regional de Unifem, al presentar en este país la campaña "Unete para poner fin a la violencia contra las mujeres".

Según Rodríguez, al organismo que representa le causa recelo "todo lo que vaya en contra de la libertad de las mujeres en un país (México) que es signatario de todos los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres".

La funcionaria internacional señaló que esta situación "tiene que resolverse en cada uno de los estados" que han aprobado estas leyes o modificaciones en sus Constituciones en los últimos meses, sin apenas debatir las propuestas con la sociedad civil.

En la misma rueda de prensa la presidenta de Inmujeres, Rocío García Gaytán, señaló que lo que más temor genera es que haya estados como Veracruz, donde abiertamente se despenalizó el aborto, pero en cambio "se habla de un tratamiento psicológico y social, como para readaptar" a las mujeres que se los realicen.

"Es vernos otra vez como menores de edad, como que la sociedad nos tiene que reeducar, que nos tiene que dar un tratamiento como si la decisión de abortar fuera tan fácil para una mujer", indicó la funcionaria, quien, como la anterior, pidió un debate abierto sobre el asunto.

García Gaytán admitió también que México enfrentará probablemente en el futuro problemas por esta cuestión, debido a conflictos entre leyes estatales y federales, ya que en julio de 2008 fue aprobada una norma oficial que obliga a los hospitales a dar anticoncepción de emergencia a violadas y garantizar aborto si lo piden.

Recordó que esa legislación fue el resultado de "un compromiso internacional" con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y "es de aplicación general en hospitales del sector salud, pero también en los privados".

México fue escenario en 1999 de una fuerte polémica en relación con el aborto de la menor Paulina Ramírez, quien entonces tenía 13 años.

La joven denunció que fue violada en la ciudad de Mexicali, se constató su embarazo producto del suceso y decidió abortar de acuerdo con la legislación del norteño estado de Baja California.

Sin embargo el aborto no se consumó finalmente porque funcionarios del sector Salud lograron disuadirla.

El caso fue tan prominente que terminó en manos de la CIDH, que en 2005 ordenó al Estado mexicano indemnizar a la joven con la cobertura de los gastos de manutención de su hijo Isaac hasta su mayoría de edad.