200 días para un desafuero

Una de las paradojas de nuestra vida pública está constituida por la unanimidad en el discurso de condena a la corrupción, por parte de quienes integran la clase política nacional, pese a lo cual la corrupción y la impunidad siguen gozando de cabal salud.

Eche usted un vistazo a los discursos, promocionales y compromisos de campaña de cualquier proceso electoral -municipal, estatal o federal- y notará una constante: todos culpan a sus rivales políticos de pervertir el servicio público y plantean como única fórmula para erradicar las conductas irregulares el votar por sus siglas y colores.

Eche usted otro vistazo al discurso cotidiano de nuestros políticos en distintos lugares del país y encontrará otra constante: allí donde gobierna el partido A, los integrantes de los partidos B y C le acusan cotidianamente de incurrir en actos de corrupción y de ser una auténtica organización delictiva.

Curiosamente, allí donde gobierna B los dirigentes y representantes de los partidos A y C enderezan exactamente las mismas acusaciones en su contra y otro tanto ocurre donde gobiernan los políticos emanados de la opción C.

No se requiere ser demasiado perspicaz para entender la realidad: más allá de siglas y colores, quienes integran la clase política del país son depositarios de los mismos defectos y se entregan a similares vicios. En otras palabras, la corrupción y la impunidad no son patrimonio de un sólo partido sino una característica compartida por todos.

Y eso incluye, desde luego, a Morena, partido cuya figura más conspicua, el Presidente de la República, ha pretendido venderlo como “la esperanza de México” porque sería el depositario de toda virtud, así como de las reservas nacionales de decencia.

Los servidores públicos emanados de Morena, según el discurso presidencial, deberían ser percibidos como los adalides de la lucha contra la corrupción y la impunidad, como políticos “diferentes”, como individuos destinados a instaurar la decencia como característica primordial de la actividad pública.

Pero para saber si esto es cierto es necesario dejar de lado los discursos y concentrarse en los hechos, pues sólo en estos es posible identificar elementos capaces de demostrar la veracidad de las expresiones verbales.

Un buen ejemplo para valorar el compromiso de los integrantes de Morena con el combate a la corrupción es la forma en la cual procesaron el caso de Cipriano Charrez Pedraza, un diputado federal de sus filas a quien se retiró la inmunidad procesal en la semana.

Como se recordará, el 6 de octubre del año pasado el legislador hidalguense participó en un accidente automovilístico en el cual murió el chofer de un taxi tras explotar su unidad. El legislador de Morena huyó del lugar y pretendió no ser identificado, pero “las benditas redes sociales” se lo impidieron.

El hecho colocó a Charrez en la posición de ser procesado por un delito de carácter imprudencial razón por la cual la Fiscalía General de Hidalgo, entidad donde ocurrieron los hechos, abrió una carpeta de investigación en su contra y solicitó al Congreso el retiro de la inmunidad parlamentaria.

Y allí es donde se puso a prueba el compromiso de los integrantes de Morena con el combate a la impunidad. Es cierto, al final le retiraron la inmunidad a su correligionario, con lo cual quedó a disposición de las autoridades, pero para hacerlo se tomaron 200 días.

¿Son muchos o pocos 200 días? Para dimensionar, tomemos el caso de la reforma al artículo 109 constitucional mediante la cual se amplió el catálogo de delitos por los cuales se dicta prisión preventiva: la iniciativa fue presentada el 20 de septiembre de 2018 y el decreto de reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de este año. En total, 204 días.

Pero reformar la Constitución implicó discusiones por partida doble en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la realización de foros de consulta, la votación de las 32 legislaturas de los estados y la promulgación del decreto correspondiente: un proceso largo y complejo en el cual participaron múltiples autoridades, académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

El procedimiento para desaforar a Charrez, en cambio, debía desahogarse sólo en la Cámara de Diputados y podía realizarse de manera más o menos expedita. Pero hacerlo requería voluntad política, ausencia de complicidades y un real compromiso con el estado de derecho.

En presencia de todos esos ingredientes no hacían falta 200 días para resolver y la tardanza sólo conduce a especular si ésta no fue deliberada, es decir, un intento de lograr la dilución del caso por efecto del paso del tiempo, tal y como ha ocurrido en el pasado en múltiples ocasiones con políticos de todos los orígenes partidistas.

Por lo pronto una cosa parece bastante clara: en Morena, como en todos los demás partidos, son incapaces imitar al buen juez y comenzar por casa, tal como aconseja con sabiduría la voz popular.
¡Feliz fin de semana!

@sibaja3
carredondo@vanguardia.com.mx

Carlos Alberto Arredondo
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