Una fábula ampliamente utilizada en la frontera entre México y Estados Unidos es la que refiere a un presunto diálogo entre dos individuos, uno de los cuales pregunta si es posible traer, del vecino país, un determinado artículo e introducirlo a territorio nacional. “Mientras no sea más ancho que el puente”, es la respuesta que convierte a la historia en anécdota jocosa.

El relato se cuenta, desde luego, a manera de broma, pero como la realidad es muy eficaz en la tarea de superar a la ficción, ocurre que cotidianamente asistimos a la comprobación de que la historia retrata es lo que realmente ocurre en los cruces fronterizos entre México y nuestros vecinos del norte.

En efecto, incluso un observador distraído es capaz de advertir cómo las calles de nuestras ciudades se encuentran literalmente inundadas de vehículos “chocolate”, o cómo a través de redes sociales resulta posible adquirir todo tipo de productos “importados” a precio bajo.

¿Cómo llegan a nuestras ciudades tales artículos? La respuesta es simple: cruzan la frontera con los Estados Unidos y luego recorren la distancia que les separa de los mercados internos, donde miles de potenciales consumidores esperan la oportunidad para hacerse de productos que, para ser adquiridos en el mercado formal, implican el desembolso de mayores cantidades.

Por desgracia, la porosidad de nuestra frontera tiene implicaciones que van mucho más allá de la posibilidad –deseable para muchos– de adquirir a “precio de ganga”, productos de los cuales no podrían hacerse de otra forma.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la incautación de un arsenal, realizada por elementos de la Policía Federal, tras detener un automóvil con placas del estado norteamericano de Carolina del Norte, mismo que era conducido por un mexicano con residencia en los Estados Unidos.

El tráfico ilegal de armas no puede ser visto como un fenómeno anecdótico, sino como lo que es: una de las peores amenazas a la seguridad colectiva"

En total, el paisano transportaba nueve armas de fuego –cinco largas y cuatro cortas–, además de cartuchos y miras telescópicas que tendrían como destino el sureño estado de Guerrero.

No es ninguna novedad, desde luego, enterarnos de una noticia como esta. Porque así como todo mundo sabe que puede adquirir un automóvil introducido ilegalmente al País, también se sabe que sólo hace falta mencionar el calibre, modelo y características del arma de fuego que se desea poseer para que aparezca el vendedor capaz de colocarla frente a nosotros, en la sala de nuestra casa.

Una y otra realidad son indeseables porque afectan al País. Cada vez que una mercancía se introduce de forma ilegal al territorio nacional, ese hecho nos afecta a todos porque daña la estructura fiscal que garantiza la recaudación necesaria para atender las necesidades colectivas.

El problema con las armas es que, con independencia de que no se paguen impuestos por su importación, estas sirven para alimentar la violencia que ha causado las peores heridas en el tejido social de nuestra nación. Por ello, el tráfico ilegal de armas no puede ser visto como un fenómeno anecdótico, sino como lo que es: una de las peores amenazas a la seguridad colectiva.

Y desde esta perspectiva es que debe combatírsele sin contemplaciones.