Archivo
Los organismos suscribieron que la discusión está contradiciendo los estándares de jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del de las Naciones Unidas

Conjunto con Open Society y WOLA, la Organización Mundial Contra la Tortura dirigió esta mañana una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador con un llamado urgente a reconsiderar la creación de la Guardia Nacional. 

Las diez organizaciones internacionales que son conformantes del Observatorio Internacional de Derechos Humanos, manifestaron una gran preocupación debido a la posibilidad de que se reforme la Constitución mexicana para la creación de la Guardia Nacional como el nuevo organismo de seguridad pública en el país. 

“La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana durante los últimos dos sexenios ha traído como consecuencia un considerable aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas en este contexto. El trabajo de documentación realizado por las organizaciones firmantes permite afirmar que los crímenes de derecho internacional cometidos por miembros del Ejército permanecen prácticamente en absoluta impunidad”, expresan.

Bajo esa tesitura, los organismos suscribieron que la discusión que se presenta en el Congreso mexicano, está contradiciendo los estándares de jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del de las Naciones Unidas, mismos que establecen que las tareas de seguridad pública están reservadas para fuerzas policiacas de orden civil.

“El entrenamiento de las fuerzas militares no está concebido para desempeñar las tareas de seguridad ciudadana con una perspectiva conforme a los derechos humanos”, aseguran. 

Además de recordar los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega resueltos por la Corte Interamericana, agregan derivado de esta misma instancia:

“Más recientemente, las sentencias contra el Estado mexicano emitidas a finales de 2018 en los casos de tortura sexual contra 11 mujeres en San Salvador Atenco por parte de agentes policiales, y las desapariciones forzadas en el caso Alvarado Espinoza a manos de miembros del Ejército en Chihuahua, no solo reafirmaron la urgencia de la emisión de un marco jurídico para regular el uso de la fuerza con apego a los estándares internacionales, sino también la importancia de fortalecer los cuerpos civiles para el establecimiento de una política de seguridad basada en estándares internacionales”, señalan.

Archivo

Además, mencionaron que en los casos Cabrera García y Montiel Flores, la Corte pronunció que la intervención de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública deben atender criterios estrictos de proporcionalidad y excepcionalidad, y en el caso Alvarado Espinoza, se reafirmó que la seguridad ciudadana debe ser reservada primariamente a cuerpos policiacos de carácter civil.

“En el caso Atenco, la Corte reiteró lo que múltiples organismos internacionales han instado hacer al gobierno mexicano: fortalecer las fuerzas civiles de seguridad. En este mismo sentido se pronunció el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en noviembre de 2018”, suscriben.
 
Desde ciudades como Ginebra, Ciudad de México, Nueva York, París, San José, Sttutgart y Washington DC, las organizaciones ACAT France, Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Due Process of Law Foundation, Latin America Working Group, Open Society Justice Initiative, Robert F. Kennedy Human Rights Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, y la Organización Mundial Contra la Tortura, OMCT dijeron:
“Hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar alternativas al plan de reemplazar a la policía federal civil con una nueva fuerza, que estaría controlada mayormente por la Secretaría de la Defensa Nacional”.

“El Observatorio Internacional considera esencial la lucha contra la impunidad prevaleciente y la construcción de un plan de seguridad nacional sostenible, en el cual el fortalecimiento de las instituciones civiles y del sector judicial sean la base para construir el cambio estructural que necesita México, al ser los elementos claves para fortalecer el Estado de Derecho”.