Los asuntos de seguridad y justicia en México nos preocupan, afectan y comprometen a toda la sociedad. Es por ello que las decisiones que se tomen en estos teman deben ser construidos entre todos los actores que están involucrados. De no ser así, se corre el riesgo de que se impongan siempre las mismas medidas de solución, que no contemplen “el conocimiento y la creatividad que imprimen los ciudadanos y actores no gubernamentales en su relación con los funcionarios públicos” (Mariñez, 2016).

Tal es el caso de la iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional, la cual pretende aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta es una medida que se discutió hace 10 años y que hoy se sigue proponiendo a pesar de que va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos, los principios de presunción de inocencia y debido proceso, los cuales forman parte del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y que, además, no va a solucionar los problemas de seguridad y justicia en el País. Al contrario, implica someter a la gente en situación de pobreza a prisión, medidas que los afectan psicológica, económica y legalmente, sin que se tenga la certeza de que son culpables o inocentes. Más bien, se necesitan estrategias integrales que fortalezcan el Sistema de Justicia. 

En Renace tenemos 25 años trabajando por la mejora de la Justicia Penal en el País a través de acciones que favorecen la reinserción social y la seguridad pública. La experiencia con nuestros beneficiarios nos ha permitido palpar que, si bien existen necesidades estructurales en el Sistema, las mayores áreas de oportunidad están en la operación y colaboración interinstitucional. 

Asimismo, existen más experiencias que han impactado positivamente en el País. En las organizaciones que conforma el colectivo #JusticiaSinPretextos están documentadas un número importante de buenas prácticas, de evaluación y medición, que explican dónde están los puntos nodales para construir mejores instituciones y estrategias para hacer frente a la impunidad en México. 

Por lo tanto, resulta necesario que las autoridades dejen de considerar la participación de este colectivo como algo “extra” en los asuntos de seguridad y justicia, específicamente en la discusión de la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, sino como un aspecto necesario en la construcción de estrategias integrales en el Sistema de Justicia. Es importante la apertura de los legisladores, no sólo para escuchar las propuestas de las OSCs (Organizaciones de la Sociedad Civil) expertas, sino para incorporarlas a la “arena de la hechura de las decisiones de las políticas” (Mariñez, 2016, citando a Calderón y Lorenzo, 2010). Las soluciones integrales contemplan la experiencia de personas que viven los problemas de forma directa, los que están en la operación dentro de las Instituciones y los tomadores de decisiones. 

Lic. Martín Carlos Sánchez Bocanegra
Director de Renace
@RENACE_ABP 
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