‘El Yugo Zeta’: entender lo que ocurrió

Pocas dudas pueden existir a estas alturas de que en nuestro País vivimos una auténtica tragedia humanitaria en el periodo comprendido entre 2010 y 2015, cuando diversos grupos criminales se hicieron del control de amplios sectores del territorio nacional, sustituyendo —en distintos grados— al Estado Mexicano.

Una de las incógnitas que no han sido totalmente esclarecidas es qué tanto el control logrado por los grupos criminales sobre el territorio se debió a que le “arrebataron” ese control al Estado y qué tanto fue debido a que dicho control les fue “entregado” por las instituciones públicas.

Un aspecto sobre el que no hay duda, y es preciso decirlo con todas sus letras, es que por acción u omisión los responsables de las instituciones públicas en dicho periodo abandonaron sus funciones y ello hizo posible que aquellas fueran desplazadas por la criminalidad como las responsables de moderar la vida colectiva.

En el caso específico de Coahuila, el informe “El Yugo Zeta Norte de Coahuila, 2010-2011”, elaborado por los investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, proporciona un dato que, más allá de resultar escalofriante, constituye un pista para entender si fue la acción o la omisión de los agentes públicos la responsable de dejar a los ciudadanos a merced de la criminalidad: en marzo de 2011, el número de emergencias 089 recibió casi 1 mil 500 llamadas, sin que los ciudadanos obtuvieran respuesta alguna.

La recepción de las llamadas, se asume, está documentada y no se trata de una inferencia o una “ocurrencia”, sino de un hecho puntual: cientos de ocasiones, ciudadanos que estaban sufriendo —o atestiguando— el embate de la criminalidad, hicieron lo que la publicidad oficial nos ha pedido siempre hacer: tomar un teléfono y dar aviso a los servicios de emergencia.

¿Por qué las llamadas de auxilio quedaron sin responder? ¿Quiénes se encontraban en aquel momento a cargo del sistema que se operaba desde el C4 de Coahuila? ¿Quién o quiénes dieron la orden de no acudir en auxilio de quienes solicitaban la intervención de las autoridades?

Se trata de preguntas que no pueden quedar sin respuesta pues, en primera instancia, lo que nuestra sociedad requiere es “entender lo que pasó”, tal como refiere uno de los autores del informe, le respondió el titular del Ejecutivo cuando le cuestionó sobre sus motivaciones para abrir al escrutinio académico el expediente que la Procuraduría de Justicia de la entidad mantiene abierto en torno a las masacres de Allende y Piedras Negras.

Entender qué ocurrió en aquellos cinco días de marzo de 2011 resulta fundamental no solamente para que se haga justicia respecto de los hechos delictivos perpetrados en esa época, sino para que, como ocurre con cualquier tragedia similar registrada en otras épocas de la humanidad, hechos como estos no vuelvan a ocurrir.

“El Yugo Zeta” constituye un episodio negro de nuestra historia reciente del cual no tenemos claros todos sus aspectos y cuyas repercusiones siguen padeciendo cientos, acaso miles de familias. Conocer a ciencia cierta lo ocurrido es el primer paso para curar esa herida.