Pocas dudas parecen quedar a estas alturas sobre que la “exoneración” que la Procuraduría General de Justicia del Estado dictó, en 2017, a favor del expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Gregorio Pérez Mata, y otros funcionarios judiciales, fue realmente una fabricación.

La conclusión anterior deriva del análisis de la denuncia que la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, en agosto del año pasado, misma que contiene un análisis detallado de las operaciones realizadas entre el Poder Judicial de Coahuila y la extinta Ficrea.

Firma de contratos ilegales, falta de verificación de las reglas de operación de la financiera, depósitos “triangulados” a través de un banco y empresas privadas, inexistencia de comprobantes y “extravío” de intereses figuran en muy larga lista de irregularidades que debieron servir, en su momento, para fincar responsabilidad a los exfuncionarios acusados.

La denuncia presentada por la ASE demuestra, además, que la extinta PGJE, en su momento a cargo del hoy magistrado Homero Ramos Gloria, no realizó investigación alguna para determinar si Pérez Mata y demás funcionarios cometieron o no actos ilegales.

El no ejercicio de la acción penal fue dictado en su momento por la firma de los contratos con Ficrea y no por el probable delito de peculado"

Y es que si hubiera investigado habría descubierto la montaña de irregularidades que la ASE ha denunciado ahora y de las que los responsables pretenden escapar impunes, a partir del principio que impide juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos.

Sin embargo, el reporte que publicamos en esta edición, relativo al presunto “extravío” de los intereses que Ficrea debió pagarle al TSJE, debería ser suficiente para superar la “exoneración” de la extinta PGJE.

En efecto: de acuerdo con los documentos que se han hecho públicos, el no ejercicio de la acción penal fue dictado en su momento por la firma de los contratos con Ficrea y no por el probable delito de peculado, que se configuraría si de las investigaciones del caso derivara que los intereses “perdidos” fueron a parar a los bolsillos de los exfuncionarios.

Ni en la “investigación” realizada en la época de Homero Ramos Gloria, ni en el análisis que la Fiscalía Anticorrupción emitió en noviembre pasado se plantea el agotamiento de esa línea de investigación, pese a que la ASE denunció que “no puede validarse que (el TSJE) hubiera recibido los supuestos intereses en la forma y términos que se había pactado”.

Ahí tiene entonces el fiscal Jesús Flores Mier la respuesta a su dilema. Una respuesta, por cierto, que se apoya en la fórmula clásica de combate a la corrupción en el mundo entero: seguir la ruta del dinero.

Como se ha dicho ya, los hechos señalados por la ASE son contundentes y por ello la inacción de la PGJE, en su momento, y de la Fiscalía Anticorrupción hoy, sólo pueden explicarse a partir de un pacto de complicidad y de un ofrecimiento de impunidad hacia Gregorio Pérez Mata y compañía.

Tal como ha ocurrido con los escándalos de corrupción de los años recientes, el “caso Ficrea” no caerá en el olvido, sino que conforme pase el tiempo se irá consolidando más la idea de que detrás de la indecisión de la Fiscalía Anticorrupción existe una consigna dictada “desde las alturas”.