Ramos Arizpe: muerte de reo en Cefereso ‘exhibe’ cogobierno y venta de drogas al interior
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La CNDH documentó fallas en el actuar de las autoridades al interior del centro de readaptación federal de Mesillas
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra la Fiscalía General del Estado y las autoridades del Centro Federal de Reinserción Social de Ramos Arizpe, por la muerte de un interno que no tuvo un tratamiento adecuado y en la que se revelaron fallas del centro de máxima seguridad, entre ellas el “co-gobierno” y la venta de drogas al interior del Centro.
La recomendación 72/2024 fue emitida por la CNDH a raíz de una nota periodística identificada en Saltillo, donde se informó la repentina muerte del interno que había sido trasladado de emergencia al Hospital General.
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Los hechos se registraron a inicios de septiembre del 2022, cuando la CNDH comenzó la investigación, intentando identificar si la muerte había ocurrido a raíz de un proceso de violencia.
Al respecto, la CNDH detalla que tanto la familia del interno, como uno de los compañeros de la celda, informó que el hombre no había sufrido ningún tipo de amenaza previa a su muerte que pudiera inferir que falleció de forma violenta, y que los elementos de custodia habían estado preguntando por su estado de salud.
Sin embargo, en medio de la investigación, la visitaduría encontró que si bien no había indicios de violencia, la veracidad del caso había sido mermada toda vez que algunas de las versiones de las autoridades se contraponen, además de que existen elementos que permitían abrir otras investigaciones sobre el caso, a la par de que se identifican situaciones de co-gobierno al interior del Centro de máxima seguridad.
En la investigación del caso, la CNDH recopiló una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía General de la República, donde una víctima al interior del Cefereso, narró que las situaciones ocurridas a inicios de septiembre del 2022 y que parecían indicar que correspondían al caso del fallecido, se habían desencadenado a raíz de situaciones del co-gobierno que se desenvuelve al interior del Centro debido a la venta de drogas por parte de custodios.
“En escrito de denuncia anónima, el cual se agregó a la Carpeta de Investigación 2, en razón de que la persona denunciante, quien señaló haber encontrado privado de la libertad en el CPF No. 18, refirió tener conocimiento de que ‘a principios’ de septiembre del año 2022, un interno fue golpeado por varios custodios ya que les debían dinero porque le habían vendido estupefaciente”, indica.
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En su investigación, la CNDH resalta que la Fiscalía indicó con una mala praxis en su necropsia, que el interno había fallecido a causa de asfixia por broncoaspiración, mientras que la denuncia anónima se infería que el interno había muerto tras el consumo de sustancias psicotrópicas, y fue por esas causas que no fue atendido para ser trasladado de manera pronta al hospital.
“Lo dejaron tirado mucho tiempo en su celda, después en la mañana se lo llevaron al médico en el penal y en la tarde-noche de ese día fue llevado al Hospital Local en donde dijeron que había muerto; además agregó que si se estaba investigando la muerte de V, se podía descubrir que al momento de su fallecimiento se encontraba intoxicado con alguna sustancia psicoactiva”, indica la CNDH.
“También, señaló a diversas personas servidoras públicas del CPF No. 18, como parte de la estructura que organizaba el ingreso y distribución de diversos estupefacientes, los cuales, presuntamente ocupaban para tener control sobre las ‘pandillas’ al interior del establecimiento penitenciario. Además, como evidencia de su argumento señaló los nombres de diversas personas privadas de la libertad ‘consumidoras de droga’, situación que sin duda refleja condiciones de cogobierno en el CPF No. 18, como se exponen en los párrafos subsecuentes”, subraya la CNDH.
El organismo defensor de derechos humanos da cuenta además que a raíz de la denuncia anónima, la FGR acudió al Centro Penitenciario a realizar exámenes toxicológicos a 243 personas, de las cuales se identificó que 157, es decir, un 64 por ciento, habían consumido por lo menos un estupefaciente al momento en que les fue aplicada la prueba.
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Al respecto del caso, la CNDH resolvió que el Cefereso 18 de Ramos Arizpe cometió violaciones al derecho humano sobre el tema de reinserción social, por las inadecuadas condiciones de gobernabilidad al Centro Penitenciario, mientras que al actuar de la Fiscalía General del Estado ha demostrado violaciones al derecho humano a la verdad y a la justicia.
Entre los puntos recomendados, la CNDH pidió a las autoridades garantías de no repetición de actos similares, actuaciones contra los funcionarios públicos que cometieron los actos, además de reparación del daño a las víctimas indirectas del interno.