El promedio de participación electoral de los últimos tres comicios presidenciales en México es de poco más del 61 por ciento de quienes integran el padrón electoral, lo que implica que el 39 por ciento restante suele no ir a votar. Si bien las cifras de abstencionismo no son extremadamente altas, lo cierto es que cuando se comparan con las cifras que tienen otros países, en México tenemos rangos de votación por debajo del promedio global.

En el manual “Voter Turnout Trends Around the World”, editado en 2016 por International Institute for Democracy and Electoral Assistance, señalan que en elecciones legislativas México ocupa el lugar 172 de 196 países, respecto a los niveles de participación electoral. Dicho manual no mide elecciones presidenciales, debido a que en el mundo son más comunes los regímenes parlamentarios que los presidenciales, pero si tomáramos como referencia la cifra de participación en nuestro País en elecciones presidenciales, apenas escalaríamos al lugar 121, por lo que seguiríamos en la mitad inferior de la tabla. 

Además de lo anterior, debemos considerar que los porcentajes más grandes de abstención del voto se ubican en el rango de edad de 18 a 29 años. Lo que implica que la población que potencialmente puede verse afectada por las decisiones de los gobernantes, porque apenas están insertándose en el mercado laboral o desarrollando su carrera profesional así como su patrimonio, son los que menos expresan sus preferencias en las urnas.

El abstencionismo tiene al menos dos consecuencias negativas, la primera es que grandes componentes de la sociedad se quedan sin expresar su opinión y, por ende, se pierde parte de la pluralidad de los resultados. También hay que considerar que a más abstencionismo, mayor peso tiene el voto duro y las estructuras de los partidos, y menos influencia tiene el voto de los ciudadanos que alternan su voto entre varios partidos de elección a elección. 

La segunda consecuencia, es que se eleva el costo de la democracia. Debido a que el País tiene que gastar cientos de pesos por cada elector, independientemente de si participa o no. Ya que producir las credenciales de elector, mantener la lista nominal, las boletas, el material electoral y la logística tienen un costo. Por ello, todos los que tramitan una credencial de elector, pero no la usan para ejercer un voto nunca, generan un costo innecesario a las arcas públicas.

Es por lo anterior que no está de más reiterar la invitación que en los últimos días han hecho muchos actores: acudir a las urnas a ejercer el voto, independientemente del sentido del mismo. Lo importante es que cada mexicano elija con completa libertad a las personas que desea que lo representen, pero que no deje de hacerlo, para que el resultado refleje con la mayor fiabilidad posible la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de este País. 

Dr. Víctor Manuel Sánchez Valdés

Profesor investigador de la UA de C @victorsanval
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