Los municipios de Coahuila y su ‘autonomía’

De acuerdo con el Informe de Resultados 2017, emitido por la Auditoría Superior del Estado (ASE), los municipios de Coahuila tienen un problema de “autonomía financiera” debido a que, del total de sus ingresos, sólo una porción pequeña corresponde a esfuerzos propios de recaudación.

Pero no sólo eso: según la dependencia el año 2017 fue el período en el cual la “autonomía financiera” fue el más bajo de todo el período gubernamental pues, en promedio, sólo 31 centavos de cada peso de los ingresos municipales correspondieron a recaudación propia.

Tal cifra, por cierto, fue seis puntos porcentuales inferior a la registrada en 2016, cuando la recaudación municipal propia registró un promedio del 37 por ciento.

Tales cifras llevaron a la ASE a señalar en su informe que “si el municipio muestra un bajo margen de autonomía financiera, deberá en lo inmediato realizar acciones para fortalecer la recaudación de ingresos propios”, lo que parece dejar claro que una baja proporción de ingresos propios, en relación con los ingresos totales, se considera un mal síntoma.

Mucho puede discutirse respecto de si esta consideración de la ASE debe tomarse realmente como una medida seria de la salud financiera de los municipios –de Coahuila y de cualquier entidad del País–, pues nuestro sistema hacendario es realmente centralizado y eso implica que éstos no tengan mucho margen de maniobra para incrementar su recaudación.

Sin embargo, el informe de la ASE podría revelar un dato mucho más importante en relación con las finanzas municipales: el posible “uso electoral” del sistema recaudatorio.

Podría ser una casualidad, pero valdría la pena indagar más profundamente si sólo es coincidencia que el menor desempeño recaudatorio de los municipios de Coahuila coincida –al menos en este caso– con el año en el cual se realizaron las elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

Sería necesario que la ASE profundizara en el análisis para ver si la menor recaudación obedeció a un mayor volumen de “condonaciones” en el pago de impuestos, a un menor número de multas impuestas o a “descuentos” generalizados a favor de los contribuyentes.

Y si esto último fuera cierto, sería necesario averiguar si tales actos fueron motivados por el interés de garantizar lealtades electorales, es decir, de “comprar votos” a costa del presupuesto público.

Tal como la Auditoría Superior ha consignado las cifras en su Informe, incluso podríamos concluir que se trata de un hecho anecdótico. Y mientras no exista mayor información al respecto bien podríamos quedarnos con esta aproximación al fenómeno.

Pero si fuera al contrario, la ASE habría detectado, así sea de forma involuntaria, una mina de evidencia en torno a la posible comisión de delitos electorales, al contar con datos puntuales que podrían servir para vincular el uso del presupuesto público para favorecer las campañas de determinado partido o candidato.

Tal circunstancia, por cierto, debería provocar que se analice con mayor cuidado el tema de la “autonomía financiera” de los municipios de Coahuila durante el año 2018, cuando también tuvimos elecciones.