Todos estamos de acuerdo en que uno de los principales problemas de México es la corrupción. Es un mal endémico que resulta muy costoso y pone freno al desarrollo de nuestro País. En los últimos años se legisló en México para crear todo un Sistema Nacional Anticorrupción. Al ya de por sí complicado entramado legal de dicho Sistema, hay que agregar lo difícil que ha resultado el nombramiento de algunos de sus integrantes clave: el Fiscal Anticorrupción y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que integrarán las salas especializadas. La semana pasada quedó integrado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Una buena noticia es que está presidido por quien también encabeza el Comité Ciudadano del Sistema, Jacqueline Peschard, que por su experiencia y trayectoria genera confianza en todos los círculos. Una mala noticia es que no estuvo presente uno de sus integrantes clave: el Fiscal Anticorrupción, que aún no ha sido nombrado por el Senado.

Uno de los grandes retos que tenemos como país, y que deberá ser una de las tareas prioritarias del Comité Coordinador del Sistema, es fomentar la cultura de la transparencia como un elemento facilitador de la relación entre el Estado y la sociedad. En México hemos tenido algunos avances importantes en la materia, más significativos en el ámbito federal que en lo local, pero tenemos la obligación de ir con mayor velocidad. El tema es de tal relevancia, que no podemos darnos nunca por satisfechos. La rendición de cuentas es hoy en día una obligación legal y el acceso a la información, es un derecho que tenemos todos los mexicanos.

Concebir el México democrático como un Estado fuerte, requiere también que sigamos fomentando los canales de participación ciudadana. La máxima “tanta sociedad como sea posible, y sólo tanto Gobierno como sea necesario” nos recuerda que la actividad gubernamental tiene como finalidad el desarrollo personal y colectivo de los habitantes. Hoy la transparencia es columna central en la edificación de una democracia moderna; una democracia de y para los ciudadanos, que fomente la claridad y la rendición de cuentas.

El acceso a la información asegura a los Gobiernos una legitimidad que genera confianza. Es más que evidente que aún quedan muchos espacios de opacidad en los que la discrecionalidad y la corrupción en el manejo de los recursos públicos siguen representando, al final del día, grandes agujeros en los bolsillos de cada uno de los ciudadanos; por ahí se fugan nuestras oportunidades de un mejor bienestar para todos. Estamos obligados a cerrar esos espacios de opacidad en los tres poderes y en los tres órdenes de Gobierno. Avanzar en esa dirección, sin lugar a dudas redundará en un Estado mexicano más fuerte, más vigoroso, más eficaz y más dispuesto a rendir buenas cuentas a los ciudadanos, como debe de ser en todo régimen que se precie de democrático.

Tengo la convicción de que un Estado fuerte es aquel que no tiene nada que ocultar y que responde con claridad a los ciudadanos. La transparencia plena y efectiva es, a final de cuentas, un igualador social; un ejercicio que contribuye a emparejar el terreno para todos los ciudadanos en la búsqueda de bienestar y desarrollo. La transparencia también contribuye a dar más poder al ciudadano y mayor capacidad para determinar el destino de la vida pública. Abrir el Gobierno y las instituciones al escrutinio ciudadano supuso un cambio cultural. La transparencia en México es ya una conquista irrenunciable. Corresponde ahora a los ciudadanos hacer uso al máximo de los derechos que la ley les protege. La transparencia no es la panacea: no asegura que los funcionarios se vuelvan intachables de inmediato, pero sí eleva los costos de desviarse de la norma y del abuso del poder.

@jglezmorfi