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En la demanda, los abogados solicitan el pago de tres indemnizaciones, una por la reparación del daño moral; otra por responsabilidad civil de la empresa y la tercera por daños punitivos; el presunto responsable fue nuevamente vinculado por feminicidio

Por César Reveles Aguilar (@RevelesCsar) para Animal Político

Este 26 de septiembre, los padres de Mara Castilla, la joven asesinada en septiembre de 2017 en Puebla tras abordar una unidad de transporte privado operado por Cabify, interpusieron una demanda civil ante el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, en contra de la empresa por el daño moral sufrido a causa del crimen.

En entrevista para Animal Político, los abogados Roberto Fernández y Carlos Brehm, de la firma Santamirna y Steta, detallaron que en la demanda solicitan el pago de tres indemnizaciones: “Una por reparación del daño moral de los padres de Mara; otra por el pago de una indemnización por la responsabilidad civil que tiene Cabify ante los hechos, y la tercera por daños punitivos”.

En el último caso, explicaron, se trata de una figura relativamente nueva que se refiere al pago de una sanción ejemplar por parte de Cabify “para evitar que la conducta no se vuelva a repetir y otras plataformas que prestan servicios similares sepan que sus omisiones, negligencias y acciones tienen consecuencias”.

El monto para las tres indemnizaciones será planteado por el juez que tome el caso con base en ciertos factores de la investigación, de aprobarse, el total de la cantidad serán destinada a los padres de Mara.

Cabify ya fue notificada sobre la demanda y los abogados quedarán a la espera de la respuesta de la empresa para tomar un siguiente paso.

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“Esperamos que tengan una reacción al respecto, sabemos que hace meses los representantes de Cabify tuvieron un acercamiento con los abogados penalistas del caso y no hubo una respuesta positiva para asumir la responsabilidad, pero confiamos en que en esta ocasión reflexionen el tema y hagan lo más apropiado con una reflexión que hagan sobre la situación”, señalaron.

Más allá del pago de las indemnizaciones, Roberto Fernández y Carlos Brehm comentaron que la intención de la demanda civil es que Cabify y otras plataformas tomen en serio la integridad de las y los usuarios y cambien de fondo sus mecanismos de seguridad para que garantice que hechos como el caso de Mara no se volverán a repetir.

“No hay manera de poner precio a la vida de una persona pero un castigo económico suficientemente trascendente para Cabify sería un precedente que además permitiría que este crimen no quede impune”, agregaron.

La noche del 7 de septiembre de 2017, Mara Castilla se encontró con algunos amigos en el bar The Bronx, de Cholula, Puebla. Horas después, a las 5 de la mañana del viernes 8 de septiembre, solicitó un taxi de la empresa Cabify para regresar a su casa.

La unidad llegó en unos minutos y Mara la abordó, pero nunca llegó a su casa.

A partir de ese día familiares, amigos y autoridades comenzaron la búsqueda de la joven. En tanto que el chofer de Cabify que otorgó el servicio, identificado como Ricardo Alexis “N”, se presentó a declarar ante las autoridades de Puebla afirmando que había llevado a Mara a su casa y que ella había descendido del automóvil, versión que posteriormente quedó descartada con los videos de seguridad donde se observa que Mara nunca bajó de la unidad.

Ocho días después de la desaparición, el cuerpo de Mara fue encontrado sin vida y Ricardo Alexis “N” fue detenido al acreditarse su presunta responsabilidad en los hechos.

En entrevista, Gabriela Miranda, madre de Mara, dijo que confía en que Cabify acepte su responsabilidad y tome las medidas necesarias para que mejoren las condiciones de seguridad de los usuarios.

“Con toda la tecnología que existe ahora creemos que todas estas plataformas pueden mejorar su servicio, no es posible que acepten a personas que tienen antecedentes o que fueron despedidos de otras plataformas”, señaló.

Ricardo Alexis “N” cuenta con antecedentes penales por posesión ilegal de hidrocarburos además de que anteriormente trabajó para Uber y fue dado de baja por la misma plataforma.

La madre de la víctima expuso que el último acercamiento que tuvieron con la empresa fue en 2017, pero ellos rechazaron tener la responsabilidad, “dijeron que era una situación ajena. Nosotros no creemos lo mismo y por ello procedimos a la demanda”.

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