Poderes judiciales y justicia digital; el desafío de la ley a distancia en tiempos de COVID-19

Pasados 100 días de la declaratoria de emergencia sanitaria y rumbo a las nuevas condiciones de vida que afectarán el acceso a la justicia, Transparencia Mexicana y Tojil desplegaron una investigación sobre el estado en el que se encuentran los Poderes Judiciales Federal y estatales en términos en justicia digital.   De acuerdo con el mecanismo de seguimiento a planes, programas, acciones y recursos orientados a enfrentar la emergencia sanitaria y sus efectos sociales y económicos, coloquialmente conocido como #SusanaVigilancia, al día de hoy solo el Poder Judicial de la Federación y 14 poderes judiciales estatales han reactivados la suspensión de sus plazos y habilitado la atención de todos los casos.   Los 18 poderes judiciales restantes continúan con suspensión de plazos y solo permiten la recepción de casos urgentes, aunque estos supuestos de urgencia se han ido ampliando.

NUEVO CONTEXTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA   En términos de uso de la tecnología, el Poder Judicial de la Federación permite la tramitación de todos sus casos en línea y a nivel estatal 16 poderes judiciales permiten la presentación de demandas o solicitudes vía remota, mientras que nueve permiten el seguimiento completo de sus casos a través del llamado “juicio en línea”.   El “juicio en línea” y la forma que tome en las próximas semanas determinará el futuro inmediato del acceso a la justicia. Por ello hay que destacar que tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes estatales requieren de un elemento identificador de los usuarios del sistema.   La discusión sobre la eficacia y eficiencia de este mecanismo será objeto de investigaciones futuras, pero en esta etapa Tojil y Transparencia Mexicana informaron que ocho exigen contar con una firma electrónica FIEL (SAT) o FIREL (firma electrónica del Poder Judicial de la Federación) o una firma electrónica proporcionada por el propio Poder Judicial estatal.   COAHUILA SE INCLINA POR VIDEOCONFERENCIAS   El Poder Judicial Federal y 17 entidades federativas permiten el desarrollo de audiencias a través de videoconferencia. No obstante, pese a que las audiencias en materia penal deben ser públicas para todas las personas, al momento solo el Estado de Coahuila prevé normatividad que garantiza esa publicidad.   El Poder Judicial de Coahuila establece que se podrá permitir observar las audiencias penales que se llevan por videoconferencia a través de un canal bajo la plataforma YouTube, sin embargo, aún no se cuenta con evidencia de que esté cumpliendo esa norma.   Al no facilitar el acceso a las audiencias en materia penal a todas las personas como marca la Constitución, tanto el Poder Judicial Federal como las demás entidades federativas podrían poner en riesgo la constitucionalidad y regularidad de dichos procedimientos penales.   “Estamos en un cambio de época –señalaron Transparencia Mexicana y Tojil– y los riesgos de comprometer el acceso a la justicia, entendida como un servicio público esencial para la población, debe convertirse en impulso para desarrollar mecanismos económicos, sencillos, transparentes, abiertos y accesibles al mayor número de personas.”   Como servicio público esencial en momentos donde se prevé un incremento en la conflictividad y la violencia, derivado de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales, el acceso a la justicia penal debe ser transparente a todas las personas.