Desde hace algunas semanas, en el Congreso del Estado de Coahuila se vive un clima de fuerte polarización a propósito de la discusión del dictamen de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.

En la confrontación se han identificado claramente dos bandos: de un lado, quienes pretenden convertir la discusión del dictamen en origen de procesos penales y juicio político en contra del exgobernador Rubén Moreira y el auditor Superior Armando Plata; del otro, quienes buscan impedirlo.

Con independencia de quienes terminen ganando la partida legal –que a eso se reducirá la confrontación– el saldo que puede percibirse hasta el momento es la absoluta inutilidad del áspero debate, más allá de servir para exhibir las filias y fobias de unos y otros.

Y es que si uno hace a un lado el ruido mediático, y analiza el asunto desde la perspectiva del interés ciudadano por mejorar la rendición de cuentas, lo que queda es prácticamente nada.

Esto es así, porque lejos de la motivación útil que podría tener la discusión y que no debería ser otra que garantizar el derecho de los coahuilenses a que el dinero público se utilice de forma adecuada, el “pleito legislativo” se ha perdido en tecnicismos legales.

En efecto: si se analizan con detenimiento los argumentos vertidos por las partes, pareciera que el interés por determinar si los recursos fueron o no ejercidos con responsabilidad, honestidad y transparencia ha pasado a segundo plano para colocar por encima de todo los intereses políticos.

Así, quienes buscan usar el dictamen para enderezar procedimientos legales contra funcionarios específicos parecieran más interesados en obtener el aplauso de la gradería, y quienes se oponen a tal hecho parecieran más interesados en demostrar sus lealtades políticas.

De esta forma, de uno y otro lado se aprecia más el interés por sujetarse a una agenda partidista que el interés genuino de garantizar la debida rendición de cuentas, es decir, el interés por evitar que el ejercicio del dinero público no sirva para crear y acrecentar fortunas privadas, sino que contribuya al mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos.

Como se ven las cosas, poco podemos esperar los coahuilenses de la más reciente escaramuza legislativa, como no sea un corolario de mutuas acusaciones, tal y como ocurrió ayer en la tribuna parlamentaria, hecho que incluso obligó a la suspensión de la sesión del pleno.

En tales circunstancias, poco hay de positivo en el hecho, pues más allá de la pirotecnia verbal a la cual se han entregado los bandos en esta discusión no parece que al final vayamos a obtener nada concreto.

Cabría esperar que nuestros representantes populares, todos, nos sorprendan en los próximos días y, en un ejercicio de responsabilidad –legal, ética y política– centren la discusión en lo importante: garantizar el derecho de los coahuilenses a que nuestros gobernantes rindan cuentas claras y que los ciudadanos podamos acceder a toda la información que nos convenza de ello.