Durante las campañas electorales, ninguno de los candidatos al cargo de presidente de la República, ha sabido exponer a la ciudadanía una propuesta integral, realista y definida sobre el combate a la delincuencia organizada, sobre la necesidad de reforzar la seguridad pública o sobre la prevención del consumo de estupefacientes.

Inicialmente llama la atención la aparente confusión entre el deber de garantizar la seguridad pública y de combatir a la delincuencia organizada, cuando se trata de funciones radicalmente distintas: la primera le corresponde principalmente a las autoridades locales, mientras que la segunda es una atribución del ámbito federal.

También destaca la ausencia de estrategias concretas que tengan como objetivo disminuir la creciente demanda interna de estupefacientes, así como la solución que pudiera ofrecerse para la prevención eficaz y el tratamiento oportuno de la adicción, marcadamente entre menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad.

La verdad es que ese notorio vacío en el discurso de los candidatos, a pesar de tratarse de un conjunto de demandas auténticamente sentidas, se ha debido principalmente a la falta de claridad para diferenciar los problemas y retos que el eventual ganador deberá encarar desde el primer día de su mandato.

Evidentemente, el desafío más complejo a resolver tiene que ver con la creciente expansión y penetración del crimen organizado en distintas esferas de la realidad nacional, algunas tan deleznables como su nefasta injerencia en el proceso electoral en curso.

Para ubicar la envergadura de ese fenómeno, en principio debe señalarse que su naturaleza es trasnacional, por lo que su combate eficaz requiere de la cooperación internacional.

En segundo término, la delincuencia organizada funciona en la modernidad como una auténtica empresa mercantil, bajo el amparo de un propósito criminal común, instrumentado por un conjunto amplio y diversificado de personas, que pactan entre sí en redes flexibles y dinámicas, con ánimo ganancial y sin escrúpulo por el prójimo.

En tercer lugar, ese tipo de criminalidad se apega a la teoría de la diversificación de inversiones y riesgos, por lo que su cartera de actividades delictivas es amplia, de manera que el narcotráfico solamente constituye una de sus muchas fuentes de ingresos ilícitos.

En este sentido, combatir a una criminalidad de tal envergadura, le exige al Estado y a la sociedad mexicanos, la formulación de un nuevo pacto nacional, cuyo objeto sea establecer una política integral, que incida en cada uno de sus tentáculos.

La circunstancia de que delincuencia organizada lleve a cabo sus actividades en los órdenes local, regional y trasnacional, debe conducir a una redistribución jurídica de competencias entre la federación, entidades federativas y municipios, para que cada ámbito de gobierno sea corresponsable de esa problemática multidimensional.

Las policías municipales, como la autoridad primera y la más próxima encargada de la seguridad pública in situ, debe fortalecer la prevención del delito, auxiliar a víctimas y dar parte a las autoridades competentes de los hechos que posiblemente constituyan delitos.

La justicia estatal, previa reforma constitucional, podría involucrarse no sólo en perseguir y juzgar al narcomenudeo, sino también a otro tipo de actividades que realiza el crimen organizado, en los términos que trace el poder constituyente.

Ese reordenamiento nacional, que supondría en realidad una reinvención de todo el sistema de seguridad y de justicia, propiciaría que las autoridades federales se enfoquen en las grandes causas contra el crimen organizado trasnacional, sobre todo en aquellas que incidan en contextos regionales.


Puesto que ninguna estrategia sería exitosa sin el involucramiento de la sociedad, a ésta se le deben brindar mecanismos seguros y eficaces para la denuncia, no sólo para disminuir la cifra negra, sino ante todo para generar investigaciones oportunas, sin que sea óbice su decisivo papel en la cohesión y regeneración del tejido social.