‘Fallas en acceso a la información, dan pie a posibles riesgos de corrupción’: CCI Laguna

Luego de que VANGUARDIA publicó que en los últimos años las sanciones contra instituciones que reciben dinero público por no otorgar acceso a la información a los ciudadanos son nulas, el Consejo Cívico de la Laguna dijo que estas prácticas pueden dar pie a posibles actos de corrupción.

De acuerdo con el informe proporcionado por el ICAI, durante el 2021 se registraron 356 dictámenes en los que se determinó que las instituciones públicas no habían cumplido con entregar información solicitada a través de las plataformas de acceso a la información por parte de ciudadanos, aun cuando ya existía un recurso de revisión que había sido resuelto satisfactoriamente para los mismos.

Por otro lado, en lo que va del 2022, el organismo ha registrado 189 incumplimientos del acceso a la información por parte de instituciones públicas, con lo que entre el año pasado y lo que va del presente, se emitieron 545 dictámenes de incumplimiento.

Las faltas de los sujetos obligados se derivan de dictámenes de incumplimiento que se emiten cuando ciudadanos reportan al ICAI omisiones en el acceso a la información al interponer recursos de revisión, con los que este órgano exhorta al ente a resarcir lo que fue solicitado por el ciudadano.

En ese sentido, Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico, recordó que estas faltas son violatorias al Art. 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en donde toda información en posesión de sujetos obligados será pública y accesible, y esto debe tener consecuencias y/o sanciones por esos incumplimientos.

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“Difícilmente se ha encontrado que el órgano garante (ICAI en el caso de Coahuila) sancione a quién no entrega la información o no la dispone en modo accesible”, expresó.

Dijo, que también en temas de transparencia que deben ser vigilados por el mismo órgano. Uno de los ejemplos que se han encontrado en portales de transparencia de los municipios, donde existen vínculos para poder tener acceso a los contratos públicos para obras y adquisiciones es que estos no están disponibles, sin que esto tenga repercusiones.

“Podemos advertir que siguen presentándose de manera sistemática prácticas de opacidad en las diferentes instancias de gobierno. Eso es muy delicado porque puede dar pie a que se generen posibles riesgos de corrupción (...) dos de cada tres contratos que están en los portales de transparencia de los municipios de la ZML no están disponibles de manera satisfactoria”, dijo.

Sobre ello, agregó que aunque los procesos de denuncia contra la opacidad regularmente se ven truncados el órgano garante como es el ICAI, ni siquiera debería esperar a que las denuncias ocurran, al menos en el tema de transparencia.

“Los órganos garantes no deberían solo esperar a que existan denuncias, si no ellos mismos deben procurar estar pendientes de que estos accesos a la información estén funcionando de forma eficiente”, concluyó.