Notarios de Coahuila advierten debilitamiento del Poder Judicial federal, por eliminación de fideicomisos
COMPARTIR
Como inaceptable, sin fundamentos y sin motivo calificó el presidente del Colegio de Notarios de Coahuila, Armando Luna, las decisiones del Congreso de la Unión de recortar el presupuesto del Poder Judicial de la Federación y eliminar los fideicomisos, con lo cual se afecta a la base trabajadora.
Luna Canales, en un posicionamiento, a nombre del gremio de notarios coahuilense dijo que es inaceptable que, sin motivo ni fundamento, el Congreso de la Unión decida recortar de manera drástica el presupuesto del Poder Judicial Federal de acuerdo con lineamientos partidistas, restringiendo seriamente la función del sistema judicial.
TE PUEDE INTERESAR: Niño da positivo a rickettsia en Monclova; presenta complicaciones orgánicas
“El Poder Judicial no puede ni debe estar subordinado al Poder Legislativo o al Ejecutivo. Este tiene la facultad de garantizar que todos los gobernados tengan acceso la justicia es su deber primordial y para es indispensable de autonomía e independencia. Para millones mexicanos, el Poder Judicial de la Federación es la llave para obtener justicia”, expuso el también notario público.
Explicó que la decisión tomada por el Congreso de la Unión de recortar el presupuesto y de eliminar fideicomisos de fondos de trabajadores, debilita y perjudica los derechos de quienes ahí laboran.
Esos fideicomisos tienen como misión el cumplimiento de obligaciones patronales y laborales de seguridad social, pensión, vivienda y salud. Eso es lo que está en juego para los trabajadores del Poder Judicial Federal.
“El Colegio de Notarios de Coahuila pide respetuosamente al Congreso de la Unión que cumpla con el deber como representante del País y se abstenga de poner en situación de peligro el derecho constitucionalmente garantizado de todo ciudadano mexicano a la igualdad de acceso a la justicia, en especial si el motivo se reduce a pugnas políticas”, explicó el dirigente.
Agregó que “no puede tolerarse la vulneración del principio constitucional de división de poderes y permitir que, en contravención a la Constitución y del estado democrático de Derecho, se interfiera ilegítima e indebidamente en la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación.