Piden al Gobierno Federal recursos para rehabilitar la carretera Saltillo-Torreón
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Hacienda “guardó” 11 mil mdp para mantenimiento carretero de este año
El Congreso del Estado pide al Gobierno Federal reanudar los procesos de licitación y asignación de contratos para el mantenimiento de las carreteras federales del País, proyectos a los que se había destinado 11 mil millones de pesos dentro del Programa de Reconstrucción y Mantenimiento de Carreteras.
Además, que incluya recursos para dar mantenimiento a la carretera Saltillo-Torreón, catalogada por el Instituto Mexicano del Transporte como una de las más peligrosas que cruzan por la entidad.
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La administración de Andrés Manuel López Obrador recortó el presupuesto para carreteras federales entre 2019 y 2023, en lo referente a reconstrucción y conservación. En 2019 destinó 15 mil 567 millones de pesos y el año pasado asignó solamente 6 mil 943 mdp, una reducción del 55.4 por ciento, informó el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez (PAN).
“Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que 11 mil mdp destinados al mantenimiento de las carreteras federales para el presente año, ‘se reservaba’ por causas de fuerza mayor; es decir, se deja sin recursos a esa área tan prioritaria del desarrollo nacional”, señaló, al indicar que se desconoce el destino del presupuesto ya autorizado por la Cámara de Diputados.
Las carreteras federales y estatales representan el pilar más importante de la infraestructura del País para favorecer el comercio, el transporte de mercancías e insumos, el turismo, la movilidad humana, las inversiones, el transporte eficiente de personas y la conectividad entre todos los elementos de la producción y la industria.
En el caso de la carretera Saltillo-Torreón, presenta grave deterioro desde hace tiempo y el Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales (2016) reveló que 3 de los 10 tramos más peligrosos para conductores en Coahuila se ubican en ese tramo.
“La falta de mantenimiento y reconstrucción de las carreteras genera accidentes mortales, disminución obligada de la velocidad legal a la que se debe conducir, daños materiales, impacto para las aseguradoras y afectaciones patrimoniales”, expresó.
