Así operó el fraude inmobiliario más grande de Saltillo.

En el mes de abril del 2023, llegó a la redacción el caso de una mujer que engañó a dos personas con la venta de casas. Pasaron tres años para saber que no eran uno, ni cuatro casos como se dijo, sino poco más de 60. Y eso lo convirtió en una de las supuestas redes de fraude inmobiliario más grande y documentada por Vanguardia.

Lizeth enfrentó un juicio oral en 2024 por cuatro casos de fraude, aunque sobre ella pesaban más de 60 casos que se fueron resolviendo por medios alternos. Para salvarse intentó de todo: cambio de abogados, habló ante el estrado, y explicó que tenía necesidad económica, desconocimiento de la ley y padecimientos de salud mental. Como último recurso aceptó la culpa, pero no como una operadora solitaria sino como parte de una red de corrupción que incluía abogados, notarios y brokers.

El juez Alberto Jacobo Camacho no se pronunció sobre la probable red de corrupción y la sentenció a 15 años de prisión: no se requieren de estudios profesionales para saber que está mal vender lo que no le pertenece, concluyó el juez.

El caso de Lizeth no es aislado. El fraude inmobiliario representa uno de los delitos en ascenso. Datos de la Fiscalía General del Estado han contabilizado entre 2020 y 2025, un crecimiento del 134% en el número de denuncias mensuales por el delito de fraude.

Coahuila presentó un incremento en el promedio mensual de denuncias por fraudes al pasar de 92 a 216 casos en seis años, de acuerdo con estadísticas reportadas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Hasta agosto de este año se han abierto mil 839 carpetas de investigación por el delito de fraude.

Los modos de operación son similares. Hoy, a dos años de esta sentencia, que deja a Lizeth como una operadora solitaria, SEMANARIO cuenta la historia de su juicio por ser cosa juzgada.

EL TRUCO DE LA OBRA NEGRA

El primer engaño registrado ante el estrado es el de “Jacobo” -nombre ficticio para proteger a la víctima- y es el único catalogado como de cuantía mayor por haber sido defraudado por 2.8 millones de pesos.

Jacobo cuenta que, en los primeros días de abril del 2021, un amigo le comentó que una compañera tenía una casa en obra negra y que la estaba vendiendo a precio de remate.

Su amigo le habló de Lizeth. Indicó que era una compañera suya que se dedicaba a comprar lotes, ya que trabajaba con la empresa Cartera Nacional, conocida por vender inmuebles a precios inferiores.

Interesado por la descripción, Jacobo contactó a Lizeth. Ella se ostentó como representante de la empresa nacional y le contó que ese inmueble lo habían adquirido mediante juicio mercantil. Que era una casa de remate, ubicada en Loma Blanca.

En el juicio se indicó que Jacobo se reunió en varias ocasiones no sólo con Lizeth, sino con dos personas que la acompañaban y se identificaban como abogados. En estas reuniones, le explican la situación legal del inmueble: que el mismo estaba en juicio desde mediados de mayo. Y que la empresa tenía los derechos, el dominio y la posesión y que era de Cobranza Nacional de Cartera.

Que en ese juicio se le había dado a la empresa el inmueble como pago y que dicho juicio estaba en el Juzgado Segundo Mercantil en Saltillo.

Acudieron al lugar. Le mostraron el lote 1. Corroboró que era un intento de casa que estaba en obra negra.

Jacobo se convence y decide comprar el lote. El costo es de 2.8 millones de pesos.

Por su declaración ante el Ministerio Público se sabe que el 25 de junio del 2021, aproximadamente a las 12:30 horas se firma el contrato de venta y Jacobo entrega a Lizeth 300 mil pesos a través de un cheque, que ese mismo día trató de cobrar en una sucursal de banco.

El 8 de julio a las 13:30 horas, se volvieron a reunir para realizar la sesión de derechos y Jacobo entregó los 2.5 millones restantes. Esto en la notaría número 28.

En el lugar no sólo estaba el notario, sino abogados, su hermano y amigos. A la que nunca vio fue a la representante de Cobranza Nacional, pero su firma ya estaba en el contrato. Le dijeron que había ido un día anterior.

En la reunión se les dijo lo mismo de las reuniones anteriores sobre el estatus legal del inmueble y respondieron dudas de Jacobo. Incluso su hermano preguntó sobre el estatus legal del inmueble al abogado. “Ya es cosa juzgada”, le respondió.

Una vez cerrado el trato, Jacobo lleva a un trabajador para que realice labores de limpieza, pero no pasó mucho para que llegara una persona y se presenta como el dueño legítimo del lugar.

Al tratar de comprobar que él era el dueño, observó que lo que le vendieron y entregaron no era lo mismo. En papel le vendieron el lote 1, pero de manera física le entregaron el lote 2. Las propiedades no estaban a nombre de Lizeth, ni de la empresa Cobranza Nacional.

Ese es el momento en que Jacobo tuvo que transitar de una idea a otra, de la alegría a la confusión, para luego darse cuenta que fue víctima de fraude.

LA TRAMPA DE LAS CASAS DE REMATE

A mediados de noviembre del 2020, “Serena” tenía la intención de comprar una casa y eso lo platicó de manera casual a su madre y a su vecina Silvia.

La vecina le comentó que conocía a una persona que vendía casas, un corredor inmobiliario, y que su tío también estaba interesado en comprar una propiedad y le había mandado fotos de una casa en remate.

Serena se mostró interesada y pidió que la contactara. Al poco tiempo, la busca Enrique, el corredor inmobiliario y le muestra la casa en la colonia Fátima.

Según la declaratoria del corredor inmobiliario ante el Ministerio Público, conoció a Lizeth porque vio un anuncio en Facebook y se puso en contacto. Asegura que Lizeth le comentó que vendía casas y que estaba en proceso de adjudicación, por lo que no era posible entrar al inmueble.

Le mostraron la casa por fuera a Serena. Era un lugar descuidado. Con portón blanco y sin medidor de luz. Le explicó que no podían entrar porque, al ser casa de remate, sólo podían ingresar hasta que pagara la cantidad total, que era de 650 mil pesos.

El 24 de noviembre de ese año, a las 14 horas, quedaron de verse en la notaría número 75, en Ramos Arizpe, para firmar el contrato.

A la cita, Serena fue acompañada por varias personas, entre ellas la vecina.

Lizeth llegó a la cita en un vehículo Mercedes Benz de color blanco. Se bajó y se presentó como “la licenciada Lizeth”.

Durante la firma del contrato Lizeth hablaba y explicaba con tal destreza, que la vecina de Serena llegó a confundirse y pensar que era la notaría por la facilidad de palabra.

En la reunión donde firmaron el contrato de cesión de derechos se incorporó una fotografía del inmueble.

Para realizar el pago de la propiedad se realizaron tres transferencias con las leyendas: pago 1, pago 2 y pago 3 Fátima.

A las 15 horas, después de firmar el contrato acudieron a la Plaza Colosio 555, ubicada en un sector de alta plusvalía en Saltillo y afuera del banco le entregaron 150 mil pesos a Lizeth.

Una vez firmado el contrato y pagado el inmueble, Lizeth canalizó a Serena con un abogado y este le dijo que tenía que firmar un interdicto para la entrega de la casa.

Aunque el plazo estimado de entrega era de un mes, en diciembre preguntaron por la casa y Lizeth le indicó que aún no estaba lista.

En febrero de 2021, continuaba la espera y le aseguraron que esto se debía al juicio que identificaron con el número 531 del 2019. La promesa fue que no tardarían más de 90 días.

En ese lapso, Serena investiga y se da cuenta que la casa referida no es la que le iban a vender. Le mostraron la casa identificada con el número 395 y le indicaron que le entregarían una con el número 440.

Al cotejar fotografías enviadas con anterioridad observaron que la casa que les habían dicho que le venderían era de color blanca, pero la que finalmente le vendieron era color melón.

Ante la confusión le marcaron al vendedor, pero este no les contestó. Se dieron cuenta que fueron víctimas de un fraude.

Este caso se identificó como fraude de cuantía intermedia.

DE COMPRADORES A DENUNCIADOS

La historia del tercer y cuarto fraude empezó el 4 de octubre de 2019. Los personajes se repiten.

El 4 de octubre del 2019, a las 11 horas, la señora Won compró su casa al corredor inmobiliario Enrique quien le presentó a Lizeth, como propietaria de una casa ubicada en Jardines Coloniales.

La casa le costó 550 mil pesos. Enrique le mostró la casa, pero sólo por fuera. Le explicó que como estaba en remate no era posible entrar.

El contrato de compraventa se firmó en la notaría 75. Won fue acompañada por sus padres. Su esposo estaba fuera del país. Al preguntar en la notaría si el proceso era correcto este les respondió: “Que toda la papelería estaba en regla y que él ya había hecho otros procedimientos”, así quedó asentado en documentos oficiales.

El contrato decía 400 mil pesos. Indicaron que el resto se entregó a Enrique.

La señora Won no pudo ingresar al inmueble porque no tenía servicios y para contratarlos le pedían documentos de la propiedad, pero para ello, fue canalizada con un despacho contable que se ubicaba en la colonia Alpes de Saltillo.

También le explicaron que era importante esperar a que acudiera un notario para sacar las cosas que estaban en el interior de la casa. Won esperó.

Una vez en México, el esposo también se interesa en comprar una propiedad a bajo costo y ella le presenta a su corredor inmobiliario.

Él se presentó como vendedor y le dijo que traía en venta una propiedad en la misma colonia, diferente calle y con un costo de 450 mil pesos. Le mostró la casa y le dijo que la dueña se llamaba Lizeth.

Al igual que a su esposa, Lizeth lo envía con abogados para que tramite interdictos.

El 21 de enero de 2020 a las 14 horas, se firmó ante notario el contrato donde queda asentado que Lizeth es la dueña y que se encontraba en legítima posesión de ese inmueble y le entregaba la posesión al esposo de la señora Won.

Le entregaron las llaves, pero no pudo ingresar porque no tenía servicios y le pedían documentos oficiales para hacer los contratos de servicios básicos como luz y agua.

Le pidió que acudiera con sus abogados que tenían que llevar un juicio para que determinara que él era dueño de la casa. “Como eran de remate, tenían que pelear la casa para que pasara a su nombre”.

En mayo del 2020 inician el proceso en el juzgado Tercero Civil, pero en enero de 2021 le llega una notificación por despojo. Fue denunciado.

El dueño legítimo los denunció y como prueba de que le asistía la verdad sobre la casa les mostró las escrituras. El esposo de la señora Won las vio. Entendió: fue víctima de fraude.

Tuvo que acudir a una audiencia en mediación para evitar problemas legales. Así pasó de acusado a víctima.

Acto seguido, levantó una denuncia en el mes de febrero del 2021.

Casi al mismo tiempo su esposa se enteró que también fue víctima de fraude. Cuenta que en una ocasión ella va a dejar un oficio y se topa con el propietario. Siguió el mismo camino que su esposo. Acudió a medios alternos y ella tuvo que entregar ese inmueble que le compró a Lizeth.

Reconoce que le fue difícil desconfiar porque Lizeth nunca le dejó de contestarle y eso le hacía pensar que todo estaba bien y le daba tranquilidad.

LA EMBOSCADA EN LA PLAZA COCOA

Poco antes de que el juez emitiera su veredicto Lizeth decidió pasar al estrado a dar su declaración. Frente a ella la cámara judicial, a su izquierda el Juez Jacobo, a su derecha los abogados defensores de las víctimas y un par de metros después sus abogados.

Lizeth contó que un día, el cual no precisó, pero sí se indicó que del año 2022, quedó de verse con Genaro, a quien ella identifica en su declaración frente al estrado como compañero y abogado.

La cita fue en la Plaza Cocoa ubicada al norte de Saltillo, frente a la entrada principal de San Alberto, residencial donde ella vivía.

Lizeth llegó y aguardó en su vehículo. De repente vio que tres hombres se acercaron a ella y le abrieron la camioneta.

Al levantar la cara vio a su compañero frente al vehículo. “Yo me saqué de onda”.

Enseguida uno de los hombres abrió su camioneta. “Tenemos una orden de aprehensión en su contra”, le dijeron y tras ello dieron el nombre de quien la denunciaba.

Lizeth voltea a ver a su compañero. “¿Qué hago?, él es mi abogado”, dice.

“Tienes que acompañarlos”, le respondió tras ver los documentos.

Los agentes que realizaron la detención le comentaron que, como su abogado ya estaba presente, ella había perdido el derecho de llamar a otra defensa.

Lizeth accedió y se subió a la camioneta.

El viaje no fue silencioso. Lizeth no recuerda una plática sino advertencias. “Me dijeron: ‘para esos abogados mejor cambia’. Los tres, me estaban dando esos comentarios. Me sacó de onda. Como que lo conocían”, dijo Lizeth ante el estrado mientras era cuestionada por su abogado Giovani Espitia.

Lizeth asegura que al llegar a la prisión la visitó un hombre y le dijo que estaba sola. No sería respaldada por quien ella identificaba como compañeros. Se sintió amenazada.

-¿Tú alguna vez denunciaste alguno de estos hechos?, preguntó el abogado

-No.

-¿Por qué?

- Por miedo. Por amenazas.

- ¿A qué le tenías miedo?

-A él.

-¿Por qué?

Lizeth trata de hablar, pero se le quiebra la voz. “Perdón”, y empieza a llorar. Con voz entrecortada continúa: “Es que me ha amenazado a mí y a mi familia. De hecho, mis papás por eso se tuvieron que cambiar de casa”.

-¿A alguien más le habías comentado estas amenazas?

-No, porque sabía dónde estaban mis hijos en la escuela...Y la verdad, si iban y molestaban tanto a donde yo vivía en San Alberto, nos iban y los molestaban y mis hijas sufrían de bullying en las escuelas por las publicaciones que hacían... decían que yo era de lo peor y así... que era una ratera y que yo había robado y todo y que yo lo había hecho sola. A raíz de lo que me pasó estoy con tratamiento psicológico.

¿OPERADORA SOLITARIA?

El 17 de octubre del 2024 ya no había mucho por hacer. Así, en una audiencia donde se había declarado culpable la defensa de Lizeth tomó la palabra a las 12:20 horas para tratar de amortiguar la condena.

“La verdad nos hará libres” fueron las primeras palabras que dijo su abogado Giovani Espitia, para luego lanzarse contra los abogados y notarios involucrados en el caso.

Continuó: “Durante el desarrollo de este juicio donde señalamos, desde los alegatos, de que los hechos del presente asunto fueron realizados por una diversidad de personas, que incluso desfilaron y declararon como testigos, (como) lobos disfrazados de ovejas, son quienes han dañado la reputación del gremio de abogados y notarios del estado de Coahuila”.

Fueron las palabras con que el abogado Espitia arrancó la última oportunidad de defender a Lizeth ante el Juez.

Espitia nombró a dos abogados y cinco personas más que participaron como asesores y brokers.

La defensa de Lizeth alegó que estas personas han aprovechado sus títulos, sus influencias y sus fiats notariales para demostrar que son una empresa legal que opera en la ciudad de Saltillo, que seguían actuando impunemente.

Que para ellos fue más fácil encontrar el culpable en una persona que fue utilizada como fachada.

“¿Qué es más probable que Lizeth, siendo una persona sin estudios profesionales, madre de familia, sin conocimientos jurídicos, con problemas de salud, con problemas económicos, haya cometido ella sola como autora material todos los actos preparatorios para engañar a las víctimas o que un grupo de personas con los medios económicos y profesionales se hayan servido de ella para organizar y engañar a las víctimas dentro de los presentes hechos?”, propició ante el estrado Espitia.

Continuó: “Desde luego que no es lógico ni razonable afirmar que realizó ella sola todas y cada una de las conductas y que por lo tanto es la autora material”.

La tesis de la defensa de Lizeth sostiene que ella no fue la autora ni coautora material de los fraudes inmobiliarios, sino que fue utilizada como una fachada por una organización compuesta por abogados, notarios y asesores inmobiliarios.

La tesis defensiva señala la responsabilidad directa de los notarios en el engaño. Asegura que los testigos, quienes se pretenden presentar como inocentes, en realidad actuaron con dolo ya que recibieron beneficios económicos directos con comisiones de 65 mil pesos por vender casas sin haber revisado la papelería.

“El notario ya nos dijo también que conoce el ABC de los trámites de compraventa y, a pesar de saber las prohibiciones del uso de efectivo en la compraventa de casas, lo permitió y ratificó el contrato”.

“En conclusión, su señoría, este tribunal no puede pasar inadvertido que fueron los testigos quienes ofrecieron y mostraron las propiedades, que fueron los abogados y los notarios quienes engancharon y engañaron a las víctimas al señalar que la papelería estaba en orden y al celebrar la ratificación de una compraventa en contra de las leyes fiscales y antilavado. Por lo cual, es evidente que los hechos no sucedieron como la fiscalía lo señaló y que Lizeth no fue la autora ni coautora material de la acusación. Al no haberse reclasificado la participación que se le atribuye, lo que solicitamos es que se dicte un fallo absolutorio”.

“ELLA SE LLEVÓ EL DINERO”: FISCALÍA

La Fiscalía no tardó en dar réplica. Durante esta fase en la audiencia de juicio oral, la representación del Ministerio Público reiteró su solicitud ante el tribunal para que se dicte un fallo de condena en contra de Lizeth, rechazando los argumentos que pretendían atribuir la responsabilidad a los testigos que declararon en el proceso. La Fiscalía calificó las posturas de la defensa como “apreciaciones subjetivas” no sustentadas en el debate.

Al responder a la hipótesis sobre cómplices no procesados, el Ministerio Público sostuvo que durante el desahogo de pruebas no se acreditó conducta delictiva alguna por parte de los testigos que acudieron a declarar.

”En esta audiencia de debate nos dimos cuenta que no se desvirtuó información en donde se dé participación de alguno de estos testigos que acudieron ante este tribunal”.

Uno de los argumentos centrales expuestos por la Fiscalía para sostener la acusación fue que la imputada se presentó ante las víctimas como la única facultada para comercializar los inmuebles.

”La señora Lizeth, como dijeron todos los testigos, fue la que se ostentó como propietaria en todos los casos de estos inmuebles. Fue la que se ostentó como autorizada para recibir ese dinero y fue la que se ostentó como era la que podía vender esas propiedades, incluso a través de cobranza nacional”.

Asimismo, se enfatizó que ninguno de los demás testigos se ostentó ante los compradores como dueño o vendedor autorizado.

”Lo importante aquí, su señoría, es que todos los testigos fueron contundentes en señalar que quien recibió el dinero y quien se llevó el dinero en todos los casos fue la señora Lizeth, independientemente si se contó o no se contó ese dinero”.

La Fiscalía precisó que el abogado Genaro actuó a partir de los datos que la propia imputada le proporcionaba, señalando que “a él lo contrató la señora Lizeth, que a él le daba la información la señora Lizeth y que él se encargaba de dar esas asesorías”.

Respecto al notario que intervino en los trámites, el Ministerio Público indicó que “él solo había hecho la ratificación de esas firmas, que era un contrato entre particulares”, por lo que no existía obligación de notificar a las autoridades fiscales como ocurriría en una escritura pública.

Sobre los corredores inmobiliarios se dijo que la defensa tampoco desvirtuó la veracidad de las bitácoras presentadas. Por ello, el Ministerio Público solicitó que Lizeth fuera condenada.

LA CONDENA

Eran la 1:11 de la tarde cuando el juez Jacobo reanudó la audiencia tras el receso de deliberación. En el recinto, ya estaba presente la familia de Lizeth, algunos de las víctimas y este medio de comunicación.

Tras largos argumentos que se extendieron en más de una hora, la expectación dio paso al veredicto formal: se dictó un fallo condenatorio contra Lizeth. Para el juez no había dudas: al quedar plenamente acreditada su responsabilidad en el delito de fraude en causas acumuladas.

El juez explicó que la Fiscalía probó, más allá de toda duda razonable, el modo de operación mediante el cual la acusada engañó a las víctimas. La imputada ofertaba bienes inmuebles en supuesto remate y suscribía contratos privados, ostentándose como propietaria o autorizada de la firma Cobranza Nacional de Carteras, sin tener la posibilidad ni el derecho legal de concretar dichas ventas. En conjunto, las causas acumuladas sumaron un lucro indebido de 4 millones 514 mil 800 pesos.

Durante la lectura, el juzgador desestimó de manera tajante y seca la postura de la defensa, que pretendía presentar a la acusada como un “chivo expiatorio” de notarios y abogados, o alegar un trastorno mental e ignorancia que la eximiera de responsabilidad. El tribunal resolvió que no se acreditó ninguna causa excluyente de delito o inimputabilidad, y recalcó que no se puede culpar a los afectados por no verificar el Registro Público cuando el engaño fue elaborado con apariencia de legalidad.

El juez indicó que no se requieren de estudios profesionales para saber que está mal vender como suyo lo que no le pertenece.

”El punto medular del delito, es decir, lo que le otorga relevancia penal a este tipo de hechos, es el engaño o el error”, el cual consiste en “dar a la mentira apariencia de verdad, inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no lo es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas”.

Al dar a conocer la resolución el juzgador convocó a las partes para la audiencia de individualización de sanciones penales, la cual programó para el día siguiente a las 10:00 horas: ese día le dieron una condena de 15 años de prisión, por el delito de fraude, vinculado a propiedades inmobiliarias. Pena que el juez indicó que continuaría en casa al contar con un amparo.

A dos años de esta sentencia en solitario, Lizeth ha dejado de aparecer en los medios de comunicación, audiencias por demandas interpuestas por otras víctimas se han suspendido al optar por mediación.

Hasta noviembre del 2025, Lizeth continuaba purgando su condena en casa. Dejó a su equipo legal y optó por conciliar, por llegar a acuerdos para evitar que su condena aumente.

A dos años de este caso mediático, los fraudes inmobiliarios siguen siendo un problema en ascenso. Rebasan 200 denuncias anuales en Coahuila.