- 13 septiembre 2021
“Me voy, pero no sé si vuelva... Ai les encargo a papá”, eso decía Chinaco a su mujer y cuatro hijos siempre que salía de su casa en el ejido La Mota, municipio de Múzquiz, Coahuila.
Los últimos días de manera tempestuosa y la mina tenía agua.
Se corría el riesgo de que hubiera una inundación repentina dentro del yacimiento de carbón que pusiera en peligro la vida de Chinaco y de los demás mineros.
Pero si Chinaco no entraba a la veta a trabajar no recibiría sueldo. Tenía que jalar para mantener a su familia: la comida, los estudios de sus hijos, las deudas. Y entró.
Cerca del mediodía del 4 de junio, mientras Chinaco tumbaba carbón debajo de la mina de arrastre Micarán, situada en Mineral de Rancherías, municipio de Múzquiz, con otros seis de sus compañeros, la muerte llegó en forma de un golpe de agua que los sepultó a todos.
Los siete mineros fallecieron ahogados.
Sucedió en un instante.
Los mineros viejos de Rancherías, un pueblo pintoresco por sus casas de madera y enormes solares, explican que lo que pasó fue que un tajo, un enorme barranco, como una grieta en la tierra, que se encuentra cerca del área de las minas de arrastre, y del cual en 1960 se extrajo carbón, se había llenado de agua de las últimas lluvias.
No hay un dato exacto de cuántas minas inactivas como la que estaba cerca de Rancherías existen en la Carbonífera. La Secretaría de Economía tiene registro en la zona (Monclova, Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Guerrero, Hidalgo y Juárez) de 513 concesiones mineras vigentes y 190 concesiones que ya expiraron. En el estado hay mil 324 concesiones mineras de todo tipo.
Pero en el fondo de la tierra de la Carbonífera, todo es como un queso gruyer.
Así lo concibe Diego Martínez Carrillo, maestro y doctor en ingeniería metalúrgica. Asegura que sobre minas inactivas en la zona, a veces existen registros y otras no, por lo que se desconocen dónde están los túneles.
Ahonda que existen métodos geofísicos donde se pueden delimitar y encontrar los minados y afirma que el Servicio Geológico Mexicano (SGM) debe tener prospecciones geofísicas para encontrar cuerpos mineralizados que se puedan explotar.
En la mina de arrastre de Micarán existía una barrera o resistencia que impedía que el agua del tajo se escapara, pero en otra mina que queda abajito del tajo otros carboneros rascaron el bordo para sacar mineral. El dique quedó muy endeble el agua del barranco comenzó a filtrarse.
Al no soportar la presión del agua la barrera se reventó y el agua se desbordó del tajo con toda su fuerza y corrió por túneles subterráneos hasta que llegó a la mina donde Chinaco y sus seis compañeros comenzaban su jornada, ahí la corriente los alcanzó.
Los carboneros que se encontraban niveles más arriba en la cueva diagonal lograron salvarse.
Diego Martínez Carrillo, especialista, explica que fue como un resumidero, la misma pendiente debió haber llegado el agua hasta el lugar más profundo y eso hizo que fuera como un depósito de agua.
Martínez Carrillo considera que era difícil prevenir. No opina lo mismo Guillermo Iglesias López, ingeniero minero metalurgista. Él explica que una buena infraestructura llevaría material de ademe, a base de parrillas de cielo, de vigas gruesas que refuercen bien el área para que no haya ningún derrumbe por explosión o agua. Añade que si le meten parrillas o encapotado de madera, no humedece y no se viene la tierra porque se logra sellar las fuentes de acceso. Advierte que los anchos de las entradas no eran los correctos. Eran muy pequeños.
Asegura que en el accidente de Múzquiz faltó observación de quienes tienen la obligación como el SGM, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de conocer esas obras mineras.
“No son minas, son pozos, no verticales, pero al fin pozos”, dirá Juan Manuel Maciel Mendoza, uno de los pocos mineros viejos que ya quedan en Rancherías y de los tantos huérfanos que las minas han dejado en esta región. Su padre murió en la mina La Paloma, de Palaú, cuando él era un recién nacido.
Después de la tragedia de Pasta de Conchos donde murieron 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006, al menos otros 122 mineros encontraron la muerte mientras trabajaban, según estadística de la STPS entregada a través de una solicitud de información (97 fallecimientos en la industria extractiva de Coahuila según registro del Instituto Mexicano del Seguro Social de 2007 al 2020).
Aunque la Organización Familia Pasta de Conchos tiene registros de 119 mineros que murieron después de Pasta de Conchos tan solo en la región Carbonífera.
Hubo un derrumbe, pero no es el único
Donde él andaba se desprendió la tierra y lo tapó. Se mató. Maciel lo conoció nada más en fotografía.
A Davisín, el hermano de Chinaco, estuvo a punto de tragárselo el agua.
Cuando miró que se hundía quiso ir por él, pero Chinaco le hizo señas de que se fuera.
“Dice ’yo quería haber traído un mecate pa verle aventao a Chinaco, que se amarrara y traérmelo’”, platica don David Rodríguez Hernández, el papá de Chinaco.
Todos en Rancherías coinciden en una cosa: que la tragedia, como suele suceder en esta región, fue a causa de la negligencia de los encargados y el dueño de la veta y, de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la inspección y regulación de estos lugares.
Según la STPS en respuesta a una solicitud de información, previo al accidente realizó cuatro inspecciones a la mina MICARAN, S.A de C.V. Una el 10 de octubre de 2020, otra nueve días después. Una tercera inspección el 5 de noviembre y una cuarta inspección el 17 de marzo de 2021. En ninguna se encontraron razones para ser sancionada.
De acuerdo a otra solicitud de información (folio 0001400136921), la STPS reconoce que algunas inspecciones se llevan a cabo en minas donde no existe registro por tratarse de “nueva creación” y las cuales son detectadas hasta que se practica un censo. “De otros se conoce en el momento en que se presenta una queja o lamentablemente ocurre un accidente, lo que nos permite saber de su existencia y poder ordenar la inspección correspondiente”.
Aunque la respuesta de la STPS de alguna forma excusa a las empresas, pues asegura que “actualmente no existe ordenamiento jurídico que señale la obligación de los patrones a registrar ante la Secretaría el inicio de sus operaciones”. Iniciar operaciones en una mina de carbón es como abrir una papelería.
Esa falta de control y vacío jurídico es quizá una de las causas para que desde la tragedia en Pasta de Conchos en 2006, cada año, invariablemente, la zona se cubre de dolor por algún accidente en minas de carbón.
Guillermo Iglesias López, ingeniero minero metalurgista e hijo de uno de los mineros caídos en Pasta de Conchos, señala que hay un círculo vicioso dentro de las instancias gubernamentales, vicios que, dice, derivan en uno y otro accidente que nunca terminan.
Don David jaló 42 años en la minería y los tres hijos que aún le quedan jalan en minas también.
Aquí no hay dónde trabajar más que en las minas.
Aunque la gente de por acá dice que al menos en Rancherías ya todo está acabado, minado, como si fuera un queso gruyer. Por eso pasan las tragedias.
Guillermo Iglesias dice que la ley no especifica qué hacer y cómo sellar si ya minaste, a diferencia de las minas metálicas donde sí se rellena hasta tapar la zona.
Dice que es complicado por el costo-beneficio pues se requieren hacer barrenos, inyectar para sellar, pero realmente no hay sellados internos.
Comenta que es obligación del concesionario presentar los estudios hidrológicos, documentos en barrenaciones y las reservas comprobadas en extracción del carbón mineral. También tiene que hacer un estudio con sondeo de hidrología, sísmica y barrenación, lo que va a dar la confiabilidad de un buen minado.
Iglesias comenta que cuando se explota una mina, la concesionaria debe dejar un plano topográfico interno de cómo quedó y el plano se manda al Servicio Geológico Mexicano para hacer un mapeo de la región donde se va plasmando todas las zonas minadas.
Según el artículo 8 de la Norma Oficial Mexicana 023 (NOM-023-STPS-2012) de la Secretaría del Trabajo sobre minas subterráneas y minas a cielo abierto, para los trabajos en minas subterráneas se debe tener estudios geotécnicos, geológicos e hidrológicos, este último para evaluar los riesgos de inundación. Los estudios, por ejemplo, deben incluir las medidas de seguridad para evitar que las excavaciones puedan conectar a una fuente de agua o de material saturado.
Específicamente el estudio hidrológico debe contener planos de las operaciones de extracción con la localización de acuíferos o depósitos de aguas superficiales próximos, localización de minados antiguos o abandonadas cercanos, y determinar los límites permitidos de proximidad a los minados antiguos o abandonados que pudieran estar inundados.
Pero no hay evidencia de que las empresas entreguen los estudios, pues ni siquiera cuentan con ingenieros.
El artículo 34 de la Ley Minera y el artículo 57 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecen que los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón. Pero en realidad eso no ocurre.
Normalmente las mineras no contratan ingenieros porque son empresas pequeñas. En la práctica se basan en lo que diga el minero con más experiencia.
Martínez Carrillo sugiere que al menos existan contrataciones de ingenieros de minas por parte de las asociaciones, con el fin de que den soporte técnico a los pequeños mineros. “Se les escapa y se les sale de la mano”, comenta.
Si acaso, dice, contratan alguno para la ubicación de algún lugar, cuando la ley les exige que deben tener delimitado su zona de trabajo.
El problema, dice Paola Cruz, la hija de Gonzalo, uno de los mineros muertos con Chinaco en Rancherías, es que luego medio se olvidan las tragedias y ya.
No se mide el peligro
“Son ratoneras, pero los ricos, con el afán de sacar dinero, sacan carbón. Uno de fregao qué hace, tú lo que quieres es llevarle dinero a la familia pa mantenerla, no mides el peligro”, dice Antonio Herrera, un exminero sexagenario, ahora velador en Micarán.
Don David tiene una teoría distinta, dice que “la mina ingre”, que le gente se obsesiona con ella.
– Yo le lloro mucho, era mi niño. Era mijo, siento un dolor muy grande que se muera él, yo sé que ya no lo voy a ver. Era el más chiquito mijo... Era mi niño.
-¿Le dio consejos, ¿no?
-Que se cuidara mucho porque la mina es traicionera...
Cuando sacaron a Chinaco, que se lo trajeron a enseñar, don David pensaba que lo iba a ver golpeado. Fue el domingo 6, a las 6:30 de la mañana.
La voz es la de alguien que conoce los riesgos de la Carbonífera de Coahuila. De alguien que sabe que no es la primera vez que ocurre una desgracia como la de Humberto Rodríguez Ríos, Chinaco, 41 años.
Seguido en esta región suceden tragedias mineras por la falta de vigilancia y supervisión de las autoridades del trabajo en los yacimientos; dicen los pobladores de por acá que a causa de la corrupción.
Y algo tiene esto de verdad cuando han ocurrido al menos 60 accidentes fatales en la entidad en 15 años, un promedio de cuatro cada año desde Pasta de Conchos, y solo en la mitad hubo multas a las empresas por violaciones a la ley, según información que entregó la STPS a una petición de información.
Guillermo Iglesias López, ingeniero minero metalurgista, refiere la necesidad de visualizar las leyes y aplicarlas.
El artículo 7 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ejemplo, establece la obligación de los patrones de contar con un diagnóstico de seguridad y salud, así como estudios y análisis de riesgos. Pero en la práctica esto no sucede, aseguran trabajadores.
La delegación de la STPS en Coahuila cuenta con nueve inspectores para practicar visitas de inspección en los diferentes centros de trabajo del estado, incluyendo las minas. En el ámbito minero existen mil 324 concesiones vigentes en todo Coahuila; ambos datos entregados vía transparencia. Pero para revisar una mina, un inspector tiene que verificar más de 300 lineamientos.
“Mientras no vigiles y ataques como debe de ser, va a seguir pasando”, asegura el perito y especialista Guillermo Iglesias sobre los accidentes.
Y dice que mientras la autoridad siga en ese plan de expedir permisos a las minas inseguras esto va a seguir pasando.
Mariano, quien laboró en muchos pocitos y minas de la entidad por más de 30 años, era vecino de Quinto, Juan Carlos Moreno, 46 años, uno de los siete carboneros fallecidos en la inundación de la mina Micarán el pasado 4 de junio, y todos los días lo miraba llegar del trabajo con su mochilita, rendido de cansancio.
-Hay mantos de carbón muy suaves, hay mantos muy duros, aparte tienes que caminar muchos metros con la carretilla llena. Esos trabajos son muy pesados, rústicos y pesados.
Juan Carlos tenía que llenar 10 carretillas de carbón de 100 kilos cada una, para juntar una tonelada por la que su patrón le pagaría entre 100 y 120 pesos. Apenas una pieza de rompecabezas de un mercado, el del carbón, que generó 6 millones 604 mil toneladas en Coahuila (99% de la producción nacional) en 2018, y un valor de producción de 4 mil 441 millones de pesos, según el Panorama Minero de Coahuila realizado por la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano.
La paga es sin recibo, solo en un sobre amarillo.
Aun así Quinto, el último minero en ser rescatado la tarde – noche del 10 de junio, se partía el lomo para sacar entre 35 y 40 toneladas de carbón por semana, con lo que se ganaba entre tres mil 500 y 4 mil pesos. Tres veces más de lo que le pagarían en una maquiladora de la zona, donde el salario ronda los mil 200 pesos semanales.
“Decía, ‘mira, no me puedo ir a una maquiladora porque me pagan tanto y yo acá me gano dos veces o tres veces más. Hay más riesgo, pero no hay otra manera de sacar adelante a mi familia”.
Juan Carlos dejó en la orfandad a una hija y un hijo adolescente, ambos estudiantes.
“Estuve llorando con ellos un rato porque yo aprecio mucho a mi amigo, a mi vecino y me duele en el alma lo que le pasó, no nomás a él, lo que le pasó a todos”, dice Mariano.
A Mariano le tocó vivir la explosión de Minas de Barroterán, acaecida el 31 de marzo de 1969.
Entonces él tenía 15 años. La casa de sus padres estaba a cuatro cuadras de la mina.
Nomás recuerda que, ¡paf!, se oyó un estruendo y se vio una flama, como resplandor que salió de la mina.
Murieron 153 mineros, entre ellos un tío de Mariano. Los demás eran todos conocidos. Porque en la Carbonífera todos son conocidos. El riesgo les hermana en una región donde no hay otra cosa qué hacer.
¿Se hereda la tragedia?
Pedro Ramírez, 25 años, cumplía tres días de haber entrado a trabajar en la mina de Rancherías, cuando la inundación le tronchó la vida.
Su primo Humberto Rodríguez Ríos, Chinaco, lo había invitado a trabajar con él en Micarán y Pedro, que ya tenía cinco años de experiencia tumbando carbón, aceptó de buena gana. Sin saber que se convertiría en el sexto miembro de la familia que moriría ahogado en un accidente de mina. En la Carbonífera más que heredar cánceres o males cardiacos, se hereda la muerte en minas.
“Nosotros en la familia llevamos seis. Ahogados los seis. Son tragedias que a la familia le han afectado. Las familias de por acá se acaban”.
Dice José Agustín Ramírez Soto, el tío de Pedro, un atardecer afuera de la casa familiar desde donde la tarde anterior el cortejo partió con el ataúd de Pedro montado en una carrucha, rumbo al cementerio.
Don Pedro, el padre de Pedrito, el muchacho caído en el accidente de la Micarán, que hasta ahora no había querido ser entrevistado, viene solo para decir que lo único que pide para su hijo es una pensión justa.
“Porque ahorita salen con dos mil, tres mil pesos, ¿qué haces...? Hay mineros que dejaron cuatro o cinco niños”.
Dice don Pedro y se ufana de haber trabajado 45 años en las minas sin sufrir ningún accidente.
“45 años, salí sanito y no fallaba ni un día”.
Pero eso de salir sano es un decir. Si no salen muertos, salen con males respiratorios de por vida. Según la memoria estadística del IMSS, en 2018 se reportaron en Coahuila 882 casos de neumoconiosis, una enfermedad pulmonar que resulta de la inhalación del polvo de carbón mineral o grafito durante un periodo prolongado. Se le conoce como la enfermedad del pulmón negro. En 2017 fueron 749 casos. En ningún otro estado hay estas cifras.
Vanguardia solicitó (folio 0001400127321) a la STPS conocer el número de inspecciones realizadas a minas coahuilenses desde 2016 así como sus respectivos resultados o sanciones. En ese tiempo ha realizado 800 inspecciones a centros mineros, un promedio de 12 por mes y solo en 85 ha aplicado multas, pero no especifica los motivos. Algunos casos los clasificó como reservados por estar “en trámite” y clasificó confidencial los casos en los que el patrón era una persona física.
El ingeniero Guillermo Iglesias, asesor técnico de la Organización Familia Pasta de Conchos, critica que para las mineras pareciera que una persona es un material desechable. “Si algo le pasa pues ni modo”, un muerto más en la Carbonífera.