Los habitantes de Cloete, municipio de Sabinas, lucharon para que fueran reconocidos los daños que dejó la minería del carbón. En 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó las violaciones y dictó recomendaciones a diversas secretarías. Sus habitantes pensaron que por fin resolverían los perjuicios a su comunidad. Pero a ocho años, todo sigue igual.
En el pueblo minero de Cloete, en el municipio de Sabinas, Coahuila, sus habitantes esperan por una solución de las autoridades a sus viejos reclamos. Esperan por una reparación del daño a causa de los estragos de tantos años que les dejó la minería del carbón. Esperan porque les tapen los pocitos verticales de 65 metros de profundidad, que les remedien los tajos mineros que se han convertido en basureros y que de plano les recuperen los caminos destruidos por la minería.
Lo esperan desde que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 62/2018, en donde determinó que la explotación de carbón mineral en las poblaciones de Cloete y Agujita, municipio de Sabinas, vulneró diversos derechos fundamentales debido a omisiones e irregularidades tanto de autoridades federales como locales.
Sin embargo, a ocho años de la recomendación, la CNDH aseguró, a través de una respuesta a una solicitud de información, que las Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, aceptaron y tienen “pruebas de cumplimiento total”.
Mientras que el gobierno estatal, la Fiscalía estatal y el Ayuntamiento de Sabinas, tienen estatus de “Aceptada con pruebas de cumplimiento parcial”.
Aunque para los vecinos como Alma Delia García, Matías Zamora o Mary Sanmiguel, ninguna autoridad ha resuelto. Todo sigue igual.
“Hubo resolución, pero no se arregla nada. Según que para la reparación del daño, pero ahí quedó todo. Salió la recomendación, pero las dependencias no han hecho nada, ni rehabilitar los caminos, están igual”, se queja Alma Delia García, quien tiene 40 años viviendo en Cloete.
SEMANARIO recorrió el pueblo minero, principalmente la colonia Altamira y Antiguo Barrio III y encontró que las principales demandas de los vecinos continúan allí, como una postal intacta de los daños por la explotación de carbón: tajos abiertos y sin remediar; pocitos verticales sin tapar o caminos destruidos, viviendas a unos metros de los tajos.
Cristina Auerbach, activista e integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos, asegura que si se toma una foto en la actualidad y se compara con una imagen vieja, es la misma situación.
Critica que no hay voluntad de los gobiernos para cumplir y el caso Cloete es ejemplar porque no han sido capaces de tapar un solo pasivo ambiental, a pesar de la recomendación.
Sin embargo, asegura que cada pueblo tiene su propia tragedia minera.
“El Estado tiene las facultades, la obligación y las herramientas legales para hacer que los concesionarios se hagan responsables, sin embargo, no lo hacen”, menciona.
TODO SIGUE IGUAL
Una tarde de viernes encuentro a Matías Zamora, habitante de Cloete, colocando pasta sobre los blocks para levantar un muro en su casa. Matías tiene 46 años, 36 viviendo en Cloete. Es carbonero desde los 14 años. A Matías lo visité hace cuatro años y me mostró los destrozos de la minería en su comunidad. Esta tarde nuevamente me hace un recorrido por esta zona donde nada ha cambiado.
“Los tajos y pozos están igual. No los han tapado. Sólo les han puesto una lámina. Ahí están los verticales abiertos. Queremos arreglar de perdido la pasada. A Conagua, Profepa, les enseñamos los basureros, las minas, las cuevas. Quedaron en que iban a venir, que lleváramos a Torreón las denuncias. Todo sigue igual”, señala Matías.
La CNDH dictó 77 puntos recomendatorios enmarcados a la violación de siete derechos: a la seguridad jurídica, medio ambiente sano, vivienda adecuada, protección a la salud, a la vida e integridad personal, a la propiedad, circulación y residencia, y agravios a defensores de derechos humanos.
Entre las razones estuvo, por ejemplo, que las autoridades permitieron la operación de minas en áreas destinadas a usos habitacionales, comerciales o de preservación ecológica; la realización de desviaciones no autorizadas o mal supervisadas del cauce del Arroyo Cloete; la falta de remediación tras el abandono de las obras permitió que los tajos y pocillos fueran utilizados como depósitos de residuos urbanos y tecnológicos; los daños estructurales a viviendas a causa de los trabajos mineros; la destrucción de vialidades peatonales y vehiculares dentro de colonias, entre muchas más.
Sin embargo, a pesar de que las familias afectadas aseguran que nada se ha resuelto, y que SEMANARIO corroboró que los daños continúan, las dependencias federales aseguraron haber cumplido con todo lo señalado, según respuestas a solicitudes de información.
“Se dio cabal acatamiento a las nueve recomendaciones especificadas”, respondió la Secretaría de Economía, a pesar de que no existen evidencias de responsabilidades por explotación ilegal, ni la creación de un programa de inspección en la Región Carbonífera ni la elaboración de un diagnóstico para modificar el Reglamento de la Ley Minera.
La Profepa respondió que ya hubo conclusión de los puntos recomendatorios, a pesar de que se le instruyó verificar que se cumplan los términos de la autorización ambiental, lo cual incluye las medidas de mitigación y remediación en los lotes específicos de Cloete.
Esto no es así. Las dos colonias en Cloete, si así se le pueden llamar, son zonas en medio de tajos y pocitos. Viviendas a unos metros del abismo.
“Yo fui la más cercana al tajo, llegaron hasta orilla de la cerca para hacerlo. Según que traían permisos, vino Conagua, Semarnat, pero ninguno hizo nada. Vino Ecología, no hicieron nada”, comenta Alma Delia García.
La CNDH documentó la excavación, operación y abandono de cuatro minas a cielo abierto en aproximadamente una cuarta parte del perímetro que forman las colonias Altamira y Lomas Altas.
Un tajo se localizaba a menos de 70 metros de la última línea de viviendas situada al norte de la colonia Lomas Altas. Un segundo tajo limita a una media de 60 metros al este con las viviendas localizadas al oriente de la calle Joaquín Rodríguez; al sur con prácticamente el trazo modificado de la calle Australia de la colonia Altamira, en tanto que su extremo sureste se localiza a 15 metros de la última casa, hasta lindar con el cauce actual del arroyo Cloete al este.
Un tercer tajo se encuentra bordeado en dirección norte-sureste por el Arroyo Cloete, a partir de la zona donde se llevó a cabo la modificación del cauce, hasta una distancia de 10 metros al poniente de la avenida Francisco Sarabia, vialidad que constituye el límite este de la mina.
Por último, dentro del polígono determinado por las calles Gaseros, Joaquín Rodríguez, Australia, Cristóbal Colón y África, entre las colonias Altamira y Lomas Altas existen cuando menos cuatro pocillos abandonados, anteriormente destinados a la extracción de carbón y no remediados conforme a la normativa ambiental, continúa el relato de la CNDH en las evidencias que halló para dictar la recomendación.
Matías Zamora me lleva a uno de estos pocitos abandonados, no muy lejos de donde vive. Al llegar avienta una piedra al vacío. “Son 65 metros, ¿qué haces? Está hondísimo... todavía no llega”, dice sobre la piedra hasta que esta golpea el fondo. A pesar de los riesgos que implica, la autoridad no ha obligado a los empresarios mineros a restaurar el pocito.
Estas omisiones incumplen el artículo 78 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en donde se establece que la Semarnat deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica en áreas que presenten proceso de degradación o graves desequilibrios ecológicos, como se ve observa en este pueblo minero.
Sin embargo, en respuesta a una solicitud de información, la Semarnat informó que se realizó un diagnóstico exhaustivo de la autorización SGPA/DGIRA.DEI.1875.05. El estudio concluyó que el proyecto autorizado no ocasiona desequilibrio ecológico y que no se encontró evidencia de impactos ambientales atribuibles al desarrollo de las obras en ese momento.
Pero no fue únicamente que no encontró evidencia de impactos, sino que también se le recomendó realizar un diagnóstico de otras autorizaciones en la región Carbonífera y concluyó que no se detectaron desequilibrios ecológicos o impactos ambientales comprobables.
Sin embargo, la Organización Familia Pasta de Conchos ha contabilizado al menos 160 pasivos ambientales como Cloete. “Pueblos como este, como Barroterán, están cicatrizados”, dice Cristina Auerbach, activista y representante de la organización.
“¿Por qué no los obligan si por ley los pueden obligar a arreglar lo que hicieron?”, cuestiona.
Además, la Semarnat determinó que no se encontraba obligada a presentar juicios de lesividad ni a realizar la revocación o sustitución de la autorización, pues, nuevamente, no fueron acreditados los daños en su estudio técnico.
Para Cristina Auerbach, en la región existe una cultura porque al final son los mismos empresarios “voraces” los que destruyen los pueblos. “Del PRI o de Morena. No cambió nada”, comenta.
DAÑOS Y DESGASTE
Mary Samiguel, otra vecina parte de las víctimas que reconoció la CNDH, cuenta que tiene 30 años viviendo en Cloete y prácticamente desde entonces ha estado en lucha.
Recuerda que los primeros años estuvieron dinamitando muy cerca de su casa. Para entonces, Mary no sabía mucho del tema del carbón y los daños. No sabía la magnitud de lo que significaba un tajo a cielo abierto.
“Unas personas ya sabían y nos dijeron que los corriéramos, desde ahí empezó la lucha”, recuerda.
-¿Cómo ha sido vivir así? -le pregunto a Mary.
-Si viera qué desgastante es. Saber que en cualquier momento vienen. Ya tengo 55 años. Cómo vamos a luchar contra eso.
Asegura que no se resignan porque no es cualquier cosa comprar otra casa e irse de la comunidad.
El derecho a una vivienda adecuada fue otro derecho violado debido a la proximidad de la minería con las zonas residenciales de las colonias Altamira y Lomas Altas.
Además, se encontró que las excavaciones de tajos y pozos verticales generaron daños estructurales en las viviendas y crearon riesgo de hundimiento del suelo.
Tanto Mary Sanmiguel como Alma Delia García muestran esos efectos: grietas y fisuras en sus paredes y en los pisos.
“Aquí se ve el daño”, dice Mary Sanmiguel y señala las fisuras. “Tenemos muchos años luchando. Una grieta llega de volada, a 90 metros está el tajo”.
Por si fuera poco, se documentó que la desaparición del “Fideicomiso de Desarrollo de la Villa de Cloete” destinado a regularizar la propiedad de los habitantes, los dejó en una situación de vulnerabilidad frente a desalojos o presiones para vender sus predios a empresas mineras.
Hace siete meses, dice Mary Sanmiguel, llegó una persona a pedir permiso para hacer nuevamente pozos de carbón. “Cómo crees, les dijimos”, recuerda.
Señala que Derechos Humanos le aseguró que ya habían solucionado los problemas. Aunque ella sabe que no fue así.
“Es decepcionante, frustrante”, comenta Mary Sanmiguel.
Los trabajos mineros destruyeron los caminos de esta zona y ahora la gente, sobre todo niños cuando van a la escuela, tienen que rodear o caminar entre cerros de desechos.
“No tenemos caminos, no tenemos para dónde, todos están desbaratados. No han reparado el daño, no taparon nada, no hicieron nada. Así como escarbaron, así dejaron el pozo. Ya hace unos años había trabajos, aquí en este tajo siguen escarbando. Allá es patio, tiran el carbón y lo revuelven, y se lo llevan”, se queja Alma Delia la tarde en que comienza a soplar un aire frío.
La CNDH encontró violaciones a los derechos de propiedad, circulación y residencia, pues el uso de maquinaria dañó directamente bienes inmuebles y muebles de los afectados, además de que obstruyeron y destruyeron vialidades peatonales y vehiculares dentro de las colonias, restringiendo la libre circulación de los vecinos.
Increíblemente, a pesar de que es evidente que las obstrucciones continúan, la CNDH aseguró que existen pruebas de cumplimiento de estos daños.
Las familias relatan de políticos que han prometido recuperar los caminos, como el controvertido Antonio “Tony” Flores, diputado local y empresario minero.
“Vino, y nos raspó ai”, comenta Alma Delia. Matías Zamora también se queja que el diputado únicamente llegó, se grabó, voló drones, subió foto y se fue.
También aseguran que el alcalde de Sabinas y empresario minero, Feliciano “Chano” Díaz, les ha prometido resolver el tema de los caminos. Pero tampoco cumple.
La CNDH recomendó al ayuntamiento de Sabinas a transparentar licencias y permisos de centros extractivos, investigar obras sin autorización y daños a servicios públicos, así como armonizar planes de desarrollo urbano para prevenir riesgos y elaborar un plan de manejo de residuos sólidos. También, junto con el gobierno del Estado, realizar un diagnóstico de estabilidad en el suelo de las colonias afectadas, así como de las viviendas afectadas.
Matías Zamora asegura que ni una fuga de agua ha podido arreglar el municipio desde hace tres años.
A la actual administración municipal no le interesa el caso Cloete, como lo hizo ver en su respuesta a una solicitud de información sobre el nivel de cumplimiento de la recomendación: “Esta administración desconoce los términos en los que fue aceptada la recomendación, así como los avances y la continuidad de las recomendaciones emitidas”.
“Pasó un presidente, alcaldes y alcaldes y nadie nos hace caso. Es mucha impunidad. Para mí estamos luchando contra un enemigo muy fuerte. Es demasiada impunidad. Ya se les olvidó la recomendación”, critica Mary Sanmiguel.
La Fiscalía de Coahuila, por su parte, reconoció que dos puntos recomendatorios siguen en trámite y se continúan las diligencias para dar cumplimiento. Se trata de incorporar la recomendación a los expedientes laborales de los servidores públicos responsables, y, sobre todo, un informe sobre la situación que guardan los procedimientos por responsabilidad administrativa y las denuncias penales presentadas, pues se documentaron actos de acoso, hostigamiento y criminalización en contra de vecinos como Matías Zamora.
“La ley me enganchaba y notificaciones a cada rato”, recuerda Matías. Asegura que al menos, desde la recomendación, lo dejaron en paz.
SIN MONITOREO DE AIRE NI SALUD
Otro malestar de las familias de las colonias afectadas de Cloete, es la contaminación.
“Es muy frustrante, cuando se vienen los aires, toda la tierra viene a dar a casa, en veces todavía se escuchan barrenos”, dice Alma Delia García.
La CNDH reconoció que la salud de los residentes se vio comprometida por la exposición a contaminantes derivados de la actividad minera, pues la extracción y transporte de carbón generaron partículas suspendidas y polvos que afectan las vías respiratorias de la población.
Además, el uso de explosivos y maquinaria pesada en las cercanías de los hogares alteró la estabilidad física y emocional de las personas, señaló la recomendación.
El gobierno estatal reconoce que tiene pruebas parciales del cumplimiento de puntos como el inicio de un programa de inspección sobre las actividades realizadas al Área de Protección de los Recursos del Río Sabinas, un programa de monitoreo de la calidad del aire por emisiones de la minería del carbón en la región, un programa de atención médica; también que se identifique un “atlas” de asentamientos humanos en situación de riesgo por su cercanía con obras y actividades extractivas, y se publique un plan de manejo de residuos sólidos para la Carbonífera.
Las familias desconocen de estos monitoreos de la calidad del aire o de algún programa médico.
Para la activista Cristina Auerbach, las leyes son letra muerta porque desde hace años se determinó que para subsanar el carbón que se requería en las plantas de Nava y Piedras Negras, había que sacrificar a la región.
Menciona que no les importa sacrificar la zona, sino salvar la empresa, sin importar el costo a la población.
IMAGINAR OTRO CLOETE
Lo que sí se cumplió como parte de la recomendación, fue con entregarles certificados de víctimas a las víctimas. Les aseguraron que con eso iban a actuar, que iban a repararles el daño.
Nada sucedió.
Alma Delia García tiene más de 40 años en la zona. Su esposo ya vivía en Cloete cuando ella llegó.
-¿Ha pensado en salir de aquí?
-Pa dónde me voy. Si ya no tengo pa dónde irme... pues no
En algún tiempo, Matías Zamora usó la tierra lastimada por la minería, para la construcción de viveros. Sembró en algún tiempo cebolla, chile, tomate. También hacía quesos, miel de abeja. Sin embargo, batalló para vender el producto. “Tienes que buscar una fuente de ingresos. Tienes que comer”, dice.
Matías Zamora quiere ver los frutos de la recomendación. Asegura que no ganan nada con meter más demandas. “Si hubieran ayudado, ya se hubiera visto”, dice. Quisiera ver un camino arreglado, un pozo tapado.
Y cuando mira uno de los enormes tajos que nunca cubrieron los empresarios, Matías Zamora me pide que me imagine allí, en ese enorme hoyo convertido en basurero, un parque con una fuente que arroje agua a borbotones, y con un chingo de árboles.
Como la autoridad no les cumple, a las víctimas de Cloete que esperan por su reparación del daño, no les queda de otra que imaginar.
