Una trama enrevesada -desarrollada a lo largo de más de cinco años y medio- que implica a integrantes de una organización política -el Partido Joven- a cuyos dirigentes se ha señalado por múltiples irregularidades en los últimos años, estuvo a punto de acarrear un daño patrimonial millonario al órgano responsable de organizar las elecciones en Coahuila.
- 24 julio 2023
“Intento de estafa al IEC, toma uno”... ¡clack!
Así, con el sonido de una claqueta, podría comenzar el rodaje de esta historia que trata del intento -casi exitoso- de cobrarle una deuda inexistente, por casi 6 millones y medio de pesos, al Instituto Electoral de Coahuila (IEC). La trama involucra a 21 presuntos empleados de un partido estatal (hoy extinto), así como a los titulares de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Saltillo (JLCyA) y del propio órgano comicial.
Pero para contar la historia necesariamente debe echarse mano de las técnicas cinematográficas de flashback y flashforward, pues resulta muy complicado entenderla si los sucesos que la integran son seguidos en forma lineal, a lo largo de los más de cinco años y medio en que se desarrollaron.
Escena uno: el descubrimiento
La trama fue ventilada públicamente, por primera ocasión, el 10 de julio pasado durante una sesión de la Comisión de Vinculación del IEC citada para tratar temas ordinarios relativos a la conclusión del proceso electoral 2023 y la organización de los comicios del año próximo, cuando se renovarán los ayuntamientos de Coahuila.
En dicha sesión, el hecho fue calificado como uno que podría implicar actos de corrupción e incluso ser constitutivo del delito de fraude debido a la forma en la cual se desarrolló.
Fue el consejero Óscar Daniel Rodríguez Fuentes quien puso el tema sobre la mesa al solicitar que se explicara el contenido de un informe remitido por el IEC a la Unidad Técnica de Vinculación, del Instituto Nacional Electoral, relacionado con el presunto pago de 6 millones 435 mil 750 pesos correspondientes a pasivos laborales con 21 personas.
El dato llamativo del asunto es que esas 21 personas habrían sido empleados del Partido Joven, una organización política que tuvo registro como partido estatal en Coahuila entre 2012 y 2017, año en el cual lo perdió debido a que no obtuvo al menos el tres por ciento de los votos en el proceso electoral de ese año, cuando se renovaron la gubernatura, los 38 ayuntamientos y el Poder Legislativo.
De acuerdo con la legislación electoral, cuando un partido político se encuentra en dicho supuesto se activa un proceso de liquidación que implica la designación, por parte de la autoridad electoral, de un interventor a quien se encarga dicha tarea. Para este caso el IEC designó, el 3 de septiembre de 2017, a Humberto Domínguez Cabello, quien no formaba parte de la institución, sino que laboraba para el Poder Judicial de Coahuila como “Perito en materia de contabilidad y auditoría”. Para la tarea de liquidar al Partido Joven se le contrató como proveedor de servicios.
Escena dos: los acuerdos
Aquí es necesario rebobinar el tiempo y regresar al 14 de diciembre de 2017. En esa fecha, de acuerdo con documentos a los que Semanario tuvo acceso, se firmaron, ante la JLCyA de Saltillo, 21 acuerdos individuales -equivalentes al pago de una indemnización laboral por despido injustificado- de los cuales derivaría el adeudo que intentó cobrarse hace unos días.
Los acuerdos fueron suscritos por los presuntos empleados del Partido Joven -en ese momento en proceso de liquidación-, y por Esdras Cuauhtémoc de la Cruz Hernández, quien fungía como secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de dicha organización. Sin embargo, a la audiencia ante la Junta también compareció Humberto Domínguez Cabello, a quien se menciona en los convenios como “responsable solidario del Instituto Electoral de Coahuila”.
La cláusula segunda de los convenios señala que el propósito de estos era dar “por terminada la relación de trabajo que (el empleado) venía desempeñando con el Partido Joven e Instituto Electoral de Coahuila”, es decir, se identifica como patrones tanto al Partido como al IEC.
Por otro lado, la cláusula tercera señala el monto que corresponde a cada presunto trabajador por concepto de “indemnización constitucional, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y prima de antigüedad”. Las cantidades individuales pactadas van de los 21 mil 780 a los 80 mil 372 pesos. En total, se acordó el pago de 591 mil 126 pesos con 81 centavos.
La misma cláusula establece que el pago de los finiquitos se realizaría a las 12 del día del 16 de enero siguiente, es decir, poco más de un mes después de firmados los acuerdos. Para el caso de incumplimiento se pactó una penalización de 88 pesos y 36 centavos por cada día que se retrasara el pago.
Como dato curioso conviene anotar que, en la firma de los convenios, Esdras Cuauhtémoc de la Cruz fungió como patrón en el caso de sus compañeros, pero también como empleado. En su caso, se pactó una indemnización de 39 mil 539 pesos y 80 centavos que, al momento de intentar el cobro, en junio pasado, ya había crecido a 496 mil 866 pesos con 36 centavos, debido a la penalización establecida en el convenio.
Otro detalle importante es que en los documentos no aparecen las firmas de todas las personas que debían suscribirlos y se omitieron algunos datos que la legislación laboral exige. Realizar un acercamiento a este hecho es relevante porque el dato se volverá crucial en la disputa por venir.
Escena tres: la disputa
El 14 de diciembre de 2018, justo un año después de firmados los convenios, el entonces secretario Ejecutivo del IEC, Francisco Javier Torres Rodríguez, presentó un escrito ante la JLCyA de Saltillo para solicitar la nulidad de aquellos, en la parte que obligan a la autoridad electoral a cubrir los presuntos adeudos.
En su escrito, Torres alegó que nunca existió relación laboral entre los beneficiarios y la institución, además de que el interventor carecía de facultades legales para obligar al IEC como “deudor solidario”.
De acuerdo con los documentos consultados por Semanario, en el IEC habrían tenido noticia de los citados convenios, “a través de una nota periodística” publicada en un medio local el 30 de noviembre de 2018, pero de la cual no es posible encontrar referencia en la web.
A partir de dicha nota el IEC se habría alertado para solicitar la nulidad de los convenios pues hasta ese momento, pese al tiempo transcurrido, ninguno de los 21 presuntos empleados del Partido Joven había intentado cobrar el presunto laudo dictado a su favor en la JLCyA.
El recurso interpuesto por el Secretario Ejecutivo del IEC fue resuelto mediante un acuerdo de la JLCyA (que no tiene fecha pero habría sido dictado en el mes de junio de 2019) en el cual se declara “nulo todo lo actuado”, es decir, se determina que los convenios carecen de valor, entre otras causas porque no fueron firmados por todos los integrantes de la Junta.
También se reconoce que el interventor, Humberto Domínguez Cabello, carecía de facultades para obligar al IEC como deudor solidario y se asienta que no existen datos precisos que identifiquen las características de la relación laboral tales como puesto, salario, antigüedad y responsabilidades.
En este punto, el asunto podría considerarse totalmente concluido y sin consecuencias para el patrimonio del IEC. Sin embargo, cuatro años después, el asunto habría de revivir.
Escena cuatro: el conflicto
Durante la sesión del 10 de julio de 2023, en la cual el consejero del IEC, Óscar Daniel Rodríguez, solicitó aclaraciones sobre el tema, se conoció que a finales de junio pasado se registró el que aparentemente habría sido el único intento formal de cobro de los montos acordados en 2017. Esta vez, la JLCyA habría exigido al IEC el pago de 6.43 millones de pesos en un plazo máximo de tres días.
En su exposición, Rodríguez aseguró que el caso “pareciera un asunto de corrupción. Pareciera que hay algo ahí que no cuadra” y realizó puntualizaciones concretas para soportar el señalamiento:
En primer lugar, el Consejero afirmó que el requerimiento de la JLCyA fue entregado directamente al presidente del Instituto, Rodrigo Paredes Lozano, sin pasar por la Oficialía de Partes de la institución, como es el procedimiento ordinario. En segundo lugar aseguró que la Presidencia del IEC actuó “de manera oficiosa” al “revivir” un asunto que, después quedaría claro, ya había sido archivado por la propia Junta.
Por ello, solicitó a Paredes que “hiciera lo correspondiente a denunciar para el caso de que hubiera algún asunto que tuviera que ver con corrupción o algún asunto que tuviera que ver con un posible fraude”.
Aseguró también que “no es la primera vez que a este Instituto se le intenta hacer un fraude. La primera vez la tuvimos hace un par de meses cuando a la Presidencia le hablaron supuestamente de la Secretaría de Finanzas diciendo que teníamos que depositar 980 mil pesos para que nos hicieran la liberación de un recurso por parte de Finanzas”.
En aquella ocasión, abundó Rodríguez, él planteó por oficio la necesidad de presentar la denuncia penal correspondiente, por intento de extorsión, pero la respuesta del Presidente del Instituto fue que se había tratado de “un asunto como particular” y no en su carácter de titular del órgano electoral.
A su turno, Rodrigo Paredes solamente solicitó que se circulara un oficio en el cual, afirmó, “se da cuenta puntual, de forma cronológica de los hechos y situaciones acontecidas” y ofreció citar a sesión al Comité de Administración del Instituto para definir la forma en la cual se concluiría el tema.
Escena cinco: la confusión
Aunque en la sesión del 10 de julio se mencionó la existencia de una comunicación de la JLCyA, en la cual se habría reconocido la prescripción de los referidos convenios, en el ambiente quedó flotando la idea de que el IEC sí había pagado el dinero exigido por los empleados del extinto Partido Joven.
No fue sino hasta dos días después cuando, a través de un comunicado de prensa, el IEC aclaró que, aún cuando la Junta requirió el pago -advirtiendo de las medidas de apremio que podría utilizar en caso de no cubrirlo- éste no se realizó porque la propia autoridad laboral se retractó de su petición.
El comunicado informa que la notificación inicial fue recibida por el Presidente del IEC el día 26 de junio pasado. El oficio advertía que, en caso de incumplimiento, se aplicarían “las medidas de apremio contenidas en el artículo 731 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo con independencia de dar vista al Ministerio Público por la posible comisión del delito de desacato y los que resultaren”.
Sin embargo, cuatro días después la propia Junta notificó al IEC que dejara sin efecto la solicitud inicial. El argumento con el cual se giró la contraorden es llamativo pues reconoce que, al realizar el requerimiento, la Junta “no advirtió que 20 de los convenios ya estaban prescritos” y solamente uno de ellos se encontraba aún en litigio.
La razón por la cual uno de los convenios ostenta dicho estatus es que Martín García Salinas -uno de los presuntos empleados- interpuso un amparo en contra de la resolución de la JLCyA (emitida en junio de 2019) que decretó la nulidad de los convenios. Un juez federal le dio la razón, pero la Junta aún no resuelve al respecto.
Entre el 27 y el 30 de junio, el consejero Presidente del IEC, Rodrigo Paredes, remitió oficios a diversas áreas del Instituto, entres ellas la Dirección Ejecutiva de Administración y la Secretaría Ejecutiva, solicitando que se cubriera el presunto adeudo y, en su caso, se realizaran las adecuaciones presupuestales necesarias, además de ordenar la suspensión del pago del “bono electoral” a los empleados del IEC. Dicha conducta habría de ser calificada de “oficiosa” por el consejero Óscar Rodríguez.
En particular, en la sesión del Consejo General del 14 de julio pasado, habría de contrastarse la conducta de Paredes con la de los titulares de la Dirección de Administración y la Secretaría Ejecutiva quienes, tras recibir la orden de pagar el presunto adeudo procedieron, por iniciativa propia, a revisar los antecedentes del caso, gracias a lo cual descubrieron rápidamente que la exigencia carecía de sustento.
Escena seis: la Junta
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Saltillo, que preside Gilberto Silva González, constituye el epicentro de esta historia, en tanto que fue donde se detonaron los hechos recientes que la integran. La parte más llamativa de su actuación la constituye la emisión de dos órdenes contradictorias que fueron notificadas al IEC en un período de cuatro días.
Sin embargo, de acuerdo con los documentos a los que Semanario tuvo acceso, las decisiones de la Junta no son extrañas solamente por las fechas en las cuales notificó a la autoridad electoral, sino también por el momento en el cual las dictó.
Un ejemplo: de acuerdo con las diversas constancias documentales, aunque el oficio mediante el cual se realizó el requerimiento de pago fue notificado al IEC el 26 de junio, el documento consigna que fue dictado -es decir, que se tomó la decisión en la Junta- el día 22 de junio.
Por otro lado, aunque el acuerdo para dejar sin efecto el requerimiento inicial fue notificado el día 30 de junio al IEC, el documento consigna que fue dictado el día 22. Es decir, el mismo día que la Junta estaba requiriendo al IEC que pagara casi seis millones y medio de pesos, estaba acordando dejar sin efecto dicho requerimiento.
En ambos casos, los acuerdos fueron dictados por la misma persona: Gilberto Silva González, presidente de la JLCyA. Al funcionario se le contactó, mediante mensajes de texto a su celular, para conocer su versión pero, aunque ofreció responder después de atender un asunto familiar, no fue posible obtener una declaración de su parte para este reportaje.
Epílogo: escenas omitidas
Diversas fuentes cercanas al caso, que hablaron para Semanario a condición del anonimato, coincidieron en identificarlo como un intento de fraude en contra del IEC cuya puesta en práctica habría sido imposible sin la connivencia de los titulares del propio Instituto y de la JLCyA.
La hipótesis cobra verosimilitud a partir de lo discutido en una acalorada sesión del Consejo General del IEC, celebrada el pasado 14 de julio, en la cual volvió a tratarse el tema a partir de la presentación de un informe sobre lo ocurrido.
De acuerdo con lo señalado en dicha sesión por diversos consejeros, el intento de fraude no se concretó sólo gracias a que la directora de Administración en funciones, Patricia Lineth Guel Dávila y el secretario Ejecutivo del Instituto, Jorge Alfonso de la Peña Contreras, habrían realizado una pesquisa que les permitió, en cuestión de horas, localizar la evidencia de que los convenios habían prescrito y, por tanto, el adeudo no existía.
Una de las fuentes consultadas dijo a Semanario que la confusión provocada por las fechas de dictado y notificación de los acuerdos de la Junta obedece a que, “cuando se descubrió el asunto tuvieron que reconstruir el expediente”, lo cual habría implicado “fabricar oficios con fecha anterior”, pero sus autores no tuvieron el cuidado de evitar contradicciones.
Otra fuente aseguró que el caso estaría siendo objeto de una investigación en el Instituto Nacional Electoral, a cuya Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES se le remitió un informe sobre lo ocurrido a petición de diversos consejeros del IEC. Semanario intentó contactar -vía mensajes de texto a sus teléfonos celulares- tanto al titular de la Unidad, Giancarlo Giordano Garibay, como a la consejera Presidenta, Guadalupe Taddei, pero no se obtuvo respuesta.