Los sistemas operadores de agua en La Laguna están quebrados. Manejan deudas millonarias y su capacidad de suministrar el derecho humano al agua es insuficiente.
- 25 marzo 2022
En decenas de colonias y ejidos de La Laguna hay una constante en las fachadas de las casas: los tinacos, tinas o tambos blancos para rellenarlos de agua son parte de la escenografía de cientos de hogares.
Un ejemplo es la casa de Manuel Llanas, en el ejido El Retiro del municipio de San Pedro. Su casa tiene una hilera de tinas para llenarlas de agua cada que el Gobierno local o la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les lleva una pipa. O si tiene suerte y por el grifo de su casa caen unas gotas, empieza a llenarlas para cuando escasee.
Así lleva cinco años, asegura.
“Llega a veces en secciones. Muy difícil que satisfaga al 100 por ciento”, se queja Manuel. A unos metros de su casa está un establo con cerca de cinco mil vacas. Para el sampetrino es difícil comprender y, sobre todo aceptar, que un establo con 5 mil animales pueda tener agua y el ejido El Retiro con 3 mil 500 habitantes, no alcance a veces ni para bañarse.
“Se me hace complicado aceptar que estemos así”, comenta Manuel y después reseña otros establos alrededor del ejido que también cuentan con noria que funciona las 24 horas. En La Laguna, la actividad agropecuaria “chupa” el 85 por ciento del agua subterránea, mientras que ejidos y familias, como la de Manuel, sufren a diario la escasez.
“Si ellos pueden, por qué nuestras autoridades municipales, estatales, federales, no han solucionado ese problema”, cuestiona y él mismo responde que quizá sea falta de voluntad.
Miguel Hernández Muñiz, director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), señala que es falta de voluntad política, pero también financiera.
Esa falta de voluntad política y financiera se refleja en los presupuestos.
El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de Torreón, por ejemplo, gastó en 2021, 872.9 millones, de los cuales el 33.3% terminó en la nómina y 26.4% en el pago de energía eléctrica. En cambio, en inversión pública apenas se destinó el 8.7%.
Los demás sistemas de la Laguna de Coahuila están iguales. El Simas de Matamoros gastó su presupuesto de 50 millones de pesos en un 80.6% en nómina y luz. En Madero, el 75%, y en San Pedro apenas el 1.6% se destinó a inversión pública.
Un estudio del Observatorio de La Laguna sobre los sistemas operadores reveló que el gasto de las pensiones en Simas Torreón, “es una crisis anunciada”, pues será todo un reto cumplir en el futuro con estos compromisos: más de 70% de los trabajadores registrados en la nómina son sindicalizados.
En los últimos 7 años, el personal sindicalizado ha aumentado 26% y hoy le representa al organismo un gasto de casi 50 millones de pesos al año, cuando 5 años atrás solo eran 27 millones de pesos. Actualmente un pensionado de Simas obtiene muchos más beneficios que un pensionado bajo el sistema tradicional y puede lograr la jubilación en menor tiempo, lo que pondrá en riesgo la viabilidad financiera futura del organismo.
Pero la situación no difiere en el estado. En el ejercicio fiscal 2021, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) destinó 495.1 millones de pesos a obra pública relacionada con el agua, que no es ni el 1% del presupuesto total del Estado.
“Vivimos una crisis que para superarla se requiere más que voluntad, inversión y altura. No solo sea un tema de ocasión política. El valor del agua es más grande que su precio”, señala Hernández Muñiz.
Jorge Dorantes Dávila, gerente del Simas San Pedro, reconoce que el sistema está quebrado. Luis Daniel Gamiz Ortega, gerente del Simas Francisco I. Madero, admite que el sistema está en números rojos “como cualquier sistema operativo”, en gran medida debido al adeudo que se tiene con CFE.
Servando Zárate Muñoz, gerente general de Simas Matamoros, cuenta que recibieron un sistema deteriorado, desgastado, endeudado y con “situaciones lamentables y adversas” de equipo y material.
Ante un horizonte desalentador como pintan los gerentes de los sistemas, los laguneros, dice el director del CIADH, nos hemos especializado en cómo sobrevivir a la escasez de agua.
Y mientras el ciudadano sobrevive, el agua se ha convertido en un discurso político que no resuelve las deudas millonarias, carteras vencidas que no pueden cobrar los sistemas, proyectos fallidos, costos altos de energía y una burocracia inflada que les impide destinar el dinero a inversiones en la red hídrica.
DEUDAS HASTA EL CUELLO
La principal queja de los administradores de los sistemas de agua es la deuda que arrastran. El Simas de San Pedro tiene una deuda de 100 millones de pesos, 60 de ellos a Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero también a Conagua, Infonavit y prestadores de servicios.
En Francisco I. Madero, Luis Daniel Gamiz Ortega, el gerente de la paramunicipal, se queja que CFE es quien se lleva todos los ingresos y “aun así quedas en adeudo”, reclama. El 80% los come la luz. En Matamoros su deuda a febrero de este año es de 59 millones de pesos según una respuesta de transparencia.
En Torreón, el Alcalde Román Alberto Cepeda dijo hace unos días que la deuda alcanzaba los mil 800 millones de pesos. Pero según una respuesta del Simas a una solicitud de transparencia, la deuda es de 426 millones 773 mil pesos, el 27% a CFE y el 43% el adeudo de la planta tratadora.
En la última campaña para elegir presidentes municipales en Coahuila, el principal tema en la Laguna fue el del agua. En Torreón, el actual Alcalde se comprometió en campaña a que habría agua de manera “inmediata” y a generar agua 24 horas del día los siete días de la semana.
“El tema es que no ha dicho cómo lo va a hacer. Aparte dijo que sería de forma inmediata. Eso también es corrupción. O no sabías lo que decías o me engañaste para llegar”, señala Miguel Hernández director de CIADH y catedrático en la Facultad de Derecho.
Para Hernández Muñiz no es justificable el argumento de que tienen un problema con las tarifas eléctricas, pues lo que está de por medio, insiste, es cumplir con una obligación constitucional. “Entre que pago y no pago, la factura la paga el ciudadano”.
Ya en funciones, el gerente del Simas Torreón, Lauro Villarreal, pidió paciencia para solucionar el desabasto y se comprometió a que en un año solucionaría los problemas.
Si no lo hace, organismos como el CIADH están peleando una batalla en tribunales. Miguel Hernández Muñiz, cuenta que han encontrado en los derechos humanos el instrumento para que, desde una perspectiva jurídica, se obligue al Estado mexicano a que cumpla con su obligación de suministrar el agua a la población.
Hernández Muñiz refiere que normalmente las autoridades se excusan con el “no hay agua” o “se hace lo que se puede con lo que se tiene”. Pero para el especialista el derecho humano va más allá de lo que tú puedes y tienes como autoridad, pues va en función de lo que debes cumplir.
“Tienes una obligación constitucional en condiciones de cantidad, calidad y frecuencia”, explica.
Agrega que es difícil que las autoridades acepten que alguien de la sociedad civil especializada, te diga con orden judicial federal, ‘ey, no te estoy preguntando, le vas a dar agua’.
“Te ven como enemigo, ‘es que me está obligando’, pues qué pena que te tenga que obligar cuando tendrías que cumplir con tu obligación”, comenta Hernández Muñiz.
En el año 2012, en México se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento. Con esa premisa, el Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos ha interpuesto decenas de amparos en juzgados federales para obligar a los gobiernos a que suministren el agua.
En San Pedro hay sentencias donde se obliga a los sistemas operadores para que haga las inversiones necesarias para que garantice el derecho. En la colonia Villa Florida de Torreón, también se hizo una inversión de alrededor de 30 millones de pesos para cumplir con sentencias.
Recuerda que el año pasado, la ex Alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado, declaró que no llevaba agua a Rincón García porque estaba muy lejos. Lo que aceptaba era que había ciudadanos de primera y de segunda.
Además de los juicios de amparo, Miguel Hernández agrega que tienen más de 15 juicios donde han abierto un ala de litigio que involucra al Gobierno federal, cámara de diputados, Congreso del Estado, secretarios de Salud, jurisdicciones sanitarias y Cofepris, porque, argumenta el abogado, el proyecto de Agua Saludable debe atenderse desde una perspectiva de enfermedad por el tema del hidroarsenicismo.
El especialista critica que el proyecto de Agua Saludable no contempla el tema de la salud, cuando hay casos documentados de hidroarsenicismo en la población. Esto pese a que el documento Atlas of Chronics Arsenic Poisoning publicado en el 2013, ubicó a la Región Lagunera en el lugar 12 de casos en el mundo por la acentuación del HACRE.
“Es decir, que haya un reconocimiento del problema, que se establezcan políticas públicas para atender el problema de salud pública. La aplicación de las políticas, en favor de quienes ya están enfermos y de quién lo estará”, comenta.
Las ha habido, pero han fracasado.
EL ARSÉNICO, REFLEJO DE LA INEFICIENCIA
Sobre la carretera que va de Francisco I. Madero a San Pedro, todavía está una vieja publicidad del Gobierno federal anterior: “Planta potabilizadora para remoción de arsénico en el pozo Jaboncillo, San Pedro, Coahuila. Compromiso de gobierno CG-114. Impulsar obras de infraestructura que permitan mejorar el abasto y calidad de agua en la Región Lagunera”.
Y a lado están los enormes filtros para remover el arsénico. Hoy ninguna planta que se instaló en San Pedro funciona.
Lo mismo sucede con otras. En Torreón, en el fraccionamiento Lagos, los filtros están oxidados e inservibles.
Para mejorar la calidad del agua, la Conagua instaló plantas potabilizadoras para la remoción de arsénico. En Coahuila se entregaron 334 millones de pesos para la construcción de 29 plantas. Los recursos federales fueron entregados en su totalidad entre 2014 y 2017, a través de 38 transferencias (4 hechas a la cuenta de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento y el resto a la cuenta del Gobierno del Estado), según copia de estas, obtenidas a través de una solicitud de información pública hecha a la Conagua.
Las plantas fracasaron. Hoy decenas de ellas no operan, no funcionan o nunca concluyeron. Y algunas que operan no sirven porque en la medición después del filtro, el agua sigue contaminada.
En San Pedro se instaló una planta en un pozo que ya se agotó después de que el año pasado colapsara, según el gerente José Lorenzo Dorantes.
Aunque San Pedro tiene la peculiaridad que sus seis pozos actuales están en el municipio de Madero precisamente porque en San Pedro la calidad es mala, además de que la burbuja principal del acuífero está en Madero.
“Solo quedó la infraestructura. Ya no sirven. Hasta donde tengo entendido nunca sirvieron, ahí quedaron los filtros grandes”, dice Servando Muñoz, gerente del Simas de Matamoros.
Lo que no se tomó en cuenta con las potabilizadoras, dice Luis Daniel Gamiz el gerente de Madero, es que iba a aumentar mucho la luz. Además, la eficiencia no fue la deseada, pues si el pozo extraía 60 litros por segundo, después del filtro salían 30 litros. “Baja mucho la producción. Cuando yo entré estaban sin uso”.
Así se tiraron más de 300 millones de pesos por el drenaje.
Alguna vez en la administración del ex Gobernador Humberto Moreira (2005-2011) se invirtieron millones de pesos en máquinas despachadoras de agua que se instalaron en ejidos que supuestamente daban agua potable como problema para combatir el suministro de agua con arsénico. Las máquinas ya ni existen.
En La Laguna de Durango el sexenio estatal anterior se invirtieron más de 100 millones de pesos en la compra de 60 mil equipos para remover el arsénico a nivel domiciliario. No hubo seguimiento y los equipos se descompusieron, los vendieron o los tiraron.
Así se tiraron más de 100 millones de pesos por el drenaje.
Y mientras los gobiernos invierten mal, el derecho humano al agua no está garantizado en La Laguna. No está garantizado porque el 70.83% de la producción de agua contiene parámetros de calidad fuera de la norma para uso y consumo humano, según el estudio Análisis Costo Eficiencia del Proyecto Agua Saludable para La Laguna de la Conagua y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), realizado para legitimar el proyecto de traer agua de las presas.
Para el caso específico de Madero y San Pedro, la concentración de arsénico resulta “alarmante”, según calificó la Conagua en el estudio, ya que actualmente el 100% del agua producida rebasa los límites permisibles de arsénico; en Torreón es algo similar dado que sólo el 4.88% es agua de buena calidad.
La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 establece que el límite permisible para el agua de uso y consumo humano es de 0.025 miligramos de arsénico por litro (mg/l). Con base en ello la mayoría de los pozos que operan los sistemas operadores incumplen con la norma. Y prácticamente todos la incumplen si se toma como parámetro la norma internacional de 0.010 mg/l.
Sin embargo, el estudio de la Conagua para el proyecto de Agua Saludable determinó que, en el estudio de estabilización del acuífero de la Laguna, se confirma que la reserva de agua de mejor calidad se agota anualmente, “con una tendencia a desaparecer en 36 años”.
Vicente de Paúl Álvarez Reyna, profesor investigador del departamento de Riego y Drenaje de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), explica que en la región no se ha manejado el balance hídrico, es decir, cuánta cantidad de agua tengo, cuál es la que me llega y cuál es la que uso para tratar de mantener la cantidad que tenía.
Por el contrario, el consumo de agua se ha ido incrementando y las perforaciones de los pozos ya superan los 300 metros.
“Son las aguas más viejas que tenemos”, dice.
El investigador no duda en describir que hay un descontrol en el manejo del agua pues pese a que se recalca que lo primero es el consumo humano y las necesidades de la población, el componente agropecuario es el mayor consumidor de agua.
“Se necesita analizar todo lo de concesiones, el número de pozos. Ves los pozos trabajando las 24 horas del día y a lo mejor todo el año, imagina la cantidad de volumen que sacan. Habría que ver si sacan el volumen permitido, estoy seguro de que sacan más”, asegura.
El investigador dice que todo se traduce a un problema de abusos y de cultura del agua, pues muchos la roban, tienen tomas o pozos clandestinos y otros no la pagan
SIN COBERTURA NI RECAUDACIÓN
Ni los pozos agropecuarios ni las tomas domiciliarias tienen cobertura completa de medidores.
En comunidades de Francisco I. Madero y San Pedro, los pequeños ganaderos en la zona rural no se les mide el consumo mientras que la población no alcanza el 100% de cobertura a través de redes de agua potable, por lo que muchas familias esperan cada tercer día por una pipa que les surta. En otras colonias o ejidos, el agua sale cada tercer día.
En Madero menos del 15% de contratos activos cuenta con medidor instalado.
“Van a mandar el agua entubada en base a lo que tú digas que vas a requerir. Van a tener medidores macrométricos, te van a mandar la cantidad exacta. Te van a pedir que compruebes la cantidad que distribuiste”, explica el gerente Luis Daniel Gamiz sobre el proyecto de Agua Saludable.
En el municipio de San Pedro de 100 mil habitantes, apenas hay 551 medidores instalados, según respuesta a una solicitud de información. Sin usuarios facturados, el municipio cobra tarifas fijas de 85 pesos mensuales y 35 pesos para adultos mayores.
“Mientras no haya una medición real del agua que consumen los usuarios no podemos tener una recuperación real”, dice el gerente Jorge Dorantes Dávila.
Además, San Pedro requiere una depuración de su padrón
En Torreón, únicamente el 56% de las tomas tienen medidor, según una respuesta a una solicitud de transparencia. En Matamoros, su gerente Servando Zárate reconoce que ni medidores tiene en los usuarios domésticos y en general apenas alcanzarán el 5% de cobertura.
A la falta de mediciones se le suma la incapacidad para cobrar. Los sistemas arrastran carteras vencidas que superarían lo invertido en obra pública. En Torreón asciende a 847.9 millones de pesos, pero en San Pedro, con cinco veces menos morosos, la cantidad es de 634.1 millones de pesos, es decir, 10 veces más su presupuesto anual. En Gómez Palacio, Durango, la cartera vencida es de 473.4 millones de pesos. Todas, según respuestas a solicitudes de información.
Los sistemas no captan usuarios y no cobran. El agua, pareciera, no tiene valor. Por si fuera poco, la Conagua estima que por lo menos el 50% de las tomas domiciliarias actuales se encuentran en mal estado, principalmente debido a que han rebasado por mucho su vida útil, y por otra parte a la presencia de sales en el agua que es entregada y cuya concentración se ha incrementado por la sobreexplotación.
“El valor del agua es más grande que su precio. Es seguridad jurídica, salud, educación, vida. El agua tiene un valor más allá que los 100, 200 pesos que pagamos. Todos debemos construir un granito de arena”, considera Miguel Hernández Muñiz.
El investigador Vicente de Paul Álvarez Reyna dice que se debe hacer conciencia porque el agua cuesta y si no, quienes sostienen a los sistemas son los cautivos.
Se estima que 3 de cada 10 ciudadanos soportan el peso financiero de un sistema; “más los propios temas de opacidad, de corrupción, de ineficiencia”, añade Hernández Muñiz.
Para el director del CIADH, un sistema operador no podrá garantizar el derecho humano mientras no sea eficaz y eficiente en términos técnicos, administrativos, jurídicos, operativos, financieros.
“Todos los sistemas en mayor o menor grado están en esa situación.Tenemos operadores ineficaces, pero también opacos”, dice.
El proyecto de Agua Saludable está pensado para que inicie en 2024. Por lo pronto, todos los gerentes aceptan que no están preparados. Y por eso anuncian metas a dos y tres años.
“Va a llegar el 2024 y no vamos a tener ni una gota de agua. Suponiendo que sí se tenga, los sistemas operadores están rebasados. Tenemos una pérdida en el traslado a través de redes entre un 30 y 60%. De cada litro que se extrae, perdemos el 50% más menos”, afirma el director del CIADH.
TUBERÍA VIEJA
Los sistemas no están preparados para recibir el proyecto de Agua Saludable porque si mañana llegara el agua, batallarían para distribuirla. Hay zonas donde no hay infraestructura, se necesita reparar o reponer redes. Con esa radiografía, la Conagua estima que se pierde 44% del agua en la red de los municipios de La Laguna.
Las condiciones de la red de distribución de agua son viejas y con múltiples pérdidas.
En el área habitacional de la zona centro de Torreón se tiene la tubería con mayor antigüedad de la ciudad que es de fierro fundido con gran presencia de incrustaciones, lo que representa una reducción de su área hidráulica y provoca fuertes pérdidas de presión.
Poco más del 76% de la red tiene una antigüedad mayor a 30 años en Torreón. De acuerdo con los reportes del SIMAS Torreón, las zonas con falta de servicio corresponden a áreas de reciente crecimiento localizadas principalmente en las partes altas del sur.
La tubería en San Pedro tiene también una antigüedad promedio de 25 a 30 años. En Matamoros y Francisco I. Madero mucha de la tubería es de asbesto desde 20 años hasta 40 años en el caso de Madero. El asbesto es reconocido como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En Gómez Palacio también hay tubería de asbesto y alguna inclusive no se tiene identificado el material. El desconocimiento del material o la ubicación de la red es común en los sistemas. Por eso, Miguel Hernández de CIADH dice que el principal problema es que no se conocen así mismos los sistemas operadores.
“Si dicen ‘pues vamos a ver qué hacemos’, no, sigues manteniendo esas mismas acciones con las mismas personas. Le preguntas a Torreón dónde está su red hídrica y no la conoce”, reclama.
El director del Centro relata que ha estado en lugares donde han estado buscando el tubo, ‘a ver escárbale aquí, no está, a ver, pregúntale a fulano, él estuvo aquí hace 5 años’. No existen planos hídricos en los sistemas operadores y por eso como Centro promueven el registró hídrico y el plano hídrico georreferenciado para tener las herramientas disponibles.
“Con el plano hídrico puedes decir de qué está hecha la tubería, dónde está, cuáles son tus pozos. Yo no he visto que lo tengan”, comenta.
Todo ello repercute en la cobertura de agua a la gente.
En Francisco I. Madero actualmente la cobertura es del 75%. En San Pedro se estima que el 35% del agua que se extrae no llega y por problemas en la distribución muchos ejidos como San Nicolás, Santa Rita, Mayrán, San Patricio, Sofía de Arriba, San Felipe, Frontera, San Miguel, tienen que llevarle agua en pipas o les cae agua cada tercer día.
“La mayoría es porque las redes de distribución del agua son obsoletas, no fueron bien diseñadas, los años las han dañado. Al no circular agua por las redes se van llenando de tierra y escombro”, explica el gerente de San Pedro.
Además, el municipio tiene un problema de tomas clandestinas que presiona el desabasto. Por si fuera poco, en San Pedro, el municipio con la mayor cantidad de cabras del país, los chiveros suelen romper las tuberías para darles de beber a las cabras.
“En un recorrido del ejido Mayrán por la brecha nos encontramos siete rupturas de la tubería que abastece al ejido, seguramente provocada por gente dueñas de cabra. Rompen los tubos con piedras, palos y extraen agua, pero no se toman la molestia de ponerle hule. Solo en ese tramo detectamos siete. Continuamente hay reportes de fugas de agua que se dan en los tramos ejidales. Nos enteramos de que son rupturas provocadas por el ser humano”, lamenta el gerente.
Los sistemas, además, tienen que enfrentarse al crecimiento desordenado de las ciudades que dificulta proporcionar el servicio.
“Se han fincado casas en los ejidos, nuevos fraccionamientos, los nuevos fraccionamientos, casas que vayan creciendo lleven un ordenamiento. Se fincan en lugares alejados, tenemos que dar agua a esas personas. Crecimiento desordenado”, comenta el gerente Jorge Dorantes de San Pedro.
El investigador de la Narro, Vicente de Paul Álvarez Reyna, urge a hacer más eficiente la distribución del agua, porque de lo contrario, seguirá ocurriendo lo mismo: parches por todos lados sin ningún cambio radical.
Para Miguel Hernández Muñiz, director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, hay mucho que hacer en los sistemas operadores y lo primero es reconocer que existe un problema. Considera que, de no atenderse las carencias, el día que llegue Agua Saludable simplemente habrá una pérdida mayor de agua.