La recuperación de restos en Pasta de Conchos, 18 años después de la muerte de 65 mineros, nos recuerda que esta es una zona de sacrificio de trabajadores del carbón, donde no importan las leyes, las inspecciones, las garantías de no repetición ni la justicia.
- 08 julio 2024
Han transcurrido ya 18 años y medio del siniestro que dejó atrapados a 65 trabajadores en el yacimiento Pasta de Conchos, y los eventos trágicos, que han cobrado la vida de otros mineros en la Región Carbonífera, no cesan
Según los últimos registros de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), después del desastre ocurrido en la mina 8 y hasta lo que va de 2024, se han suscitado un total de 62 siniestros, que causaron la muerte de 116 carboneros.
La mayoría tuvieron lugar en pozos y cuevas de carbón.
Todavía a finales del pasado abril sucedió el fallecimiento de un minero sepultado por un alud de rocas, mientras laboraba colocando soportes en el techo de una cueva en el ejido La Mota, municipio de Múzquiz, Coahuila.
Esto confirma, por enésima vez, lo que la OFPC había dicho ya en su Vl Informe Siglo XXI: El martirio en las minas del carbón, publicado en 2012, sobre que ni el gobierno ni los empresarios ni el sindicato, han aprendido la lección histórica de “Pasta de Conchos”, el desastre que enlutó a más de 600 familias y dejó 160 huérfanos.
“No hay medidas de no repetición”, advierte Cristina Auerbach Benavides, teóloga, defensora de derechos humanos de los mineros del carbón y representante de la OFPC.
Información obtenida por el medio La Silla Rota, revela que tan solo del 11 de febrero de 2022 al 18 de octubre de 2023, el gobierno federal había gastado ya dos mil 139 millones de pesos en el rescate de los 63 mineros enterrados en Pasta de Conchos.
En dicho lapso de tiempo, según la memoria estadística de la Organización Familia Pasta de Conchos, se habían registrado en la Carbonífera tres siniestros más que cobraron la vida de 14 mineros.
El más cuantioso, con 10 víctimas, sería el del pozo, mal llamado mina, de El Pinabete, situado en el pueblo de Agujita.
Pozo que operaba sin mapas, carecía de estudio de impacto ambiental y no contaba con equipo de seguridad.
Una prueba fehaciente de que el Estado no había aprendido la lección.
SE ACABARON LAS MINAS
La razón por la que los accidentes trágicos continúan, permanente y sistemáticamente en esta región, piensa Cristina Auerbach, es que ante la extinción de la gran minería en la Carbonífera, la Comisión Federal de Electricidad no ha tenido otra que asignar contratos de compra del mineral a dueños de pozos y cuevas, que hacen pasar a estas área de trabajo, en su mayoría ilegales, como tajos o minas a cielo abierto.
“Lo que yo veo, a largo de estos 18 años, es que quien pone las pautas, de lo que se puede y no se puede hacer en la región, es la misma Comisión Federal de Electricidad. Ahorita ya no queda ninguna mina ni siquiera mediana. La mina Santa Bárbara, que era la única mediana que había y que era más chica que la de Pasta de Conchos, pero de ese estilo, ya cerró. Además, desde 2019, las minas de AHMSA dejaron de operar, la Mina 8, Conchas, y dejó de operar Micare, porque les quitaron el contrato, por la razón que haya sido.
“El caso es que las minas grandes se acabaron. Ahorita solo quedan pozos y cuevas. Fue la misma CFE quien les dijo a los empresarios que tenían cuevas y minitas que los metieran como si fueran tajos. Imagínate... No solo ya no hay minas más grandes sino están peor las minas. No nos queda más que estar de rodillas”.
Con todo y que hoy los pozos y las cuevas de la región solo tienen capacidad para proveer a la CFE alrededor 2.6 millones de toneladas de carbón al año, de los 10 millones de toneladas que requieren sus carboeléctricas para operar.
“La cuarta parte del carbón, pero no la mezcla porque la mezcla era 70 por ciento de Micare y 30 por ciento de los empresarios locales. Ahorita solamente tienen lo de los empresarios locales, por eso es que algunos están metiendo tierra y todo lo que encuentran y se lo venden a CFE.
“Quien tiene la responsabilidad última por las muertes en las minas de carbón es CFE, ya no nos cabe la menor duda. Y no pueden decir que ellos no compraban ese carbón, todo el carbón que se extrae de la región en cuevas, minitas y pozos es para CFE. Las muertes en las minas de carbón son decisiones de Estado. Eso habla del desprecio, del brutal desprecio por los mineros del carbón”.
El sistema, que desde años vienen usando los productores de carbón es, primero, hacer un tajo sobre el tajo, cuevas y después pozos, hasta que sucede una tragedia.
SIN CONTROL
A don Francisco Linares Calixto, que además de fotógrafo y colaborador de organismos de derechos humanos es ex minero del carbón, le había tocado trabajar muy cerca del pozo El Pinabete.
“En la mina Conchas Norte de la que nos fuimos porque empezó a llenarse de agua. Se empezó a inundar y córrele. Fue la que conectó con El Pinabete”.
Semanario preguntó a la Secretaría de Economía cuántos pocitos y cuevas tiene inscritos en el Registro Público de Minería y Cartografía Minera.
La dependencia respondió que del año 2000 a 2021 había otorgado un total de 800 concesiones mineras en los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Progreso y Juárez.
Sin embargo, dijo no llevar un control de cuántas corresponden a grande y mediana minería ni a minas artesanales, como pocitos y cuevas.
Pese a que el Artículo 7, fracción X de la Ley Minera, la obliga a contar con dicha información.
Pero además esta instancia, lo mismo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene la responsabilidad de inspeccionar y, en su caso, suspender las labores en minas que operen en condiciones inseguras para los carboneros.
No obstante, de acuerdo con el Informe Especial Sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Zona Carbonífera de Coahuila, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en noviembre de 2011, la Secretaría de Economía carecía de una unidad administrativa de verificación, es decir, no contaba con servidores públicos encargados de realizar visitas de inspección en el territorio nacional; además de que los funcionarios que extraordinariamente las efectuaban no tenían capacitación ni competencia para revisar condiciones de seguridad.
“Es importante destacar que la Secretaría de Economía tiene facultades para dictar las medidas provisionales para salvaguardar la integridad de las personas, declarando la suspensión provisional de las obras y trabajos, y en su caso la suspensión total”, dice el documento.
Conforme a la base de datos de la Organización Familia Pasta de Conchos, de los 62 siniestros registrados después de la tragedia en la mina 8, la mitad, 31, se presentaron en pozos de carbón, sumando un total de 62 víctimas mortales, lo cual equivale al 53.4 de las 116 muertes ocurridas en el mencionado periodo.
Entre estos siniestros destaca la explosión del pozo 3, propiedad de la empresa Beneficios Internacionales del Norte, S.A. de C.V. (BINSA), ocurrido en el ejido Sabinas el 3 de mayo de 2011 y que mató a 14 trabajadores.
Según el Vl Informe Siglo XXI: El martirio en las minas del carbón, realizado por la OFPC, en el momento del desastre este pozo, que era propiedad de la familia del ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy, no contaba con ingeniero responsable ni equipo de emergencia ni mapas, tampoco permisos para operar ni cuadrilla de rescate.
“Es muy lamentable y más triste que todas las muertes que se van suscitando después de Pasta de Conchos han sido en estas minitas de arrastre y los pocitos que, la verdad, son los que menos invierten en seguridad”, dice Elvira Martínez Espinoza, integrante de Organización Pasta de Conchos y esposa del minero Jorge Bladimir Muñoz Delgado, aún atrapado en la Mina 8.
Ocurrirían también, luego de la catástrofe de Pasta de Conchos, cinco eventos trágicos en las nombradas cuevitas, también denominadas minas de arrastre, que provocaron la muerte de 12 mineros.
El más significativo fue el de la cueva Micaran, en el ejido Rancherías, municipio de Múzquiz, acaecido el 4 de junio de 2021 y que costó la vida a siete carboneros tras inundarse la veta de la que extraían el mineral.
Tanto el pozo 3, como Micaran, operaban en la ilegalidad.
OMISIONES DE LAS AUTORIDADES
Un análisis realizado por la CNDH sobre algunos de los siniestros registrados después de Pasta de Conchos, corroboró la omisión, por parte de las autoridades, de realizar oportunamente visitas de inspección de condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, así como en el establecimiento de medidas adecuadas para proteger la vida e integridad de los trabajadores.
“La falta de verificación del cumplimiento de las medidas dictadas, sin contar con un seguimiento adecuado ni periodicidad en las visitas, además de una actuación omisa y de tolerancia, respecto al incumplimiento reiterado por parte de los propietarios de diversas minas”, se advierte en el Informe Especial Sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Zona Carbonífera de Coahuila.
Como principal justificante de la dilación en la práctica de las visitas las autoridades involucradas, en este caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Economía, señalaron la falta de recursos humanos y materiales para comisionarlas, y la falta de un Directorio Nacional de Empresas actualizado para detectar a los centros mineros.
A la par el V Informe Pasta de Conchos, Dime desde allá abajo publicado en 2011 por la OFPC, revela cómo a ninguna autoridad le interesa que la mayoría de los pozos en la región no cumplan con las normas de seguridad e higiene; que no tengan salida de emergencia; que no hayan constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; que los trabajadores no reciban capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, como metanómetros, botas, lámparas, cascos, etc., y tengan que utilizar su propio equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan; que en lugar de colocar cuatro ademes (soportes), se pongan dos y no se emparrillan los techos de los túneles; ni que el empleo que generan los pocitos sea inseguro, subregistrado y altamente peligroso.
“No hay medidas de no repetición. Ahora fue Rancherías y Pinabete y así vamos a seguir, así va a seguir esto”, reitera Cristina Auerbach.
LA PROHIBICIÓN DE LOS POCITOS: UNA LUCHA TRUNCADA
Esto pese a que desde su fundación Familia Pasta de Conchos ha pugnado por la prohibición de los pozos y cuevas en la Carbonífera, así como el impulso de un programa de inversión para el establecimiento de vetas subterráneas de arrastre de gran minería, y tajos, aparejado con la diversificación de la oferta de empleo.
“Es la única posibilidad real y eficaz para ordenar y controlar la explotación del carbón salvaguardando la vida, la integridad y la salud de los mineros (...)”, consigna en su Vl Informe Siglo XXI: El martirio en las minas del carbón.
Al respecto, Cristina Auerbach habla de una iniciativa que, a finales de 2012, presentaron diputados del PAN para modificar el primer párrafo y adicionar un segundo al artículo 243-A, de la Ley Federal del Trabajo, referente al desarrollo de la minería en México.
Dicha reforma prohibía el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes.
“En donde las actividades mineras se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan, de acuerdo a la normatividad vigente, para proteger la vida de los trabajadores”, decía la propuesta.
Tal decreto habría sido motivado por el siniestro ocurrido en el pozo BINSA, que dejó también a un menor de 14 años sin un brazo.
Pero al final el proyecto fue boicoteado.
“Creemos que fue Rubén Moreira quien borró el párrafo. Pero resulta que ahora en la nueva propuesta de Ley Minera estaba incluida la prohibición de pozos y cuevas, y otra vez borraron el párrafo. Ya no está”.
Lo cual poco abona a la instauración de medidas de no repetición de eventos trágicos en esta región, a la que la OFPC define como una zona sacrifico.
“No importa quién gobierne, no importa si el PRI, el PAN, Morena. Da lo mismo, lo importante es lo que el carbón le genera a esta cúpula política y económica, que son los mismos. Esta región cumple con todos los requisitos para lo que la ONU llama zona de sacrificio. Una zona de sacrificio es cuando un factor preponderante es el que posibilita violaciones a los derechos humanos.
“Aquí el factor preponderante es el carbón y el actor de extracción de ese carbón, que es la Comisión Federal de Electricidad porque lo necesita para sus carboeléctricas. Y entonces se permite que nuevos empresarios lo saquen como sea y violen derechos humanos y al final no pasa nada, porque las demás autoridades no están”, reprocha Auerbach.
Esto, aunado a la ausencia de justicia, es decir, la falta la reparación del daño a las familias de los mineros siniestrados, y que, de acuerdo con el Vl Informe Siglo XXI: El martirio en las minas del carbón, significará, entre otras cosas, la no repetición de los siniestros.
“De todos los incidentes que hubo en la Carbonífera, el único evento, el único, en donde no hicieron rescate de restos fue ese de Pasta de Conchos. Aquí el señor Larrea va a tener que rendir cuentas muy fuertes y ojalá que fuera a la cárcel ese señor. Me indigna la actitud criminal del señor Larrea y su grupo. Es una actitud criminal la que tomaron”, dice Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo y quien por años acompañó la causa de los familiares de los mineros fallecidos en ese siniestro.
SIN CONDENAS NI REPARACIONES
Martha Perla Iglesias López, hija del minero Guillermo Iglesias Ramos, uno de los 65 trabajadores caídos en Pasta de Conchos, insiste en que en éste, como en otros tantos eventos trágicos, no ha habido condena para nadie.
“Desde un principio se sabía que la mina estaba en condiciones inadecuadas para el trabajo, no había ventilación, había mucho gas y, sin embargo, seguía trabajando. Ahí tuvo mucho que ver la Secretaría del Trabajo y la Fiscalía.
“Ahora, yo pensé que si no se podía dar el rescate de los huesitos, pues no, pero sí saber qué pasó allá abajo. Yo les pedí que quiero saber de qué murió mi padre porque en el IMSS nos dieron una acta de defunción con otra cosa y ahorita la investigación está resultando otra, pero yo quiero saber cómo murió mi papá y quiero sabe si él estaba vivo o falleció en la explosión, quiero saber todo lo de mi papá, estoy hablando por mí. Me imagino que las demás familias también”.
Al respecto el Artículo 26 de la Ley General de Víctimas estipula que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva, por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.
“No es de ahorita, es de muchos años. Nadie es responsable de la muerte de los mineros. Nadie, nadie. A mí me sorprendía el caso de El Pinabete cuando decían que ya tenían a alguien por ahí detenido, Christian Solís, que era quien los contrataba y que se le estaba procesando por el delito de extracción ilícita de carbón, no por la muerte de los mineros.
“Cómo es posible que nadie sea responsable de eso. Debería de haber una reforma a la Ley Minera para que hubiera una acción penal sobre ellos, para que la piensen más a la hora de meter a trabajar a los mineros en condiciones donde realmente van arriesgando completamente la vida”, critica Elvira Martínez.
Y dice que el inspeccionar o clausurar este tipo de áreas de trabajo no representa, en ningún momento, una medida de no repetición suficiente.
Ejemplo de ello es lo que sucedió en Pasta de Conchos donde, según el Informe Especial Sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Zona Carbonífera de Coahuila, emitido por la CNDH en noviembre de 2011, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social señaló que el 7 de febrero de 2006 se había realizado una visita de verificación de seguridad e higiene a dicho yacimiento, sin encontrar irregularidad alguna.
Doce días después sobrevino la tragedia.
“La Secretaría del Trabajo cree que venir y clausurar y poner un sello es una gran medida. Ellos vienen de fuera y se van y al final no hay nadie checando que ese centro de trabajo no se vuelva a abrir. No hay ni quién vigile ni restrinja el acceso, que se siga extrayendo carbón. La verdad se me hace algo muy terrible que no se cumpla con las medidas de no repetición”.
Carlos Gerardo Rodríguez Rivera, ex jesuita, fundador del Centro de Reflexión y Acción Laboral, (CEREAL), defensor de trabajadores, asesor sindical, defensor de derechos humanos laborales, opina que lo que ocurre es que, tratándose de violaciones a los derechos humanos, el Estado no ha garantizado la no repetición y mientras no garantice la no repetición va a seguir habiendo siniestros y familias sacrificadas.
Señala también que el reglamento de la ley que concierne a la minería, debería de ser mucho más estricto y dar más garantías a los mineros de poderse salir del área de trabajo, cuando experimenten algún tipo de peligro o riesgo.
De igual manera subraya que las normas Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008, llamada de Seguridad para minas subterráneas de carbón; y la Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2012, denominada Minas subterráneas y minas a cielo abierto- Condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tampoco se han modificado para hacer más seguros los trabajos mineros.
Asimismo, apunta que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sigue manteniendo esquemas de inspección que no garantizan la vida de los mineros.
“La negligencia de los inspectores, en su momento, es la que permitió el siniestro”.
Tampoco el Senado de la República ha ratificado los convenios con la Organización Internacional del Trabajo que competen a la minería y entre los que se distinguen, por su importancia, el 176 sobre la seguridad y salud de las minas, cuyo Artículo 7 habla de la obligación de asegurar que la mina se diseñe, se construya y se dote de equipos que garanticen una explotación segura, como dos vías de salida, un sistema de ventilación, entre otras.
Así como el convenio 81 que, en su Artículo 1, dice que todo miembro de la OIT deberá mantener un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos industriales.
Y el convenio 155, que establece la exigencia a los empleadores de que, en la medida en que sea razonable y factible, garanticen que los agentes y las sustancias químicos, físicos y biológicos que estén bajo su control, no entrañan riesgos para la salud (...).
SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES
Del Informe Especial Sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Zona Carbonífera de Coahuila, publicado por la CNDH en noviembre de 2011, se desprende que una gran cantidad de minas de la zona carbonífera no cuentan con condiciones de trabajo que garanticen la seguridad de sus trabajadores, quienes además carecen del equipo y/o de la capacitación necesaria para realizar sus labores de acuerdo con las condiciones de seguridad e higiene que señala la normatividad.
“Este conjunto de cosas, es lo que sigue permitiendo que sigan ocurriendo todo este tipo de siniestros. Darnos cuenta de normas que no se siguen, de inspectores que no inspeccionan... Es una región desolada, del lado que usted lo agarre. Por donde lo agarre va a ver que lo que menos importa es el minero de carne y hueso”.
Tiene mucho que ver en este tema, declara el sacerdote Carlos Rodríguez, la irresponsabilidad del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, pues, en el caso de Pasta de Conchos, por ejemplo, su comisión mixta de higiene y seguridad, si bien sabía que no existían las condiciones en esta materia, jamás emplazó a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo.
“Es decir, el sindicato minero tenía los elementos para haber detenido eso, incluso desde 2000. El mecanismo se lo asegura la ley laboral y es: como tú empresa no pones las medidas de seguridad, entonces yo te emplazo a huelga porque estás violando el contrato colectivo de trabajo, y no lo hizo.
“Al final de cuentas es negligencia del presidente de la República y su Secretaría del Trabajo, de sus inspectores, es negligencia del sindicato minero y es negligencia de las autoridades de esta mina en particular. En la región carbonífera no hay ley que valga, no hay ley a la que los empresarios mineros se sometan”.
Y aunque en Nueva Rosita o en la región pavimenten una calle o hagan un parque o les den dinero a las familias, tales acciones no están en la dimensión de atacar de fondo las causas de estas muertes prematuras, explica Rodríguez Rivera.
“No se han dado los pasos necesarios para garantizar la no repetición”.
ZONA DE SACRIFICIO DESDE HACE AÑOS
Julio Espinoza Garza, es un sobreviviente de dos grandes tragedias que, antes de Pasta de Conchos, ensombrecieron a la Región Carbonífera.
Se trata de la explosión sucedida allá por 1969 en Minas de Guadalupe, en la localidad de Barroterán, que mató a 153 carboneros.
Una de las desgracias más cuantiosas hasta nuestros días, que fue portada en la revista Life y de la que después nadie, a excepción de los deudos, volvió a acordarse.
Y Julio es superviviente de otra explosión, la de 1988 en la Mina Cuatro y Medio del pueblo de Esperanzas, que dejó sin vida a 37 trabajadores del carbón.
Desde entonces, dice Julio, 78 años, el Estado no ha cumplido con las medidas de seguridad que prometió implantar y vigilar.
“Lamentablemente he visto que las medidas de seguridad nunca se han llevado como lo prometieron distintas autoridades, las que se encontraban en esos años y las que se encuentran actualmente. Se ha seguido insistiendo en medidas de seguridad más estrictas. Desafortunadamente han continuado los accidentes”.
Comenta que en los últimos 55 años el riesgo debajo de las minas de carbón ha sido alto, aunque se supone que cada vez había sistemas más modernos para procurar, sobre todo, la seguridad del trabajador, sin embargo faltó más atención y más cuidado.
“Faltó una seguridad más estricta, tendiente al beneficio del trabajador, que es el que produce el progreso de la región”.
No obstante, dicho progreso, dice Julio, nunca se reflejó en el bienestar de los carboneros, sino en el de los grandes empresarios.
“Ahorita ya no tenemos un medio para asegurar un futuro halagador para todos los habitantes de la Región Carbonífera. Se acabó la época en que el municipio de San Juan de Sabinas era uno de los pilares principales donde se extraía mucho mineral de carbón para la producción del acero. Muchos años se estuvo mandando el carbón a Monclova.
“Se fueron cerrando las fuentes de empleo al interior de las minas, el que se puso más listo, el que logró, logró ahorrar, hacer fortuna, pero el obrero siempre quedó abajo, con respecto a la seguridad y el progreso”.
“YO ME VOY A ROMPER EL CUERPO”
Daniel, el padre de Adrián Barbosa Álvarez, otro de los mineros caídos en el desastre de Pasta de Conchos, dice sobre este siniestro lo que todo mundo sabe desde hace 18 años: que tanto las autoridades como los responsables de la empresa, tenían conocimiento de las condiciones de inseguridad en las que operaba el yacimiento.
“La Secretaría del Trabajo vino, porque vienen a checar, y ellos pos... nomás firmaban pa que la mina siguiera trabajando”.
Empero, cuenta Juana Álvarez Vélez, la esposa de Daniel y madre de Adrián, hubo mineros que prefirieron abandonar el trabajo.
“Mi muchacho dijo 15 días antes, ‘a ver de a cómo nos toca, cuántos salimos de ahí, porque está bien mal la mina’”.
Adrián llevaba 11 años trabajando en las minas sin fallar ni un solo día.
Quería, dijo, seguir el oficio de su padre.
“Él por sí solo quiso ir a trabajar a las minas, él dijo que quería ir a trabajar, no me pidió permiso a mí, decía ‘no, yo me voy a romper el cuerpo’”.
Martha Perla, hija del minero Guillermo Iglesias, sostiene que otra de las condiciones que imposibilita la institución de medidas de no repetición, es la falta de fuentes de empleos dignas que mejoren la calidad de vida de la gente que vive en la Carbonífera.
“Si a mí me dicen ‘es lo que hay y te voy a pagar tanto a la semana, pero hay que entrar al pozo’, pos necesitas el dinero, ¿no?, y pos los trabajadores entran a trabajar. Dice la gente, ‘ay no pos es que el trabajador se metió’”.
En este sentido la CNDH, en su Informe Especial Sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Zona Carbonífera de Coahuila, publicado en 2011, concluye que:
“Las carencias educativas, los bajos salarios, el desempleo y la falta de oportunidades, así como la importancia económica de la actividad minera en la región, son condiciones que favorecen la contratación de trabajadores para explotar el mineral, sin que existan medidas que garanticen el adecuado desarrollo de los trabajos”.
Al presbítero Alejandro Castillo Rodríguez le tocó también acompañar algunas de las principales catástrofes de minas que tuvieron lugar en la Carbonífera a finales del siglo XX y principios del XXl.
Desde ahí aprendió que la mayoría de las tragedias suceden por motivos económicos que producen injusticia y muerte.
“Por mucho tiempo en Nueva Rosita no hubo ni siquiera preparatoria. Mantener a la población sin oportunidades, sin posibilidades de estudio, era una manera de tener siempre trabajadores que bajaran a la mina por necesidad”.
Eran los tiempos en que las minas no estaban mecanizadas y en los que la muerte de una mula era mejor pagada que la muerte de los mineros.
“Al minero como quiere lo reponían, pero a la mula no, y las mulas eran muy importantes pa sacar el mineral...”, cierra el padre Rodríguez Castillo.