El Congreso que viene, los pendientes que siguen

Legislar para las infancias y para las mujeres, corregir la ley de violencia vicaria, dotar de más presupuesto para los problemas de escasez de agua, crear marcos normativos alrededor del rezago del transporte, legislar para las personas con alguna discapacidad, legislar para la inclusión de consultas públicas en los permisos de construcción, los crímenes de odio están olvidados, dotar de presupuesto a temas de salud mental, atender el rezago en la legislación electoral, legislar sobre subsidios a jefas de familia, trabajar en marcos relacionados con la violencia digital o menstruación digna, reformar respecto al parto humanizado, obligaciones alimentarias o políticas de género en el ambiente laboral...

Los pendientes son muchos. Para la nueva legislatura, la tarea no puede esperar.

Sin embargo, la activista feminista Ariadne Lamont señala que al poder Legislativo le falta mucho asomarse a la vida real, pues considera que están muy a gusto recibiendo dinero por todos lados, sin legislar lo que deberían.

Opina que no hay nada nuevo entre quienes ocuparán un escaño en la próxima legislatura, por lo que hace un llamado a la población a saber qué proponen y exigirles, porque “ni cómo creerles”, dice.

“De buenas gentes nunca van a decir ‘yo traigo esta iniciativa’ porque no saben qué le duele a la ciudadanía”, comenta.

Es por eso por lo que Miguel Ángel Ordaz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), considera que el principal reto no es de los legisladores, sino de la sociedad.

“Si no presiona, exige o replantea las cosas, la legislatura va a ser más de lo mismo que ha venido haciendo. En los últimos ocho congresos en Coahuila, el principal legislador es el Ejecutivo”, señala Ordaz.

Para el catedrático, si se quiere salir del “subdesarrollo político” en el que está metida la sociedad y los políticos, se tienen que empezar a revisar lo que se ha hecho y cómo se ha hecho.

“Se viene un esquema derivado de la globalidad terrible, en donde se van a manifestar de una manera más marcada las diferencias, y no tenemos sólidas bases en materia de salud, educación; entonces pues no sé a dónde iremos a parar”.

Comenta que el reto concreto deberá ser que los políticos tomen realmente conciencia de lo que tienen que hacer, pues esto implica cambiar de manera radical contenidos de obligaciones y el establecimiento de reglas más precisas en términos de exigencia.

Aquí las voces de la sociedad para que las y los nuevos legisladores escuchen.

Legislar para incluir

En materia de inclusión de las personas con capacidades diferentes, son varios temas los que deberían de considerar los próximos legisladores.

Una de las exigencias más relevantes es la promoción de iniciativas con proyecto de ley, que pugnen por la integración de personas con distintos tipos de discapacidad intelectual al ámbito empresarial.

“Siento que las empresas les temen mucho a las personas con autismo, por ejemplo. Las empresas creen que a ellas les es más difícil su autocontrol y eso provoca que definitivamente se rehúsen a abrirles las puertas”, dice Nayla Isela Salazar Flores, directora del Centro de Atención Múltiple número 4 en Saltillo.

No obstante, las habilidades cognitivas con que cuentan quienes viven con una condición de discapacidad intelectual para el aprendizaje de diversos procesos.

Actualmente el CAM 4, centro con mayor población de niños y jóvenes discapacitados en todo Coahuila, 134 alumnos, tiene una lista de espera de 45 educandos, esto debido a que las escuelas regulares están restringiendo su ingreso si no se hacen acompañar de maestros sombra.

“No todos los padres de familia tienen las posibilidades económicas para contratar a un externo que esté permanentemente con su hijo, y pues optan por venirse a un CAM”.

De ahí que urja reforzar la ley respecto de la inclusión e integración de la población con discapacidad a la educación regular.

“Las personas con discapacidad han sido segregadas a lo largo de la historia y sigue sucediendo, por más avances que tengamos, y por más leyes que haya para su incorporación. Lo dice el artículo tercero de la Constitución: la educación es abierta para todas las personas y que los maestros deben estar preparados para la recepción de este tipo de personas, pero no lo hacen válido”.

Una de las preocupaciones de los padres de personas con discapacidad en edad y aptitudes adecuadas para trabajar, es que a la hora de que sus hijos consigan acceder a un empleo, los beneficios que han logrado, tales como becas o el servicio médico otorgado por sus progenitores, desaparezcan.

“Creo que ahí nos estamos quedando un poco cortos en el sentido de asegurar que, aunque en un futuro dejen de trabajar en una empresa, pudieran regresar a tener el servicio médico de los padres, que se supone que en el caso de las personas con discapacidad es de por vida”, comenta Nayla Salazar.

Esto sin contar que hoy las personas que viven con síndrome Down o autismo no pueden acceder a los seguros de gastos médicos mayores por políticas de las compañías.

Así mismo, Salazar Flores hace hincapié en que los nuevos legisladores, o quienes resulten electos por segunda vez, designen mayor presupuesto para la mejora de la infraestructura de los CAM en todo el estado, que siguen careciendo de las condiciones adecuadas de movilidad para las personas con desventajas motoras.

“Nosotros contamos con una rampa, pero la rampa no tiene la inclinación necesaria para que una persona que tiene las posibilidades físicas de movilidad con sillas de ruedas pueda subir al segundo piso. Y eso es debido a que no tenemos el espacio suficiente, alguien tiene que empujarlos por la parte de atrás y eso implica que los padres de familia lo hagan. Estamos pensando que sería necesario, debido a que no tenemos el espacio para la rampa, en un elevador para sillas de ruedas. No somos el único CAM con esa problemática”.

Brenda Vázquez habla además de la posibilidad de que tanto los legisladores de la actual como de la entrante legislatura, se ocupen en promover iniciativas para la creación de grupos de especialistas que se encargaran de la atención psicológica de los padres de hijos con discapacidad.

“Los papás de chicos con discapacidad viven en un duelo constante”, señala.

Participación ciudadana, en la congeladora

Durante un encuentro organizado por el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, en el que estuvieron presentes partidos políticos, universidades y vecinos de colonias, surgió el imperativo de que el Congreso retomara temas como el desabasto de agua, la problemática del transporte público, la corrupción, seguridad, justicia, pobreza, el cuidado del medio ambiente y los derechos de los seres sintientes, entre otros.

“Creo que como ciudadanos de Saltillo todos vemos qué falta y a todos nos duele algo, creo que faltan muchas cosas”, dice Sara Martha Arizpe Ramos, directora del citado organismo, cuya función es promover la participación ciudadana.

Por otra parte, Arizpe Ramos advierte que esta cuestión de la participación ciudadana, a través de la elaboración e impulso de reforma de ley que beneficien a la comunidad, no es información disponible en todos lados, y se antoja pertinente que el Legislativo se avoque a educar a sus representados en ese aspecto.

Para el politólogo e historiador, Carlos Castañón, un tema pendiente tiene que ver con la rendición de cuentas.

“Ha fallado el poder Legislativo en atender la agenda de rendición de cuentas, en declaratorias, en posicionamientos que terminen siendo funcionales a la Auditoría estatal”, comenta.

Sara Arizpe Ramos añade que en diciembre pasado el Consejo entregó a los diputados una iniciativa de reforma para que en los permisos de construcción se incluya la consulta u opinión de los vecinos afectados.

“Sobre todo ahora que están muy de moda las viviendas verticales, no se está consultando a los vecinos, se transforman sus vidas de 50 – 60 años de habitar ahí, sobre todo los abuelitos, y no se tocan temas como el agua, el drenaje, la movilidad. Son muchas consecuencias y afectaciones para una colonia. Si bien hay crecimiento y se favorece la economía, los proyectos de construcción deben de hacerse en conjunto con la gente, no excluir a nadie”.

Sin embargo, hasta ahora esta iniciativa de reforma sigue en proceso de ser revisada y votada.

Homofobia, sin castigo...

Uno de los temas atorados en la congeladora del Legislativo en materia de los derechos de la diversidad sexual desde 2018, es la tipificación de los crímenes de odio.

Empero que hay un apartado en la ley que alude a los homicidios, mas no se enfoca específicamente en la población LGBT.

Aunado a una penalización que vaya de los 25 a los 35 años de prisión, para quien cometa el delito de asesinato en contra de estos grupos sociales.

“A pesar de que nosotros lo hemos puesto mucho en los medios de comunicación, sentimos que la legislatura aún no está acompañada este tipo de acciones. Se estudió, se dio la primera lectura, pero de ahí ya no pasó”, declara Noé Leonardo Ruiz Malacara, presidente de San Aelredo A.C.

Y expone que el hecho de que Coahuila no esté en los primeros lugares con más homicidios en contra de la diversidad sexual, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, no significa que estas reformas sean innecesarias.

“Las leyes tienen que ser progresivas, emanadas de la ciudadanía, y la ciudadanía lo que pide es esto, para poder llevar estadísticas que deriven en políticas públicas en favor de esta población”.

En 2022 la diputada Martha Loera retomó esta iniciativa, a la cual añadió el tema de las terapias de conversión, pero...

“Como es un tema que tiene muchos lazos con iglesias judeocristianas, estas se manifestaron el día que se iba a hacer la presentación, incluso no se llegó ni a la lectura”, cuenta Ruiz Malacara.

El grupo San Aelredo ha buscado en la presente legislatura a un diputado o diputada que acompañe su propuesta de la tipificación de los crímenes de odio. No lo ha encontrado.

Últimamente la asociación se ha sumado a la iniciativa de la Ley Gracia Zúñiga del Colectivo Translaguna de Torreón, que aborda el transfeminicidio y el transhomicidio.

“Ahorita lo que estamos haciendo es buscar y entablar diálogo con quienes están como candidatas y candidatos, para ver si nos pueden apoyar, poder presentar estas iniciativas y lograr un avance”.

El Cupo Laboral Trans, es otro punto en el que los legisladores de Coahuila le han quedado a deber a la población LGBTI, pues a decir de Noé Ruiz, persiste la discriminación de esta población en los centros de trabajo.

“Consiste en la obtención de cuando menos entre el tres y cinco por ciento en puestos gubernamentales, para que las compañeras y compañeros puedan tener un espacio. Después de esto bajar a las empresas. Hay empresas que han estado contratando, pero son muy pocas”.

La propuesta de San Aelredo es que en la ley se promuevan estímulos o incentivos para las empresas que contraten a personas trans.

Violencia vicaria, sin avances

De acuerdo con la visión de los colectivos feministas locales, el gran pendiente del Congreso sigue siendo la homologación de la violencia vicaria con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió desde 2024 que este delito solo aplica en el caso de las mujeres.

Pese a que a principios de año, motivada por el caso de Estela, la primera mujer vinculada a proceso por presuntamente cometer violencia vicaria contra su expareja, se desató una controversia entre el Poder Judicial de Coahuila y el Congreso, aún no se ha logrado que se reforme esta figura de la violencia vicaria como violencia de género, la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia ni el Código Penal de Coahuila.

“Supuestamente está en trámite, ya ve que exhortó el Poder Judicial al legislativo de adecuar la normativa, pero a mí se me hace que va a cambiar la legislatura y no la van a sacar”, dice Hatzidy Colunga González, integrante de Madres Libertarias y del Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios.

Ariadne Lamont, activista feminista y coordinadora de Justicieras por Nuestras Infancias critica que no porque hayan puesto tres renglones y medio sobre violencia vicaria quiere decir que cumplieron con las infancias y mujeres.

“Se quedaron cortos. Está mal redactada la ley y no deben de aplicarlo en contra de las mujeres. Toda la mala actuación del legislativo da lugar a la conflictividad social. Tienen que completar”, comenta la activista lagunera.

A pesar de que algunos legisladores han promovido iniciativas para que el término de violencia vicaria se circunscribiera únicamente a las madres, esto no se ha logrado.

“Al no estar homologada, al no estar reconocida como violencia de género, da la pauta para que señores puedan ir a denunciar, a ellos sí les hacen caso en las fiscalías, sus carpetas sí avanzan, por eso es por lo que se da este tema de una mujer vinculada”, explica Hatzidy Colunga González.

De hecho, Ariadne Lamont menciona que cada vez surgen grupos de hombres organizados contra mujeres, pleitos que se están llevando al terreno legal, por lo que detecta muchos vacíos que tendrían que estar normados.

Y hay otras iniciativas que se han empolvado en los archiveros del Congreso, como es la referente a las obligaciones alimentarias y en la que se propuso reducir el periodo mínimo para que un padre sea calificado como deudor alimentario moroso y sea inscrito en el registro de deudores alimentarios.

“Por ley, para incurrir en un incumplimiento me parece que son tres meses y ahora se planteó que sean 60 días naturales continuos o discontinuos de incumplimiento. Se está restringiendo el tiempo y esto no solo es una deuda con las mujeres, sino con las infancias, lo cual sí es bien importante porque los niños no dejan de comer y terminan sufriendo las desobligaciones de los padres. Esta reforma era buena, pero no ha pasado”, comenta Hatzidy Colunga González.

Para Ariadne Lamont el tema de las mujeres y las infancias no importan al poder legislativo.

“Por qué no legislan para que los trámites que tienen que ver con infancias sean más ágiles que los otros que tienen que ver con gente adulta”, cuestiona y relata casos en el Centro de Justicia Penal en el que a un niño lo tuvieron cinco horas y media en una sala pequeña, sin refrigeración, con crisis de pánico y sin llevarle de comer.

Añade que los centros de justicia no cuentan con salas especiales como una cámara Gesell para entrevistar a niñas y niños.

Otro tema necesario es legislar sobre las infancias desprotegidas, es decir, los casos de menores retirados de las familias que son llevados por Pronnif a resguardo.

“Qué tipo de vida llevan las criaturas. Debe estar bien esclarecido en la ley y no lo está. Se lo puede llevar la Pronnif a cualquier lugar, pero no sabemos cómo los corrigen”.

Lamont critica que los niños no le importan a nadie. “Vemos que eso que llaman interés superior del menor, no lo hacen, por qué no su ayudadita el legislativo, para que al menos finjamos que nos interesan los niños”, critica.

El problema del agua requiere presupuesto

Miguel Ángel Hernández Muñiz, director del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH), dice que el Congreso en Coahuila tiene la oportunidad permanente de poder generar acciones específicas o aprobar acciones específicas para atender en términos técnicos y financieros el problema del agua.

“Esto se resuelve con dinero”, dice Hernández Muñiz, pues por ley los presupuestos de egreso ordinario se mandan al Congreso para aprobarlos; es decir, las políticas públicas pasan por las manos de los que son diputados.

“Todos los discursos, todas las promesas, todas las propuestas que ellos hacen, si no van de la mano de un presupuesto lo suficientemente grande o importante, pues se convierte en demagogia discursiva. El tema de agua potable, si bien es cierto, el responsable directo son los sistemas operadores, todos tienen el compromiso por disposición constitucional de garantizar la plenitud del acceso al derecho humano al agua, la Federación, el Estado y los municipios, el ejecutivo Legislativo y el Judicial”.

Recuerda que en Coahuila existe una Ley de Aguas que puede ser el instrumento para mejorar a los sistemas, para inyectar recursos y, sobre todo, para poder vigilar y darle seguimiento a la generación de políticas públicas y objetivos específicos.

Lamenta que el legislativo no se haya preocupado por garantizar que los diferentes sistemas operadores, puedan cumplir con la población en cuanto al mínimo vital de agua.

Hernández Muñiz lamenta que siempre llegan los procesos electorales y las personas que prometen que iban a atender el problema del agua, se olvidan al llegar al cargo.

Dice que es necesario que los actores políticos sean responsables con el tema hídrico y no prometan y firmen que habrá agua las 24 horas del día los siete días de la semana.

Explica que es muy fácil pasar de una demagogia discursiva a un mecanismo de engaño para con la población. “Eso es muy delicado”, dice.

Adicciones, se requiere un mayor presupuesto

Con todo y que a mediados de diciembre 2025 el Congreso aprobó la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones, que permitirá, en primer lugar, una mayor regulación y supervisión de los llamados “anexos”, su aplicación es compleja, debido al crecimiento exponencial de este tipo de “negocios”.

“Desde generar un censo lo más apegado a la realidad, tener un conteo real, lo más aproximado, de cuántos hay, cuáles son sus características, es complicado, la labor es grandísima”, dice Juan Manuel Galarza, psicólogo especialista en el tema de consumo de sustancias.

Por tal tazón es indispensable que el Congreso se avoque a aumentar las partidas presupuestales destinadas a la contratación de personal de salud especializado y la creación de infraestructura para la atención de este tema, que compete tanto a la federación, como a estados y municipios.

“Hay mucha dificultad para generar ese recurso monetario. Hay cédulas, hay manuales para trabajar el tema de los anexos, lo que faltan son manos, pies y cabezas que lo hagan, esa es la gran dificultad”.

Se requiere entonces dotar de fortaleza a las instituciones estatales para que puedan llevar a cabo esta función.

“Sería un error pensar que asignando a una persona por jurisdicción sanitaria se va a lograr, la labor es complejísima”.

La tarea de los futuros legisladores sería entonces analizar las gestiones que habrán de realizar para que las autoridades de salud, principalmente, cumplan con su cometido de regular y supervisar los centros de rehabilitación.

Toda vez que falta incluir en la ley un concepto de medicina social denominado “respuesta social ante un problema”, y que consiste en la adopción de medidas sanitarias, antes que punitivas, que deben aplicarse en el caso de personas con problemas de consumo de drogas, salvaguardando sus derechos.

“Si un policía ve a una persona intoxicada la respuesta es retenerlo y llevarlo a los separos, no es llevarlo al área de salud. Un alumno que consume drogas dentro de las instalaciones de la escuela o llega intoxicado, lo más seguro es que sea suspendido o expulsado.

“De ahí parte la dificultad para poder ir instrumentado estrategias desde el sector salud, que todas las instituciones tomen como directriz el área de salud. La respuesta social al consumo de drogas no se vincula directamente con el tema de la salud, se vincula directamente con el tema de seguridad y luego hay bloqueo de derechos”.

De ahora en adelante, los diputados tendrían que legislar en el tema de adicciones privilegiando la salud y la garantía de derechos humanos.

“Romper con el punitivismo sería importante y generar equipos de trabajo que puedan sustentar esa labor”.

El politólogo Carlos Castañón considera que en el tema de seguridad hay una agenda “conservadora” en el sentido de que no se quiere que haya un cambio, que no se le mueva, por el contrario, que se trate como de apoyar esa agenda general de resultados del gobernador.

El suicidio, otro desafío

Por lo que respecta a salud mental, Javier Enrique Martínez Becerra, director de Instituto de Atención Integral y Desarrollo Humano A.C. (INTRA), enfatiza la necesidad de ampliar los conceptos o definiciones que actualmente maneja la Ley de Prevención del Suicidio en Coahuila.

“Son muy limitados. La conceptualización del fenómeno está muy retrasada porque de alguna forma se entiende como un acto voluntario o de la voluntad individual, pero las terapias contextuales de tercera generación nos hablan de que la conducta no puede ser entendida sino es en el contexto, en contextos de violencia, de hostigamiento, donde no existen mecanismo para recurrir al afrontamiento, al apoyo social.

“El suicidio tiene un factor determinante que son las condiciones materiales, sociales, y en ese sentido no se legisla porque jurídicamente la concepción adjudica todo al individuo y a los recursos individuales, pero tiene que ver con todas las condiciones estructurales, familiares, sociales, políticas”.

Para ello es menester tomar en cuenta conceptos como conducta suicida, conducta estructurada, intentos suicidas, suicidios consumados y no consumados.

“Estos conceptos nos llevan a entender el fenómeno de una forma distinta para prevenirlo”, señala Martínez Becerra.

Y afirma que en la ley aún falta especificar el cómo prevenir el suicidio a nivel comunitario, desde las escuelas y las empresas.

“Habla de intervenciones escolares, tratando de informar y sensibilizar a las personas, pero no se trata solamente de llevarles un tema, de hablarles, de sensibilizarles y dejar la situación ahí suelta, sino de que la ley establezca los protocolos de canalización, procesos de identificación temprana, los mecanismos de atención en contextos escolares y empresariales. En las escuelas no saben cómo abordar un caso de bullying, cómo contener una crisis de ansiedad ¿Tú crees que van a saber cómo contener una conducta suicida latente?

Javier Martínez critica además que no existe, desde las leyes, la promoción de que los centros educativos se capaciten ni de que cuenten con psicólogos que puedan hacer la detección.

“Los USAER están muy limitados a lo pedagógico. No hay un especialista en salud mental en los centros educativos. Sería un tema muy importante”.

Otros retos pendientes son también la atención de enfermedades mentales en el primer nivel de atención, con fin de aligerar las cargas de los hospitales psiquiátricos, aumentar la oferta educativa en psicología y psiquiatría, el reconocimiento de ciertas discapacidades psicosociales y su certificación.

“En el mundo ya se reconocen discapacidades psicosociales, por ejemplo, por autismo, depresión mayor, trastornos de personalidad. Eso no se ha reconocido a nivel estatal como una discapacidad y por lo tanto las personas tienen dificultad para acceder a ser certificados y que al hablar de discapacidad el estado tuviera la responsabilidad de proporcionarle los medios básicos de vida a una persona que no puede acceder a un trabajo, los servicios de salud, todas las prestaciones sociales, la recreación por su condición de discapacidad”.

Legislación electoral, otro pendiente

Lerins Varela Castro, director del Centro Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), considera que la legislatura que se va deja el rezago de no resolver el atraso de la legislación electoral.

“Se ha traído en muchos años. No han resuelto la legislación desde 2014. Somos el único estado que va a tener elecciones. La mayoría está entrando en la dinámica de converger en dos periodos. Eso no lo han tocado”, comenta.

Para el académico, tienen que dejar más clara la distribución del presupuesto para el beneficio de los 38 municipios, de las universidades y la parte educativa en general.

“No es cuestión de echar culpas a la federación. Ellos tienen la batuta y la oportunidad”, menciona.

¿Tomarán esa batuta?