El fracaso de la política para la atención de familias de desaparecidos

Mientras que en Coahuila la desaparición de personas no tiene freno, el gobierno estatal no ha incrementado el presupuesto para la atención de las necesidades prioritarias y más urgentes de las familias afectadas por este fenómeno.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, (RNPDNO), el número de desaparecidos en el estado pasó de dos mil 826 en 2017, a más de tres mil 568 en lo que va de este año.

En contraste, el recurso que el gobierno de Coahuila ha venido destinando al Programa de Atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE), en promedio anual desde 2017, es de solo dos millones y medio de pesos.

Dicho programa, que entrara en funcionamiento hace ocho años, tiene por objeto, según su decreto de creación publicado en diciembre de 2013, garantizar el derecho a una reparación integral a los familiares de las personas desaparecidas por medio de seis ejes de acción o derechos que son: el acceso alimentación, educación, salud, trabajo, vivienda, justicia.

Sin embargo, colectivos de familias de personas desaparecidas de la entidad señalan que el PROFADE ya es insuficiente y hasta limitado, si se consideran las nuevas y numerosas necesidades en materia de acceso al derecho a la alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo y justicia, que aquejan a las víctimas.

“Ha cumplido hasta donde el dinero le ha alcanzado. Es un recurso limitado para el número de familiares que ya somos. Ya es insuficiente...”, dice Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido el 21 de febrero de 2007, a las afueras Ramos Arizpe, Coahuila, cuando iba camino a su trabajo.

Según la respuesta a la solicitud de información folio 051142900004724 enviada a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, (CEAV), de Coahuila, instancia encargada de ejecutar este programa, desde la entrada en vigor de sus reglas de operación en 2017 y hasta el 31 de agosto de 2024, se habían ejercido a través del PROFADE recursos por el monto de 19 millones 904 mil 885 pesos con 71 centavos.

Presupuesto que ha permitido, se lee en la contestación de la CEAV, garantizar un total de nueve mil 478 atenciones entre apoyos económicos y gestiones para atender las necesidades de las y los familiares de una persona desaparecida.

No obstante, los cerca de dos millones 488 mil pesos que el gobierno estatal ha asignado anualmente para el funcionamiento del PROFADE, se ha quedado corto en comparación con el aumento en el registro de personas desaparecidas y la satisfacción de sus necesidades más básicas.

De ahí que el dinero con el que hasta ahora ha venido trabajando el PROFADE, programa que, dicho sea de paso, es único en su tipo a nivel nacional, no ha bastado para aliviar, sobre todo, los requerimientos de las familias en los temas de salud, vivienda, educación, empleo y acceso a la justicia.

Cabe recordar que el PROFADE surgió en 2013 como una propuesta de los colectivos de familiares de desaparecidos, producto a su vez del Foro Internacional sobre Desaparición Forzada e Involuntaria en México, celebrado en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC.

RECURSO INSUFICIENTE

Datos obtenidos de los presupuestos de egresos del estado de Coahuila, revelan que tan solo en los últimos ocho años la CEAV ejerció recursos por la cantidad de 130 millones 679 mil 171 pesos, de los cuales apenas el 15.23 fueron para el PROFADE.

Por su parte, familiares de personas desaparecidas afirman que a lo largo de ocho años el Fondo de Asistencia Económica del PROFADE solo les ha servido para la adquisición de lentes a bajo costo y el pago de algunos servicios dentales.

“Seguramente las necesidades de las familias han ido aumentando año con año y obviamente nunca va a ser suficiente un recurso específico para atender a cada una de ellas. Esto de la desaparición no solamente genera siempre un problema de justicia, en términos de buscar a su ser querido, sino todos los daños colaterales y principales de la desaparición.

“Al no tener a su ser querido, pensemos por ejemplo en una madre o un padre, un medio de subsistencia deja de existir, los gastos son más complicados...”, declara Luis Efrén Ríos Vega, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado y representante del Poder Judicial en las mesas de diálogo con las familias de personas desaparecidas en Coahuila.

Mesas en las que las voces de los colectivos se han pronunciado sobre la insuficiencia del PROFADE, pues calculan que por cada persona desaparecida, hay cinco familiares víctimas.

De tal manera que si el registro en la entidad es de tres mil 568 desaparecidos, el número de personas afectadas por esta ausencia se eleva a 17 mil 840.

“Aparte hay una cifra negra, bastante grande, que no está contemplada y que también tendría derecho a los apoyos”, advierte Diana Iris García, miembro del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC – FUNDEM).

El estudio Actualización del Diagnóstico de Necesidades del PROFADE, realizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) en 2019, descubrió que el 70% de las personas desaparecidas aportaban al sostenimiento económico de la familia; así mismo que el 97.4% de las familias no pudo continuar con el acceso a los servicios médicos o sociales con que contaban antes de la desaparición.

SALUD DETERIORADA

Al respecto, datos obtenidos vía transparencia indican que las nueve mil 478 atenciones gestionadas por medio del PROFADE en los últimos ocho años, han beneficiado a un total de mil 609 personas, de las cuales 598 fueron hombres, mil 11 mujeres, mil 196 adultos y 413 niñas, niños y adolescentes.

Luis Efrén Ríos, también docente de la AIDH, comenta que hoy una de las necesidades más apremiantes de los familiares de personas desaparecidas, sobre todo en el caso de los adultos, es la de la salud física.

“Cada vez es más necesaria una atención preferente de muchas enfermedades crónicas que ellas tienen”.

La prueba es que el mayor gasto que ha ejercido el gobierno, través del PROFADE desde su puesta en marcha en 2017, corresponde al rubro de la salud en el que se han erogado siete millones 566 mil 871 pesos y 95 centavos, por encima de la alimentación, en el que se han desembolsado 6 millones 538 mil 365 pesos y 11 centavos.

“Ya son 16 años de angustia, de dolor, de enfermedades. 16 años ya de vejez que se me han ido cargando. Me entró la diabetes, mis huesos ya no funcionan. Me estoy acabando, se me está yendo la vida”, lamenta María de la Luz López Castruita, la mamá de Irma Claribel Lamas, quien desapareció el 13 de agosto de 2008 en Torreón, tras haber sido invitada a un supuesto concierto del grupo Caifanes en Saltillo.

Sobre el particular, el Diagnóstico de necesidades para la implementación del PROFADE, publicado en 2016 por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, arrojó que el 84.78% de los entrevistados había tenido problemas en los últimos años para ejercer el derecho al trabajo.

No obstante, la actualización de este diagnóstico realizada en 2019 reveló que el acceso preferente a la salud, al menos en la población de adultos mayores y discapacitados, fue la necesidad más recurrente.

“Esto implica el paso de los años, en los casos de larga data, donde madres, padres de las personas desaparecidas van aumentando su edad, y eso ha originado afectaciones en su salud, por supuesto relacionadas con el hecho victimizante.

“Dentro de las principales necesidades que se veían en la actualización de este diagnóstico era el derecho a la salud y más particularmente a la salud mental. Hay una gran necesidad de atención en salud mental, atención o acompañamiento psicológico”, explica Carlos Zamora Valadez, profesor investigador y coordinador general de la AIDH.

Grace Fernández Morán, directora de vinculación del colectivo BÚSCAME, Buscando Desaparecidos México, señala que el tema del acceso a la salud es tan amplio y complejo que el PROFADE, con el presupuesto que tiene, no puede abarcarlo totalmente.

“Imagínate con el gran índice de diabetes, hipertensión, cáncer que hay entre las familias, pues es complejo que tengan una cobertura universal. Para empezar eso tendría que ser en los hospitales estatales. No les puedes dar Seguro Social porque es una institución federal y si no eres trabajador es muy caro.

“La salud tiene que ser por medio de los hospitales generales del estado, que ya de por sí están rebasados, y entonces el nivel de atención que requieren algunas enfermedades crónico – degenerativas o graves ni siquiera pueden atenderse en esos hospitales. Entonces la persona tiene que consultarse por fuera y eso es carísimo”.

Empero, Diana Iris García opina que si bien el PROFADE no resuelve completamente las necesidades de las familias, al menos ha respondido a algunos requerimientos importantes.

Y habla del caso de un compañero del colectivo FUUNDEC – FUNDEM al que le fue practicada una cirugía de corazón abierto, gracias a los recursos y gestiones del programa.

“Pero no es dinero suficiente para atender todos los problemas de salud. Cada vez las familias somos mayores y tenemos más enfermedades”.

SIN ACCESO A LA EDUCACIÓN

El acceso al derecho a la educación es otro de los ejes principales del PROFADE, cuya gestión, dicen algunas familias, ha dejado mucho que desear.

María Guadalupe Pérez Rodríguez lo vivió el día que fue ante la Ventanilla Única de Atención para las Familias de Personas Desaparecidas de la CEAV, a solicitar una beca para su nieta y se la negaron.

La niña había quedado desamparada desde que a Diego, el hijo de María Guadalupe y padre de la menor, se lo llevaron unos delincuentes, junto con su hermano Basilio, en calles de Piedras Negras, un 8 de diciembre de 2014.

La nuera de María Guadalupe había tenido que ponerse a trabajar en un restaurante propiedad de su familia, por un sueldo de 500 pesos a la semana, insuficiente para solventar los gastos de los estudios de su hija, que ya iba a preparatoria.

“Les solicité beca o algo, pos para que no pagara tanto mi nuera y fuera más leve, pero no. En mi experiencia el PROFADE no me ha servido”, cuenta Lupita, miembro del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, de Piedras Negras.

Finalmente, María Guadalupe consiguió que su nieta accediera a la beca “Benito Juárez”, dirigida a estudiantes de educación media superior y auspiciada por la Secretaría del Bienestar del gobierno federal.

“Obtuve una beca para la niña de mi hijo Diego en México y va ir aumentando conforme va aumentando la escolaridad”, se alegra.

Sin embargo, sobre el tema del derecho a la educación cifras de la CEAV muestran que durante estos ocho años del PROFADE se han gastado recursos por el monto de un millón 691 mil 050.12 pesos, aplicados en 612 apoyos destinados a familiares de personas desaparecidas.

Datos recogidos por el estudio Actualización del Diagnóstico de Necesidades del PROFADE, realizado por la AIDH en 2019, revelaron que el 30.2% de los entrevistados dijo tener dificultades para cubrir los gastos en educación: inscripciones, útiles escolares, materiales, entre otros.

Así mismo, el 81.7% declaró no haber recibido ningún tipo de ayuda.

NECESARIAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Yolanda Vargas, integrante del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras, y quien tras la desaparición de su hija Brenda Melina Zúñiga Vargas, el 21 de junio de 2010, se hizo cargo de sus dos nietas, dice del PROFADE que es un buen programa.

A ella se le ha apoyado con las inscripciones, útiles escolares, uniformes y zapatos para la escuela de sus nietas, lo mismo que a hijos de otras víctimas de desaparición.

“En cuanto a vivienda se da el apoyo para que paguen la renta. Hay apoyos para que pagues la luz, no te apoyan con el 100 por ciento, pero sí con el 50 por ciento. Es un programa muy amplio y que nos ha ayudado a muchas personas. Está muy completo”.

Grace Fernández, la hermana de Dan Jeremeel, que fue desaparecido en Torreón el 19 de diciembre de 2008 por elementos del Ejército Mexicano, insiste en que el PROFADE carece del presupuesto suficiente para mantener en el tiempo una ayuda.

“La política pública debe ser viable y sustentable en el tiempo. Su trabajo es cómo le solucionas a la víctima que tenga techo, alimento, salud, acceso a la educación, pero, sobre todo, que tenga un trabajo digno que le dé la remuneración que necesita para mantener su núcleo familiar, pero a la vez seguir en la búsqueda y en la exigencia de verdad y justicia.

“Parte de lo que hemos propuesto es: vamos a ver qué programas de los que ya tiene el gobierno de Coahuila, se pueden utilizar y replantear para un mayor acceso de las familias y que pueden ayudar a ampliar la cobertura del PROFADE”.

En este sentido, el artículo 18 del Decreto por el que se emiten las reglas de operación del PROFADE, establecía que las secretarías del poder ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones, podrán diseñar programas, acciones preferentes y políticas públicas para la atención de familias de personas desaparecidas.

El magistrado Luis Efrén Ríos Vega, quien hace 10 años participó con los colectivos en las mesas de trabajo para fijar los lineamientos del PROFADE, coincide en que la atención a estas familias requiere del esfuerzo de una política más extensa y profunda de parte del Estado.

“Es decir, que no solamente haya un recurso específico de un programa para atender las necesidades emergentes o inmediatas, sino que de forma paralela e integral las familias sean beneficiadas de manera preferente en atenciones muy justas que ellas solicitan, por ejemplo la salud”.

CON BUENA INTENCIÓN, SIN MUCHO ALCANCE

Juan Enrique Martínez Requenes, titular de Litigación y Estrategia Internacional del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Saltillo, señala que en un primer momento el PROFADE efectivamente sirvió en cuestiones de carácter temporal.

“La idea era que las familias que tenían procesos o problemas en cualquiera de los seis ejes, se les pudiera brindar un apoyo, en lo que se podían iniciar procesos jurídicos de reparación del daño, de sentencias o demás cuestiones. El PROFADE sirvió mucho, eso no se le quita, porque no se puede negar que apoyó a muchas personas y que tenía una intención muy buena”.

Sin embargo, aclara que lo que se pretendía en un principio era que el programa diera pie a una política pública integral en materia de desaparición, donde se atacaran los problemas que enfrentan los familiares de desaparecidos.

Lamentablemente el fenómeno de la desaparición sigue, no se han resuelto los casos y esto hace que las familias sigan teniendo las carencias que antes se tenían, solo que ahora maximizadas por el paso del tiempo.

“A la hora de no obtener justicia, al no obtener reparación del daño, en materia de derechos humanos, se potencializa, más todos los casos que van llegando de desapariciones. No se ha tenido una política pública, un verdadero programa que diga, aquí vamos a atacar la desaparición en todo el Estado de Coahuila”.

Y advierte que el PROFADE ya se ha quedado corto ante este nuevo panorama.

“Queda superado. Necesitamos muchas otras cosas, además del PROFADE, con lo que se pueda apoyar a las familias, por eso se ha quedado muy limitado, sobre todo en los últimos años”.

Cierta ocasión María Guadalupe Pérez Rodríguez recurrió a la Ventanilla Única de la CEAV con una emergencia: su madre había fallecido y ella no tenía dinero para enterrarla.

Entonces solicitó que se le prestara el dinero en tanto cobraba un seguro de gastos funerarios. La petición le fue rechazada nuevamente.

“O sea no me lo iban a regalar, pero no, creo que dijeron que era nada más para operaciones urgentes”, recuerda Lupita.

CEAVI Y CEAV FEDERAL ENTRA AL QUITE

Ya hace tiempo que doña Reina Estrada, originaria de la capital del país, comenzó a perder la vista, consecuencia de la diabetes que padece desde hace 15 años, luego de que a su esposo, Jaime Ramírez Leyva, lo desaparecieron en Piedras Negras.

Debido a su enfermedad Reina tiene que cambiar de graduación constantemente.

Un día a Reina se le rompieron sus anteojos y como no tenía dinero para comprar otros, fue donde la Ventanilla Única de la CEAV a fin de solicitar un apoyo económico.

Ahí le recomendaron visitar una óptica, hacerse el respectivo examen de la vista, ordenar los lentes, pagarlos con sus recursos y regresar con la nota de remisión para el reembolso.

“Se supone que si los estás solicitando es porque no tienes. Entonces se me hace ilógico que ‘vaya cómprelos y nos dice’”, reprocha.

Y agrega que el PROFADE, que funciona a través de un Comité Técnico, el máximo órgano de decisión en su operación, encargado de vigilar, evaluar y emitir recomendaciones sobre los lineamientos del ejercicio de sus recursos, solo una vez le ha apoyado con sus lentes.

Para otro tipo de ayudas, como alimentación y pago de renta de vivienda, dos derechos que contempla el PROFADE, Reina ha tenido que tocar las puertas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la Ciudad de México.

“Me los pagan, pero la Comisión de Víctimas, en el D.F. Ahí sí tenemos esa atención: alimentación, renta. Mi esposo fue desaparecido en Piedras Negras, pero aquí, por parte del estado, no he tenido ayuda.”.

En torno a este tema, el 82.3% de los familiares de la persona desaparecida entrevistadas para la Actualización del Diagnóstico de Necesidades del PROFADE, realizado por la AIDH en 2019, señaló que este programa no le ayuda a cubrir sus necesidades en vivienda, tomando en cuenta que el 60% de las familias no tenían con vivienda propia o de algún familiar y estaban sujetos a renta, préstamo o deudas.

El documento consigna que hace seis años estas familias pagaban por motivo de vivienda al mes, aproximadamente, cinco mil pesos. Cantidad considerada alta comparada con el nivel promedio de ingresos de las familias que era de 5 a 10 mil pesos mensuales.

La falta de apoyo de la CEAV estatal ha obligado a otras familias a buscar la ayuda de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas del gobierno federal.

“En el gobierno federal tenemos apoyos permanentes, quien tiene denuncia federal. Si llevas cada mes tu contrato de arrendamiento se te da la renta. La canasta básica es de cinco mil 661 pesos, pero varía según las necesidades de las familias”, afirma María de la Luz López.

Es también el caso de Serene Berenice Juárez, quien mes con mes recibe una ayuda para alimentación por parte del gobierno federal.

Serene es la hermana de Miguel Ángel Juárez Flores, desaparecido en 2011 por un grupo criminal, cuando iba de Nuevo Laredo a Piedras Negras.

Otras familias entrevistadas por este medio dijeron, incluso, desconocer el programa y sus beneficios.

Sobre esto y de acuerdo con en la Actualización del Diagnóstico de Necesidades del PROFADE, realizado por la AIDH en 2019, las sugerencias más mencionadas por las familias para optimizar el proceso de acceso a este programa fueron: mejorar la atención proporcionada por parte de la CEAV; fortalecer el proceso de seguimiento de las solicitudes; garantizarle mayor agilidad; proporcionar más información; y tener más regularidad en los apoyos.

Al mismo tiempo el estudio señala que entre las desventajas del PROFADE que más refieren las familias están: los recursos limitados, el tiempo que toma acceder a ellos, la falta de información y los excesivos requisitos.

Con todo y eso, información obtenida vía transparencia exhibe que, desde su puesta en operación, el PROFADE ha autorizado un total de cinco mil 788 apoyos económicos, con cargo a su Fondo de Asistencia Económico, y ha realizado 3 mil 690 gestiones para atender las necesidades de las y los familiares de una persona desaparecida.

Semanario buscó en su oficina por más de un mes a Magdalena López Valdez, la presidenta de la CEAV Coahuila, para que hablara sobre los alcances reales del PROFADE, pero nunca recibió en audiencia.

MUCHAS CARENCIAS

Otras víctimas de desaparición de un ser querido se quejan, además, de la falta de cobertura de este programa en la atención a salud mental, área que consideran prioritaria, sobre todo para las actuales generaciones de jóvenes que vivieron desde su infancia la ausencia de su padre, madre, hermanos, tíos u otros familiares.

“Teníamos psicología, tanatología, pero por el Fray Juan de Larios. Nos mandaban a lugares a hacer estudios con psicólogos y todo eso, pero una atención especial, con médicos, yo creo que nadie la ha tenido”, comenta Reina Estrada, quien pertenece al colectivo BÚSCAME, Buscando Desaparecidos México.

A pesar de que el artículo 23 inciso V del Decreto por el que se emiten las reglas de operación del PROFADE, contempla la atención psicológica de las familias por personal especializado.

“Estos problemas psicológicos se muestran al largo plazo, en los primeros años que ocurre una desaparición no. Son estos traumas generacionales que no vamos a encontrar hasta mucho tiempo después de que surge la desaparición. Pongámoslo en el caso de los menores de edad que desaparecen a su padre o a su madre. Esto es algo de lo que se tiene que ocupar una política pública integral”, subraya Enrique Martínez, titular de Litigación y Estrategia Internacional del Centro Fray Juan de Larios.

A propósito de esto, el estudio Actualización del Diagnóstico de Necesidades del PROFADE encontró que el 67% de las familias consultadas señala que ha variado el rendimiento escolar de los menores que estudian tras la desaparición de su familiar. Entre los problemas derivados de la desaparición destaca el bajo rendimiento escolar (30%), problemas psicológicos/depresión (14%), deserción (10%), mala conducta (7%).

En este fenómeno destaca la carencia de profesionales de la psicología, especializados en el tema de desaparición de personas, así como de instituciones enfocadas a la prevención, atención y tratamiento de enfermedades mentales.

Sobre el particular Semanario publicó el pasado 7 de octubre que de las 432 unidades médicas de salud pública existentes en Coahuila, solo dos se especializan en salud mental, y son el Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) en Saltillo y el Hospital Psiquiátrico de Parras de la Fuente, (HPP).

“Aparte no están tan especializados, porque a fin de cuentas la desaparición es un fenómeno social complejo, diferente de la pérdida por decisión o de la pérdida por abandono. Es una ausencia involuntaria y entonces tiene otros efectos en la psique de las víctimas.

“Falta inversión en salud mental, los medicamentos de uso controlado son muy caros y cuando utilizas medicamentos genéricos no tienen el mismo efecto o causan más daño en la salud de las personas”, apunta Grace Fernández Morán, directora de vinculación del colectivo BÚSCAME, Buscando Desaparecidos México.

En términos generales y con base en la Actualización del Diagnóstico de Necesidades del PROFADE las familias entrevistadas contestaron que el PROFADE no satisface sus necesidades en materia educativa (54.3 %), trabajo (92%), salud (58.6%) ni justicia (71.5%).

SIN JUSTICIA

Durante el Foro la Resistencia desde la esperanza por una vida digna que se llevó a cabo el 21 y 22 de septiembre, Laura Iveth Aguilar García, Integrante del Grupo de Víctimas por sus Derechos en Acción (V.I.D.A.) advirtió que como la enfermedad es un daño colateral a la desaparición, las autoridades deben hacerse cargo de la reparación del daño, como una exigencia ante la impunidad, la burla y el que no han garantizado encontrar a los desaparecidos.

“Con el objetivo de no morirnos en la búsqueda, sin saber qué pasó con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi madre, con mi padre. El objetivo es seguir sanos, compañeros, y en la lucha.

“No queremos que nuestros nombres aparezcan en la lista de familiares que ya fallecieron sin haber tenido respuesta. Cuántas veces decimos, ‘no me quiero morir sin saber’, muchas, ¿verdad?”.

En cuanto al derecho de acceso a la justicia el Diagnóstico de Necesidades del PROFADE indica que el 54% de las familias señaló que la CEAV no le brinda apoyo o asesoría jurídica para el seguimiento de sus casos.

“La mayor necesidad de las familias para la búsqueda y seguimiento de las denuncias, es el acceso a la información, asesoría legal y apoyos económicos. Las mayores dificultades en materia de acceso a la justicia tienen que ver con falta de información de los expedientes, revictimización, y asesoría legal adecuada”, se lee en el documento.

El pasado 30 de agosto, en una misa celebrada en la Catedral de Santiago, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el obispo emérito de Saltillo y fundador del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Raúl Vera López, habló sobre la obligación del estado de atender integralmente las necesidades de las familias afectadas por este fenómeno, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho a la justicia.

“El estado no solamente es culpable por omisión, es culpable por comisión, porque además el estado estaba coludido con este tipo de crímenes y con este tipo de criminales. Todo esto lo sabemos”.

Posteriormente en la manifestación realizada en la Plaza de Armas, Lourdes Herrera, miembro de FUUNDEC – FUNDEM y madre de Brandon Acosta, quien fuera desaparecido con su padre y dos tíos por un comando armado en 2009 cuando se dirigían al aeropuerto de Monterrey, urgió a la entonces virtual presienta de México Claudia Sheinbaum a atender de manera prioritaria la tragedia que hoy viven quienes padecen la ausencia de un ser querido.

“Aquí seguimos para recordarle a nuestra primera presidenta mujer, madre, hija y esposa, que México ha fallado. México sigue en deuda enorme con nosotras las familias. Al no encontrar el estado mexicano a las personas desaparecidas, significa que ha fracasado.

“Señora presidenta no se imagina el impacto social que ya se vislumbra. Ustedes son los culpables por no hacer lo que debieron haber hecho desde sus trincheras y no solo simular una atención. Solo podemos decirle: que los ojos de las y los desaparecidos le persigan por siempre... si no tiene soluciones ya”.

Los asistentes al mitin se dolieron además de que ya han pasado más de ocho meses de la actual administración estatal, y el gobierno de Coahuila no ha presentado un plan de búsqueda.

UN RAYITO DE ESPERANZA

Diana Iris García, también miembro del Comité Técnico del PROFADE, dice que actualmente los colectivos de familiares de desaparecidos, en coordinación con autoridades del gobierno estatal, trabajan en la construcción de una propuesta llamada Programa Integral para Garantizar la Calidad de Vida de las Familias de Personas Desaparecidas en el Estado de Coahuila.

Un proyecto que promete ser más amplio que el PROFADE, consistente en reforzar sus acciones mediante la participación de las principales secretarías de estado.

“Tuvimos una reunión con las secretarías principales, sobre todo las Secretarías de Salud y la Secretaría de Educación. Vamos a tratar de hacer un mejor programa, más integral, que no dependa del PROFADE, sino que sea bajo convenio con las secretarías importantes, sobre todo con la Secretaría de Salud, que los principales hospitales nos atiendan preferentemente, que si hay una emergencia no haya necesidad de hacer una fila... No sustituye al PROFADE sino que lo complementa. Ojalá pueda funcionar”.