Criminalizados, estigmatizados o vistos como una cifra, las personas adictas entran y salen del Centro de Operaciones Estratégicas o de anexos sin que encuentren una verdadera política y estrategia de atención a su problema de salud.
- 04 diciembre 2023
En Coahuila no existen una política ni programas específicos para la atención y tratamiento de la población adicta, de acuerdo con especialistas consultados por Semanario y testimonios recabados en centros de rehabilitación para adictos.
Lo anterior debido a que prevalece por parte de las autoridades, una perspectiva de abordar el fenómeno de la adicción a las sustancias psicoactivas como un asunto judicial y no de salud pública.
“Necesitamos estrategias de salud. No tiene sentido que, para querer tratar a alguien, lo metamos al sistema de justicia penal, ¿queremos tener buenas políticas de tratamiento de adicciones?, dejemos de meter al sistema de justicia, de seguridad pública al tema de atención de adicciones”, refiere Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta, A.C., organización que trabaja en favor de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en conflicto con la ley y con discapacidad.
Un dato que refleja lo antes expuesto es el de las personas que ingresaron entre el 2016 y agosto de 2023 al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la región sureste de Coahuila, dirección creada en 2008 para combatir al narcomenudeo y dependiente de la Fiscalía General del Estado, 96.7% habían sido detenidos por posesión simple de narcóticos.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información folio 050096900052423, en los últimos ocho años entraron en el COE 18 mil 711 detenidos, entre 18 y 56 años, de las cuales 18 mil 100 dijeron ser adictos primeramente a las metanfetaminas; en segundo lugar, a la mariguana, en tercero y cuarto lugar a la cocaína y heroína, respectivamente.
El resto, 600, confesaron dedicarse exclusivamente al comercio de narcóticos.
La reincidencia reportada en este centro de detenciones fue del 20 por ciento, es decir que de las 18 mil 711 personas internadas en el COE de Saltillo desde 2016, tres mil 742 regresarían a alguna de las cuatro celdas para hombres y mujeres con las que cuenta esta unidad.
El COE, un verdugo más
De acuerdo con una ficha informativa entregada a Semanario por el Poder Judicial de Coahuila, solo en 2022 se atendieron ocho mil 500 causas penales por narcomenudeo en el Estado, de las cuales cinco mil fueron por posesión simple de drogas, “que son presumiblemente las personas que tienen un consumo”, dice la tarjeta.
Dos mil 500 de las causas atendidas corresponden a Saltillo, de ellas mil 500, (60 por ciento), son por posesión simple y en 300 casos (20 por ciento), se presentó reincidencia.
“Tenemos que focalizar este problema no solamente por el tema cuantitativo, o sea el mayor delito es el narcomenudeo, ahí tienes una cantidad, es el número uno; y por el lado cualitativo, ¿qué estás haciendo para que esa persona no reincida?, para que esa persona se rehabilite, tenemos que tratarla.
“Este es un tema que solamente con una política pública adecuada y los recursos necesarios se va a poder atender de otra manera”, subraya Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.
Sin embargo, se desconoce cuántas de estas personas, vistas como una cifra, han recibido atención y tratamiento por parte del Estado.
Es el caso de David quien ha pisado el COE por más de cinco veces, al menos en los últimos cuatro años, y al no encontrar otra alternativa para su rehabilitación se internó, por petición familiar, en un anexo.
“¿Qué me ofrecieran ayuda?, no. Ahí nomás lo que quieren es el dinero, nomás pagas y sales”, dice.
Y dice que la única condición que le fue dictada por el juez de control cada vez que caía en el COE, era el pago de una multa y acudir a firmar todos los lunes a la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), pero nada más.
David cuenta que la primera vez que lo agarraron fue durante una redada de la Policía Civil de Coahuila, (PCC), cuando iba de camino a su casa después de comprar la cena en un súper. Llevaba en la boca un cigarro de mariguana. David es adicto a la mariguana.
Los agentes lo subieron a una patrulla a la fuerza, lo golpearon y lo torturaron con el método de la asfixia metiéndole una bolsa por la cabeza.
Sin embargo, por tratarse de un “estricto e inmediato consumo personal”, tal y como se estipula en los artículos 478 y 479 de la Ley General de Salud, David tenía que haber sido sujeto al beneficio del no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.
Y según el artículo 154 bis 7 de la Ley Estatal de Salud debió haber sido considerado como un farmacodependiente o consumidor y citado por las autoridades “a efecto de proporcionarle orientación y conminarlo a tomar parte en los programas contra la farmacodependencia o en aquellos preventivos de la misma”.
Pero no fue así.
Esa primera vez David tuvo que pagar cuatro mil pesos de infracción, las demás veces no recuerda el monto de las multas, pero dice que no las pagó por falta de dinero. David es albañil, y aún tiene la cuenta pendiente en la UMECA.
El COE, ¿una caja chica?
Según datos obtenidos vía transparencia a través de las solicitudes folio 050096900061023 y 050096900067423, de 2020 a la fecha la FGE recaudó un total de tres millones 681 mil 416 pesos, provenientes de las multas del COE y que tuvieron como destino el Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia.
-¿El juez qué te decía en la audiencia? -pregunto a David, asiduo visitante de las celdas del COE.
-“¿Ya tienes varias caídas verdad?, son tres mil pesos de multa...”.
En las ocasiones subsecuentes David era capturado en las calles por la PCC quien se encargaba, asegura él, de sembrar droga y llevarlo al COE donde lo acusaban de vender sustancias psicoactivas.
“Me identificaban, me agarraban y súbete, va pa arriba. Me montaban cantidad de años, me decían que ya había marchao, que no iba a salir”.
Después que había cumplido 72 horas en los separos del COE, y una vez fijada la multa a pagar, era liberado.
La Constitución de Coahuila en su artículo 174 - A, dice que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial.
“Me amenazaban los policías que donde me volvieran a ver me iban a agarrar y me agarraban”.
Las últimas veces que lo agarraron no traía droga, afirma.
De acuerdo con información de la FGE, la Dirección de Centros de Operación Estratégica, surgió en agosto de 2009, en sustitución de la Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) y como parte de la Estrategia Nacional de Combate al Narcomenudeo.
La función de estos centros, de los que en Coahuila existen tres, uno en Saltillo, otro en Torreón y un tercero en San Pedro, es la integración y judicialización de las carpetas de investigación por los delitos de posesión simple de drogas, posesión con fines de comercio y suministro de narcóticos e ilícitos en contra de las funciones de seguridad y justicia del Estado, así como de asociación delictuosa.
Datos de la Fiscalía obtenidos vía transparencia indican que al COE de la región sureste ingresan semanalmente entre 50 y 70 personas, más del 90% por posesión simple.
El resto por transgresiones como posesión con fines de comercio y suministro de narcóticos.
El carrusel de los adictos
Un día a Lucas lo sorprendió la policía andando en la calle con unas dosis de cristal para su consumo. Lucas es adicto al cristal.
Lo montaron en un carropatrulla, le tomaron fotos, le pegaron, lo torturaron con la bolsa y lo trasladaron a una fría celda del COE.
“El procedimiento que ellos siguen no es el adecuado para invitar a las personas a que se recuperen. Al contrario, genera mucho resentimiento, enojo, sentimiento de injusticia, de arbitrariedad”, recrimina Juan Manuel Galarza, psicólogo clínico.
Lucas pasó tres días, con poca agua y poco alimento, hasta que lo mudaron a otra galera del área de indiciados del Cereso varonil de Saltillo.
Fue puesto en libertad tras pagar una multa de 3 mil pesos y sin que la autoridad judicial le brindara información sobre algún programa de prevención, atención y tratamiento de adicciones.
Ello pese a que la Ley Estatal de Salud, en su artículo 148, establece que la prevención, atención, control y combate contra las adicciones (...), tiene carácter prioritario, y que el gobierno garantizará a Lucas y a todas las personas que tienen problemas con el control en el consumo de drogas, servicios integrales para su atención.
En contraste Lucas platica que ha caído al COE en seis ocasiones, la mayoría las patrullas lo han levantado por encontrarse alcoholizado en vía pública.
Lo agarraban, lo culpaban de posesión, robo y luego, luego pal COE.
Juan Manuel Galarza, psicólogo clínico, critica que al adicto se le asocia con la delincuencia, porque generalmente visitan primero el COE que alguna otra instancia de atención.
“Nunca se percibe como un problema de salud, sino como un problema de indisciplina, de conducta y delictivo. Pareciera que un consumidor de drogas no tiene derechos, por eso cualquiera lo puede levantar, meterlo al COE, a un centro de rehabilitación. Desde ahí está iniciando la práctica de forma equivocada”, dice.
Sin ofertas para atenderse
Lo que hoy trae enganchados a los jóvenes de Coahuila es el consumo de cristal.
Según el último dato emitido por la Secretaría de Salud, en 2022 se registró un total de mil 943 demandas de tratamiento por uso y abuso de cristal y otros estimulantes, por encima de las mil 198 demandas por uso y abuso de alcohol y las mil 167 por uso y abuso de mariguana.
A lo largo de su vida de adicto Lucas ha estado internado contra su voluntad en seis centros de rehabilitación contra adicciones, dice que por consumo de drogas y por ser ingobernable.
Recién ingresó en otro anexo para adictos que alguien les recomendó a sus padres y en el que está por cumplir un programa de 100 días.
Aquí cabe mencionar que a la falta de política para atender las adicciones, se suma la falta de oferta de centros de atención y tratamiento de personas que padecen un consumo problemático de drogas.
Semanario preguntó vía transparencia a la Secretaría de Salud, (solicitud folio 050098800042623), por el número de centros residenciales con los que cuenta para la rehabilitación de personas adictas a sustancias psicoactivas. La SS respondió que no tiene este tipo de servicio.
Y puntualizó que problemas de patología dual, o sea la coexistencia de una enfermedad psiquiátrica y una dependencia al mismo tiempo, se atienden en el Centro Estatal de Salud Mental, (Cesame), y el Hospital Psiquiátrico de Parras de la Fuente.
Al respecto el artículo 154 bis 3, de la Ley Estatal de Salud dice que para el tratamiento de los farmacodependientes, la SS deberá crear centros especializados en atención, tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente.
Lo que hay son ocho Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama, antes Capa), que operan en Piedras Negras, Acuña, Nueva Rosita, Torreón, Matamoros, San Pedro y Saltillo, y donde se ofrece prevención, detección, capacitación y atención de problemas relacionados con salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en forma ambulatoria, a través de un programa de intervención breve.
Dichas unidades son atendidas por 22 psicólogos, 21 de ellos especializados en adicciones, y tres trabajadores sociales.
“Los Capa no pueden dar respuesta a todo el problema, atienden a un sector y hacen lo mejor que pueden, porque sí hay buenas prácticas, pero no van a ser los que resuelvan todas las situaciones. El consumo de drogas es muy complejo”, advierte Juan Manuel Galarza, psicólogo clínico.
En este sentido, Mario Alberto José de los Santos, psiquiatra, habla de la necesidad de que se abran módulos de atención para adictos en los hospitales generales, donde las personas puedan tener la oportunidad de acceder a tratamientos psicológicos o médicos.
“Seguimos sin espacios donde atender hospitalariamente, dónde darles un seguimiento”.
De acuerdo con datos de la SS los Capa, (Centros de Atención Primaria en Adicciones), han atendido a 361 mil 723 pacientes con problemas de salud mental.
“Les estamos dando un enfoque general, no solamente de drogadicción, sino de salud mental en general”, dijo Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud en Coahuila, durante su comparecencia del sexto Informe del gobernador de Miguel Riquelme.
Galarza menciona que al adicto, al consumidor pobre, se le van cerrando puertas y queda solo en la calle.
Quizá por eso Lucas aún no se siente preparado para salir a las calles.
La falta de recursos e interés
El informe “¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”, elaborado por Documenta A.C., destaca que uno de los obstáculos más importantes que el país enfrenta para garantizar el derecho a la salud mental de su población, es la falta de presupuesto, lo cual impacta en la accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad de los servicios.
Semanario pidió por transparencia (solicitud folio 050098800033123), información sobre la cantidad de dinero que la SS ha destinado desde 2016 a la fecha para la rehabilitación de personas con problemas en el control de adicciones, a lo que la dependencia contestó que se reservaba los datos y argumentó que “el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de información, supera el interés público general de que se difunda”.
La única información abierta disponible sobre el tema, y que está publicada en la página de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), indica que entre 2020 y 2023 la federación asignó a la SS de Coahuila 11 millones 768 mil 381 pesos en subsidios, bajo el concepto de prevención y atención contra las adicciones.
Luis, otro interno en un anexo, no fue parte de esos 361 mil 723 pacientes que atendieron los Capa en Coahuila.
Seis veces en tres años ha estado preso en el COE por posesión simple de cristal y otras cinco internado en un anexo.
Estaba en secundaria cuando se inició en el consumo de la mariguana y resistol amarillo, después siguió con el cristal, las pastillas y jamás hizo por buscar ayuda para rehabilitarse.
-Preguntarte... si el juez te mandó a rehabilitación y a dónde te mandó...
-No hubo tanta información de parte de ellos.
Las razones de por qué las campañas contra el uso y abuso de sustancia psicoactivas no han logrado penetrar en los jóvenes como Luis, se encuentran en el Diagnóstico y Recomendaciones Sobre las Políticas de Prevención del Consumo de Drogas en la Población Adolescente del Estado de Coahuila 2020, realizado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Una de ellas es la ausencia de una visión de reducción de daños, es decir que no existen acciones, programas o convenios que aminoren los daños o consecuencias negativas sobre el individuo y la comunidad, asociados al consumo de drogas.
La política, dice el informe, debe ir orientada no necesariamente a eliminar las prevalencias de consumo, sino a modificar las prácticas de las personas, con el fin de que reduzcan los riesgos.
Otra es la exposición de los jóvenes a contenido preventivo que no genera su identificación o interés.
“Estos programas reproducen contenido y dinámicas que podríamos considerar tradicionales y que suelen concentrarse en una sola forma de consumo: el problemático, y muchas veces se realiza desde un enfoque punitivo y apelando a “la conciencia” de los jóvenes, lo cual no siempre resulta ser la manera más efectiva de abordar el consumo juvenil de sustancias”, se lee en el documento.
Y la presencia de estigmas dirigidos hacia los jóvenes usuarios de drogas, considerando que a menudo no se respeta la dignidad de las personas, sean usuarias o no.
“Prevención no es hacer campañas, anuncios estigmatizadores en la radio, como vemos que ocurre. La prevención es la educación del uso de sustancias, es tener realmente programas que permitan a la gente conocer la realidad de las drogas, saber cómo funcionan y dejar de tomarlas como un tema muy tabú que cuando alguien entra en contacto directamente pasa al sistema de justicia penal”, explica Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta, A.C.
La proliferación de anexos
Especialistas consultados por Semanario opinan que la falta de espacios públicos para la rehabilitación de personas adictas a las drogas ha redundado en la proliferación de los llamados anexos que operan, muchos de ellos, clandestinamente en barrios y colonias de Coahuila.
Datos obtenidos vía transparencia revelan que, tan solo entre 2022 y 2023, el padrón de centros de rehabilitación privados contra adicciones de la Secretaría de Salud creció un 33 por ciento, al pasar de 74 anexos registrados a 113.
Y el primero que iba a existir, el Centro de Integración para las Adicciones en San Pedro, Coahuila, quedó en obra negra desde la administración del exgobernador Rubén Moreira sin que exista interés ni voluntad por rescatarlo.
De acuerdo con el último Censo de Alojamientos de Asistencia Social del INEGI, hasta 2016 había en Coahuila 28 centros de rehabilitación para personas con adicciones que alojaban a mil 190 usuarios residentes.
Si se compara esta cifra con las del actual directorio de centros de rehabilitación de la SS, el número de anexos habría crecido en más del 400 por ciento en los últimos ocho años.
Sin embargo, no se tiene información de cuántas personas viven en estos anexos, dado que, según datos obtenidos por transparencia, sólo 23 de los 113 anexos que aparecen en los registros de la SS comparten información con esta dependencia, a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
De acuerdo con esta información se albergaban hasta octubre en estos 23 anexos mil 835 usuarios.
Para Juan Manuel Galarza, psicólogo clínico, el origen de los anexos tiene que ver con la indolencia de las autoridades y de la sociedad civil para atender a personas que tienen problemas de consumo de alcohol o drogas ilegales.
“Ni las autoridades ni la sociedad civil están dispuestos a invertir o a pensar en la dignidad de estas personas”.
Con base en testimonios de padrinos, servidores y directores, este tipo de centros nacieron de los antiguos grupos 24 horas de doble A, que además de las salas destinadas a sus reuniones de terapia, designaban un espacio de reposo para quienes llegaban intoxicados y una vez repuestos se integraba a las juntas.
“El anexo responde a necesidades sentidas. Una familia no sabe cómo resolver los problemas con su familiar, que tiene un padecimiento de este tipo... El anexo lo que hace es que los atrae, los encierra y ya resolvió momentáneamente el problema de esa familia y de esa comunidad. El problema del consumidor no está resuelto porque el consumidor no quiere estar ahí, se siente castigado, tiene miedo, está enojado”, apunta Galarza.
Violaciones y maltrato
Semanario ha documentado en varias ocasiones el maltrato que se ejerce al interior de algunos de estos centros.
Ignacio G, miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos en Saltillo desde hace 30 años, dice que para los grupos de puertas cerradas entre más recaiga el enfermo en la adicción, mejor les va porque es un cliente cautivo.
“Las autoridades no se dan cuenta que hay muchos grupos, hasta que no matan a alguien, que sale a la luz pública, se enteran de que ahí estaba un anexo”.
El informe “¿Por razón necesaria? Violaciones a los derechos humanos en los servicios de atención a la salud mental en México”, consigna que entre el 90% y el 100% de las personas que consumen drogas, vuelven a hacerlo después de haber sido obligadas a recibir tratamiento en ese tipo de centros.
Según información de la SS entre 2022 y 2023 se acumularon 24 quejas contra anexos, por distintas transgresiones a la normatividad y violaciones a los derechos humanos.
“Se ha permitido que la atención a las adicciones sea muy violatoria de los derechos humanos, principalmente porque las poblaciones a las que van dirigidas estas políticas se concibe que se merecen una atención de este estilo”, comenta Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta, A.C.
Y agrega que no hay otra manera de explicar por qué los centros de atención de adicciones existen, basados, muchos de ellos, en criterios con cero evidencias científicas, modelos de atención que son violatorios, represivos, punitivos, que castigan.
De acuerdo con información de la SS entre 2022 y 2023 se detectó en Coahuila un total de 22 centros de rehabilitación privados que no contaban con aviso de funcionamiento, es decir que operaban de manera ilegal.
Salvador Ferrer dice que en el momento que las autoridades de salud tengan buenos programas de atención, que sean disponibles, que no sean caros, que sean accesibles, que estén en varios lados del estado, los espacios privados descontrolados, “súper lucrativos” y además muchos de ellos violentos, van a reducirse.
“Tampoco podemos decir hay que cerrar simplemente todos estos espacios, si por otro lado no estamos generando una oferta pública de calidad o por lo menos un servicio público donde las autoridades vigilen, supervisen, controlen la calidad de los servicios privados ¿Qué servicios se dan, quiénes los dan, si hay personal capacitado, si están basados en evidencias científicas?”, dice Salvador Ferrer.
Para Juan Manuel Galarza la relación entre centros de rehabilitación y autoridades ha sido difícil y no se ha logrado una real vinculación para ver qué necesidades tiene un anexo, en qué se le puede apoyar, cómo hacer que su estrategia mejore o desaparezca, negociando sus intereses, los de la sociedad y los del gobierno.
“Que las autoridades y la sociedad civil podamos ver su funcionamiento, conocer cómo es un anexo, que puedan abrir sus puertas, sentir la confianza de que conozcamos sus procesos, y la otra, que tengan la voluntad de rectificar”.
Tribunal para las adicciones, ¿una esperanza?
El próximo 15 de enero de 2024 entrará en vigor en Coahuila un tribunal para el tratamiento de las adicciones, impulsado por el Poder Judicial, cuyo objetivo será evitar la reincidencia de personas que padecen un consumo problemático de drogas o dependencia a sustancia psicoactivas y estén en conflicto con la ley.
La iniciativa llamada de Justicia Terapéutica o Restaurativa, estará a cargo de un juzgado especializado en adicciones.
“Este Tribunal busca tratar a las personas en su adicción, no solamente castigar la posesión o castigar el consumo, sino ayudarla en su rehabilitación para poder incorporarlas a la sociedad de una manera efectiva, positiva y tratarlos como seres humanos”, dice Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila.
Bajo este sistema el imputado, además de la reparación del daño con trabajo comunitario, tendrá la opción de sujetarse voluntariamente a un proceso de rehabilitación.
Mary Ayup detalla que esta decisión surge considerando que el principal delito con mayor incidencia en los estados del país es el consumo y posesión para fines personales o lucrativos.
De acuerdo con cifras del PJEC el delito de narcomenudeo ocupa el número uno en Coahuila y representa el 60 por ciento de la carga de trabajo en los juzgados penales de la entidad.
Este proyecto es una réplica del sistema de justicia terapéutica que funciona en Chihuahua, y que ha logrado con eficacia la reinserción social de adolescentes y adultos adictos conflictuados con la ley.
“Este es un tribunal que ha dado resultados en Ciudad Juárez, tan compleja, tan heterogénea, tan disímbola y con un crecimiento gradual por la cantidad de migrantes que llegan”, expone Miguel Felipe Mery.
La elaboración y puesta en marcha del modelo se lleva a cabo con la colaboración del Poder Judicial de Chihuahua, la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
Miguel Mery comenta que el Tribunal de Justicia Terapéutica busca sentar en la mesa a instancias como la Fiscalía de Coahuila, Secretaría de Salud, Centros de Integración Juvenil y la sociedad civil.
“Es un esfuerzo de articulación para el tratamiento de las personas, no del delincuente, no hacia una persona que consume, es ver al ser humano...”.
Y añade que esta estrategia pugnará además por buscar recursos para la apertura de nuevos espacios, acciones, programas o convenios que abonen a la prevención, atención y tratamiento de las adicciones.
“Primero hay que ver qué tenemos, cuál es la capacidad instalada contra las necesidades, para presupuestarlas, porque si lo seguimos dejando de lado ni le van a asignar recursos y va a crecer, esto no va pa’ bajo eh”.
Precisa que la justicia terapéutica es una salida alterna que combate la criminalización de personas que padecen un consumo problemático de drogas y favorece su tratamiento y reinserción social.
“Si esta persona acepta como salida alterna el poder tener un tratamiento psicológico, le va a ayudar más que ser privado de su libertad en una prisión. Vamos a tener mejores personas, rehabilitadas, reintegradas, tratadas con la justicia restaurativa. No, no es una justicia que te juzga y te condena, es una justicia que te ayuda a tratar tu problema”.